Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, ha pedido al juez Peinado toda la información existente sobre los asistentes que han ayudado en su labor a las esposas de los anteriores jefes del Ejecutivo, según informa La Sexta. Este es el último movimiento de la defensa para demostrar que la contratación de la asesora Cristina Álvarez para asistir a la primera dama fue legal y no se hizo nada diferente a lo que han hecho las esposas de los anteriores presidentes del Gobierno desde la llegada de la democracia.
La defensa de la mujer del presidente Sánchez le ha solicitado al juez Peinado, el instructor del caso, que “se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno”, es decir, a la Moncloa, para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno y que se haga con “la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo”. Uno de los asistentes es el actual diputado Jaime de los Santos, el que fuera asesor con cargo en la Moncloa de Elvira Fernández, mujer del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, durante dos años y medio. Una foto de la época demuestra que le llevaba las bolsas de la compra a la mujer del entonces presidente, lo que a juicio del abogado de Begoña Gómez supone un vacío legal y vendría a demostrar que el puesto de asesor de Moncloa no está bien delimitado ni regulado (no indicaría las funciones que puede y no puede llevar a cabo), por lo que su defendida sería inocente del cargo de malversación. En realidad, Peinado acusa a la esposa de Sánchez y a su asesora de haber enviado una serie de correos electrónicos desde Moncloa que tienen que ver con actividades privadas de la primera dama no con la labor de consorte. Una acusación bastante inconsistente, todo sea dicho de paso.
Ahora le toca a Peinado mover ficha, pero todo lleva a pensar que desestimará la petición del letrado de Begoña Gómez. El instructor tiene claro que la mujer del presidente se va a sentar ante un jurado en un juicio para la historia y nadie le va a desviar de ese objetivo.
Ayer, ni Gómez ni Álvarez acudieron a presencia del juez, que pretendía informarlas de que, caso de apertura de juicio oral, serán juzgadas por un jurado popular. Begoña Gómez volvió a dar plantón al juez Peinado. Y eso que el instructor la acusa de cinco delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, no solo por la supuesta malversación en la contratación de una asesora, como acordó en un principio.
La esposa del presidente había sido citada a las 17.30 horas junto al empresario Juan Carlos Barrabés. En su notificación, Peinado insistía en la necesidad de que vaya presencialmente, algo que también evitó el pasado 27 de septiembre. El juez estableció que ambas debían “comparecer necesariamente asistidos de su letrado", pero finalmente no acudieron. La duda ahora es si el juez tomará alguna acción contra ellas tras este segundo plantón.
Ayer, Gómez acompañó a Pedro Sánchez al funeral de Guillermo Fernández Vara en Badajoz, y no tuvo ninguna intención de acudir al juzgado. Su defensa se amparó en la circular de la Fiscalía 4/1995 según la cual no es indispensable la presencia del investigado. Como explica el magistrado Joaquim Bosch, “la ley no dice que sea obligatoria la presencia de los investigados ni regula ningún tipo de consecuencia en caso de que no se comparezca”. Es más, la citación era un mero formalismo para comunicar que, si la causa en la que se le imputan cinco delitos prospera, será un jurado popular quien la juzgue.
“En este tipo de acto no tiene ninguna intervención las personas investigadas”, insiste Bosch. Por ello, salvo sorpresa, no está previsto que Peinado tome ninguna medida en forma de sanción. “El criterio jurídico que se sigue en los juzgados de instrucción es no suspender ni llevar aparejadas consecuencias por el hecho de que no comparezca una persona investigada”, añade.
Ha sido la sexta vez que Gómez era citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. La quinta vez optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. Fue el pasado 27 de septiembre, cuando el juez la citó para informarla de que, en caso de ir a juicio por la pieza separada de malversación (relativa a la contratación y las actividades desarrolladas por su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez), sería juzgada por un jurado popular.
En aquella ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado “no es indispensable”.