El pasado 3 de diciembre, Waterloo volvió a colocar a la política española bajo el microscopio europeo, pero esta vez la atención no estaba en los movimientos independentistas clásicos ni en cumbres discretas con líderes internacionales. El foco se centró en algo más terrenal, aunque con profundas implicaciones: la precariedad estructural del empleo público y, más concretamente, la situación de los interinos en la administración española. Tal y como publicamos en exclusiva en Diario Sabemos, una delegación de trabajadores, principalmente de los sectores de justicia y educación, se desplazó a Bélgica para exponer a Carles Puigdemont lo que el propio ex president resumió como un problema que “se ha cronificado”. La imagen resultante fue inusual: colectivos con décadas de temporalidad buscando en Waterloo un altavoz que en España parecía silenciado.
El encuentro no fue solo testimonial. Puigdemont escuchó durante horas, evaluó la situación y tradujo la conversación en un mensaje político directo: la estabilización de los interinos “no es un capricho”, sino una exigencia de la Unión Europea. Esta frase, más que simbólica, refleja la estrategia de Junts de vincular la lucha por la estabilidad laboral a obligaciones normativas europeas, reforzando la legitimidad de su discurso frente a un Gobierno central que ha mostrado vacilaciones históricas en la implementación de soluciones estructurales.
Desde un punto de vista político, la reunión de Waterloo coloca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una posición delicada. Junts ha convertido la temporalidad en un arma de negociación, vinculando la posible aprobación del real decreto de estabilización de los interinos a un discurso de justicia social y cumplimiento europeo que dificulta la respuesta evasiva. No se trata de una cuestión marginal ni técnica: estamos ante miles de trabajadores que sostienen servicios esenciales bajo la incertidumbre del cese, un colectivo cuya visibilidad Puigdemont ha amplificado estratégicamente para influir en la agenda política del PSOE. Ignorar esta presión podría debilitar la posición del Ejecutivo, no solo frente a Bruselas, sino dentro del Parlamento, donde la colaboración con Junts resulta cada vez más condicionante, sobre todo tras el anuncio de la ruptura del apoyo a Sánchez por los incumplimientos reconocidos por éste.
El impacto de Waterloo también se extiende a la relación Junts-PSOE. Durante meses, el PSOE ha intentado equilibrar las demandas de sus socios parlamentarios sin ceder a presiones que puedan ser percibidas como concesiones políticas fáciles. Sin embargo, el gesto de Puigdemont actúa como un catalizador que amplifica el conflicto: Junts aparece no solo como un actor independentista, sino como defensor de colectivos laborales vulnerables, capaz de situarse en la agenda nacional y europea con causas transversales. Esto redefine la dinámica de negociación, colocando al PSOE en la obligación de considerar la fijeza de los interinos como un instrumento no solo de justicia social, sino también de estabilidad parlamentaria y legitimidad internacional.
En el ámbito europeo, el mensaje es igualmente potente. La temporalidad de los interinos ha sido señalada reiteradamente por la Comisión Europea como una anomalía que afecta a la buena gestión de los servicios públicos y al respeto de derechos laborales básicos. El encuentro de Waterloo convierte la situación en un tema que puede escalar políticamente, proyectando la presión sobre el Gobierno español como un asunto de cumplimiento normativo y riesgo reputacional. La visibilidad que Puigdemont otorga a los interinos refuerza la percepción de que España podría enfrentarse a sanciones o advertencias formales si no actúa con decisión.
Analíticamente, se puede afirmar que el efecto de Waterloo es doble. Por un lado, genera un incremento inmediato de la presión sobre Sánchez para aprobar el real decreto de estabilización tal y como lo planteó Junts, ya que el PSOE necesita evitar una confrontación abierta con Bruselas y asegurar el apoyo parlamentario de Junts en futuras votaciones críticas. Por otro, fortalece la posición política de Puigdemont y Junts, que consolidan una narrativa transversal: la defensa de los interinos y la estabilidad laboral se convierte en una causa que trasciende el independentismo y que coloca al partido en el tablero político nacional con capacidad de condicionar decisiones del Ejecutivo.
Finalmente, el análisis estratégico muestra que la visita de los interinos a Waterloo y la reacción de Puigdemont no son episodios aislados. Representan un cálculo político sofisticado: utilizar la problemática laboral como palanca de negociación, visibilizar la precariedad estructural como un problema europeo y situar al PSOE entre la espada y la pared. La temporalidad deja de ser un asunto técnico y se transforma en un instrumento de presión política y social, cuya resolución marcará no solo el futuro del real decreto de fijeza de los interinos, sino también la dinámica de las alianzas parlamentarias entre Junts y el PSOE.
En suma, Waterloo ha dejado claro que los interinos no son un colectivo marginal: son un actor político emergente, amplificado por Puigdemont, que condiciona la agenda del Gobierno y redefine las relaciones con Junts, transformando la negociación de un real decreto laboral en una prueba de capacidad de Sánchez para equilibrar justicia social, cumplimiento europeo y estabilidad parlamentaria.