La jueza de Catarroja está haciendo una instrucción modélica. Nuria Ruiz acaba de dictar un auto en el que rechaza que Pedro Sánchez sea imputado por la gestión de la riada (tal como pedían organizaciones de extrema derecha) y centra toda la responsabilidad en la Generalitat de Carlos Mazón. Además, el viernes decretó el sobreseimiento libre de la investigación para la exconsellera de Interior Salomé Pradas al señalar, entre otros argumentos, que hay “indicios abrumadores de una conducta negligente” por parte de la imputada, informa EFE.
En un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza señala que la denegación de petición formulada por Pradas la semana pasada “se podría basar en el simple hecho de que no se ha agotado la instrucción”, pero considera “aplicable en este caso” el término “negligencia grosera”, “atendiendo no solo al gravísimo resultado mortal, sino por la parsimonia en la adopción de las medidas y su carácter erróneo”.
De esta manera, el cerco se estrecha un poco más alrededor de Mazón. El president no ha sido llamado a declarar por su condición de aforado, pero si Pradas cae, probablemente la consellera termina señalando a su jefe para no “comerse” ella sola el marrón, como suele decirse coloquialmente. Así debería ser según la lógica. Pradas no hizo más que cumplir con las órdenes que le daba su superior desde El Ventorro, donde estuvo escondido toda la tarde, en compañía de una periodista valenciana, mientras 228 valencianos perecían ahogados por la riada.
Ahora, la jueza ha requerido a la Conselleria de Emergencias para que identifique a la persona que finalmente ordenó enviar el mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la población el pasado domingo, 28 de septiembre, cuando se formó un nuevo temporal y la Generalitat Valenciana, esta vez sí, dio la alerta roja a tiempo. La jueza quiere saber si esa alerta, que se decretó horas antes de que empezara a llover, partió de Mazón, lo que sería tanto como una confesión implícita del barón valenciano, que siempre ha negado su responsabilidad en la dana del 29 de octubre del pasado año.
La jueza asegura que la gestión de la dana fue grosaremente negligente
En una providencia hecha pública este viernes, la instructora de Catarroja atiende así a la petición que había solicitado la acusación popular que ejerce el PSOE después del mensaje que llegó a las 15.28 horas del pasado domingo. Además, este jueves la jueza ya acordó solicitar a esa misma Conselleria un informe sobre las medidas de seguimiento de la emergencia y de protección a la población que adoptó el Centro de Coordinación de Emergencias ante las últimas lluvias de esta semana.
La instructora detalla de forma pormenorizada esos indicios y su reflejo en las actuaciones, así como la “posición de garante” que tenía la exconsellera y las “sucesivas omisiones que se produjeron: desde la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso” al “insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos”.
Los indicios iniciales que justificaron la condición de investigada de Pradas, y que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia, calificándola de “procesalmente inevitable”, se mantienen actualmente, indica el auto, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, o de apelación, en el plazo de cinco.
La jueza señala que la estrategia de defensa de la exconsellera que ha pretendido el desplazamiento hacia la Administración central era “un reconocimiento implícito de la pasividad manifiesta” de la Generalitat, pero poseía “un reverso claramente perjudicial e indicativo de la negligencia” de la investigada.
“Una ilusoria incapacidad de decisión de la consellera encargada” de la emergencia, en la peor inundación desde la riada de 1957, bajo la que “se parapetó” la defensa y que se ha mostrado “incierta”, señala.
La resolución es demoledora en cada uno de sus párrafos. Entre los argumentos, destaca la inexistencia de apagón informativo desde la CHJ que ya fue descartada por la Audiencia provincial, en cuyo auto se recoge que el anuncio de la gravedad de la dana se produjo en diversos ámbitos y con antelación suficiente a través de AEMET, las llamadas al 112, los medios de comunicación, la CHJ, el acceso al SAIH y los correos electrónicos.