La justicia española tarda tanto en llegar que da tiempo para que florezca una industria entera a su alrededor. En España, el prolongado litigio sobre el IRPH ha dejado de ser solo un debate jurídico. Ahora mismo, con la incertidumbre sobre la decisión del Supremo tras las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha convertido en un mercado. Algunos despachos de abogados han aprendido a navegarlo con la precisión de quien sabe que la rentabilidad está en la incertidumbre regulatoria.
Durante años, la disputa sobre el IRPH ha sido una partida de ajedrez entre el Tribunal Supremo, los tribunales europeos y la banca española. Cada pronunciamiento judicial, cada matiz en una sentencia del TJUE, ha reconfigurado las expectativas de millones de consumidores y de un puñado de grandes entidades financieras. Durante décadas, un pequeño grupo de abogados, de pequeños despachos, y de peritos financieros independientes han luchado contra todo y todos, han sido los que han llevado el IRPH a Europa y los que han logrado que el cerco se cierre. Ellos son los que conocen las vicisitudes del índice, no los oportunistas que ahora se pretenden ganar dinero a costa del trabajo de otros y de la necesidad de los afectados.
En los últimos meses, a medida que se aproxima la nueva decisión del Supremo sobre la validez y transparencia del índice, ese oportunismo se ha intensificado. Los bufetes más agresivos están lanzando campañas masivas en redes sociales, prometiendo a los afectados “recuperar hasta 30.000 euros” o “eliminar de su hipoteca un índice abusivo”. Las cifras son atractivas, las promesas rotundas, y las letras pequeñas casi invisibles. Se multiplican los formularios de “reclamación sin riesgo”, los contratos de éxito con comisiones de hasta el 40%, y las asesorías que operan más como call centers que como despachos jurídicos.
El modelo se sostiene en una combinación de ansiedad ciudadana y vacío institucional. Miles de hipotecados esperan la decisión del Supremo para saber si su préstamo fue o no manipulado mediante un índice cuya transparencia ha sido discutida por Luxemburgo. Los bancos, por su parte, temen una nueva ola de litigios que podría costarles varios miles de millones de euros, aunque confían en una interpretación favorable. En ese limbo, los abogados oportunistas encuentran su mejor escenario: cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es el margen de captación.
El fenómeno tiene precedentes. Tras las crisis de las cláusulas suelo y las hipotecas multidivisa, se produjo un auge similar de despachos que profesionalizaron la reclamación masiva como modelo de negocio. En su versión más sofisticada, externalizan la captación de clientes a plataformas tecnológicas o agencias de marketing jurídico; en la más burda, operan casi como intermediarios de litigios en cadena. En ambos casos, la lógica es la misma: capitalizar la indignación social mediante una oferta simplificada y emocionalmente convincente.
El resultado es un ecosistema híbrido entre la abogacía y el comercio de reclamaciones. En lugar de un asesoramiento jurídico personalizado, el afectado sólo recibirá un producto empaquetado: una promesa de restitución judicial que depende más del azar procesal que de una estrategia legal sólida. Para algunos bufetes, la inminente decisión del Supremo es una oportunidad de negocio.
El oportunismo, sin embargo, no debería distraer del fondo del debate. La batalla del IRPH expone una fractura estructural entre la justicia financiera y la confianza ciudadana. Mientras los bancos alegan que el índice fue legal y supervisado, los consumidores perciben que la asimetría informativa y el lenguaje técnico jugaron en su contra. Entre ambos extremos, el Estado parece haberse resignado a un papel secundario: observador de un conflicto que afecta a cientos de miles de hogares pero se resuelve a través de abogados privados y tribunales saturados.
Esa externalización de la justicia hacia el mercado es, quizá, el signo más preocupante del caso. En un sistema saturado por litigios masivos, los despachos oportunistas no son una anomalía: son una consecuencia. Han aprendido que donde hay ambigüedad jurídica, hay margen para el beneficio. Y mientras el Supremo delibera, ellos ya han ganado, no en los tribunales, sino en el mercado de la expectativa. Finalmente, los afectados del IRPH se convertirán nuevamente en víctimas de la mercantilización de la justicia.
Conviene recordar que la justicia no se compra por clic ni se mide por promesas de indemnización. La verdadera protección jurídica exige prudencia: desconfiar de los despachos que prometen resultados garantizados, exigir transparencia en los honorarios y evitar ceder poder de decisión mediante contratos abusivos de “cesión de derechos” o “gestión integral”.
El IRPH está poniendo en evidencia la fragilidad de un modelo en el que la justicia se ha convertido en un producto de consumo. Cuando el derecho se mercantiliza, los ciudadanos dejan de ser defendidos y pasan a ser clientes. Y si algo enseña este episodio, es que la indefensión puede llegar no solo desde los bancos, sino también desde quienes aseguran estar del otro lado.
En este nuevo mercado de la incertidumbre, la decisión más prudente para los afectados quizá sea esperar o ponerse en manos de aquellos despachos que cuentan con equipos plenamente especializados en el IRPH, los que llevan luchando desde hace décadas, los que aportaron su conocimiento y acompañaron a los afectados más allá de lo meramente profesional. Porque, a diferencia de los bufetes que buscan capitalizar la ansiedad ajena, la justicia debería tener el poder de separar la razón del oportunismo.