La Audiencia Nacional es la institución donde se instruyen macrocausas de terrorismo, corrupción y crimen organizado. Con asuntos tan delicados, la estabilidad administrativa es un bien tan estratégico como la independencia judicial. Sin embargo, el reciente acuerdo entre el tribunal y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes revela una solución transitoria que, lejos de resolver el problema estructural de los interinos, amenaza con convertir la excepcionalidad en norma.
El Gobierno, tras las informaciones publicadas por Diario Sabemos, ha autorizado que 14 funcionarios cesados en el proceso de estabilización permanezcan como refuerzo temporal para garantizar la continuidad de las causas en los antiguos juzgados centrales de instrucción y en la Sala de lo Penal. El presidente de la institución, Juan Manuel Fernández, ha transmitido un mensaje de tranquilidad pública: no habrá paralización. Pero el acuerdo es, en esencia, un parche.
El coste de evitar la fijeza automática
El conflicto hunde sus raíces en el proceso de estabilización de plazas públicas impulsado tras años de abuso de temporalidad en la Administración. La negativa del Ejecutivo a reconocer la fijeza automática de los interinos de larga duración, una reclamación respaldada por la jurisprudencia europea en materia de abuso de temporalidad y por la propia doctrina constitucional, ha generado un efecto dominó en órganos especialmente sensibles.
En la Audiencia Nacional, donde la complejidad procesal exige conocimiento acumulado y experiencia específica, la salida repentina de funcionarios interinos con años de servicio ha puesto en riesgo la continuidad material de procedimientos voluminosos. Sustituir capital humano altamente especializado no es un trámite burocrático: es un proceso que afecta a la memoria institucional de cada causa.
La decisión política ha sido clara: evitar que la estabilización derive en consolidación automática. El coste administrativo, sin embargo, lo asume el órgano judicial.
El gobierno traslada el riesgo al sistema
La autorización ministerial para mantener a 14 funcionarios como refuerzo temporal evita el colapso inmediato. Pero introduce una anomalía: trabajadores que pierden su plaza formal continúan desempeñando funciones esenciales bajo una fórmula provisional. Es una solución que difiere el conflicto sin resolverlo.
Desde el punto de vista político, el Gobierno Sánchez evita el precedente de la fijeza. Desde el punto de vista institucional, la Audiencia Nacional gana tiempo. Desde el punto de vista sistémico, se normaliza la precariedad en un órgano clave del Estado de Derecho.
El presidente Fernández ha insistido en la necesidad de refuerzos adicionales aún pendientes de aprobación definitiva. El mensaje es inequívoco: la carga de trabajo supera la capacidad estructural actual.
Tensión entre discurso y realidad
El discurso oficial invoca una Justicia independiente, pronta y de calidad. Pero la calidad judicial depende no solo de los jueces, sino también del entramado técnico que sostiene cada procedimiento: letrados, gestores, tramitadores, auxilio judicial. Cuando ese entramado se desestabiliza, la agilidad prometida se convierte en aspiración retórica.
En términos políticos, el Ejecutivo Sánchez afronta un dilema clásico de gobernanza: cumplir con los compromisos de reducción de temporalidad sin generar agravios comparativos ni abrir la puerta a una consolidación masiva automática. En términos sociales, la percepción pública es más directa: retrasos, incertidumbre y riesgo de nulidades procesales si la transición no es impecable.
La Audiencia Nacional no es un juzgado ordinario. Es el epicentro de causas de alto impacto que afectan a la seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y los grandes casos de corrupción. Cualquier disfunción administrativa adquiere dimensión política.
El gobierno manda un mensaje
La solución adoptada por el Gobierno Sánchez envía una señal ambivalente al resto del sector público. Por un lado, reafirma la negativa del Ejecutivo a convertir la temporalidad abusiva en fijeza automática. Por otro, evidencia que ciertos órganos no pueden permitirse aplicar el ajuste sin amortiguadores excepcionales.
El acuerdo actual lo único que pretende es evitar titulares, como el de Diario Sabemos, sobre un colapso inmediato en la Audiencia Nacional. Pero también subraya una fragilidad estructural: la dependencia de personal temporal en órganos estratégicos y la dificultad política de asumir las consecuencias de esa dependencia. En consecuencia, la única solución realmente factible es la que Pedro Sánchez no está dispuesto a adoptar: la fijeza total y automática.