En los despachos del Tribunal Supremo español se fragua una sentencia que podría redefinir la relación entre la justicia española, la banca y Bruselas. Desde el 1 de octubre, el alto tribunal delibera sobre las hipotecas ligadas al polémico índice IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), una cuestión que lleva más de una década enfrentando a consumidores y entidades financieras, pero que ahora tiene implicaciones más amplias.
La inminente resolución, que podría ser hecha pública en horas o días, no llega en el vacío. En diciembre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó por quinta vez que los jueces nacionales deben analizar caso por caso las cláusulas que vinculan hipotecas al IRPH, evaluando si fueron transparentes y comprensibles para los consumidores. El mensaje de Luxemburgo fue inequívoco: si el cliente no entendió el funcionamiento del índice, la cláusula puede considerarse abusiva.
Pero, a diferencia de otros tribunales europeos que suelen acatar con prontitud las sentencias comunitarias, el Supremo español ha construido a lo largo de los años una relación ambigua (cuando no abiertamente en rebeldía) con la jurisprudencia del TJUE. En las cuatro ocasiones anteriores, reinterpretó los fallos europeos de forma que, en la práctica, favorecieron a la banca. Esta actitud ha provocado que algunos juristas hablen abiertamente de “resistencia institucional” e incluso de “prevaricación judicial”, un término hasta hace poco reservado a los márgenes del debate académico.
70.000 millones, la clave de todo
En el corazón del litigio se encuentra una cuestión técnica, pero de consecuencias colosales: el IRPH, un índice calculado a partir del tipo medio de los préstamos concedidos por las entidades financieras, ha sido sistemáticamente más alto que el Euríbor. Esto ha significado que más de un millón de familias españolas hayan pagado durante años cuotas más elevadas por decisiones tomadas sin plena información o sin transparencia suficiente.
Juristas consultados por Diario Sabemos sostienen que el Supremo no tiene margen para reinterpretar la sentencia europea. “Las resoluciones del TJUE son de obligado cumplimiento”, recuerdan. No seguirlas, añaden, “sería prevaricar”. La cuestión no es menor: el fallo podría obligar a la banca española a devolver entre cerca de 70.000 millones de euros, según el cálculo de Goldman Sachs, un impacto muy superior al de las cláusulas suelo.
Tensión entre Luxemburgo y Madrid
El conflicto va más allá de los balances financieros. Toca el nervio de la relación entre la justicia española y la europea. Desde la crisis de 2008, el TJUE se ha convertido en una suerte de árbitro de última instancia para millones de consumidores europeos que desconfían de sus sistemas judiciales nacionales. En España, ese papel se ha acentuado tras las controversias sobre las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios y ahora el IRPH.
Cada vez que el TJUE dicta una sentencia favorable a los consumidores, el Supremo español se enfrenta a un dilema: adaptar su doctrina o reinterpretar los límites de la competencia comunitaria. En los últimos años ha optado por lo segundo, lo que ha alimentado la percepción de que la justicia española actúa como escudo de los bancos en lugar de garante de los ciudadanos.
Bruselas observa con creciente incomodidad. La Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones sobre la obligación de los tribunales nacionales de cumplir las sentencias del TJUE, un principio que constituye el pilar del Estado de Derecho europeo. Si el Supremo volviera a ignorar o diluir la jurisprudencia europea, se abrirá una nueva fricción institucional con la Unión, en un momento en que España busca proyectar una imagen de fiabilidad ante los mercados y las instituciones comunitarias.
Independencia judicial inexistente
El caso IRPH se ha convertido así en una prueba de fuego para la independencia judicial. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la percepción de que el Supremo actúa bajo la influencia de la banca podría agravar la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema judicial español.
A nivel comparativo, la situación recuerda a episodios en países del sur de Europa donde los tribunales se vieron atrapados entre la presión de los mercados financieros y el imperativo legal europeo. Pero España se enfrenta a un reto particular: su Supremo no solo debe resolver un litigio técnico, sino demostrar que su doctrina se rige por los principios de la Unión y no por intereses corporativos o políticos.
Una sentencia que marcará una era
Según ha señalado Stop IRPH Gipuzkoa, el fallo podría hacerse público coincidiendo con el duodécimo aniversario de la primera demanda de nulidad de una cláusula IRPH, interpuesta en 2013 bajo la dirección letrada de Maite Ortiz y José María Erauskin. Doce años de litigios, recursos y sentencias europeas han convertido esta causa en símbolo de resistencia ciudadana y en termómetro de la capacidad del sistema judicial español para autorregularse dentro del marco comunitario.
Si el Supremo decide alinearse finalmente con Luxemburgo, no solo se hará justicia para miles de familias: se enviará un mensaje de compromiso con la arquitectura jurídica europea. Pero si opta por mantener su doctrina anterior, reinterpretando una vez más la jurisprudencia comunitaria, el coste no será solo económico, sino que pondrá en riesgo de que España sea duramente sancionada.
La sentencia sobre el IRPH será mucho más que una disputa hipotecaria. Es un examen sobre la coherencia del poder judicial español con el orden jurídico europeo, sobre la credibilidad del Estado ante sus ciudadanos y sobre el equilibrio de poder entre la banca y los consumidores. En definitiva, es una prueba de si España puede mirar a los ojos a Europa sin parpadear ni bajar la cabeza como hacen los cobardes.