La reforma del régimen de cese de los funcionarios interinos en la Administración de Justicia, articulada, tal y como publicamos en Diario Sabemos, a través del borrador de una nueva Orden Ministerial, representa un punto de inflexión jurídico y social que trasciende la mera gestión de personal. Bajo la apariencia de una necesaria adecuación técnica a la Ley Orgánica 1/2025, el texto revela una lógica de descapitalización humana que transforma la eficiencia administrativa en una herramienta de expulsión. Esta maniobra no solo ignora el problema endémico del abuso de la temporalidad, sino que lo institucionaliza mediante una reingeniería que convierte al trabajador en una coordenada contable, sacrificando la experiencia acumulada en favor de una despersonalización burocrática sin precedentes.
El cambio fundamental reside en la sustitución de los criterios de protección social por el cese automático ligado a códigos individualizados de puestos de trabajo. Históricamente, el criterio de antigüedad funcionaba como un precario cortafuegos frente a la arbitrariedad, permitiendo que quienes llevaban más tiempo sosteniendo el servicio público tuvieran una mínima preferencia de permanencia. Con la nueva norma del departamento de Félix Bolaños, esta seguridad jurídica se vuelve unidireccional. La Administración se blinda contra futuros litigios al automatizar el despido: si el titular ocupa el código numérico, el interino desaparece del sistema de forma inmediata, sin ponderar su trayectoria, su situación social ni el fraude de ley previo en el que el propio Estado le ha mantenido durante años.
La falacia de la adaptación europea
Resulta especialmente alarmante la invocación oportunista de la Directiva 1999/70 CE. Mientras la normativa comunitaria exige a los Estados miembros prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales sucesivos, el Gobierno utiliza este marco como coartada para acelerar los ceses.
En lugar de establecer mecanismos de estabilización real o compensaciones por la falta de planificación estructural, la reforma opta por borrar el expediente administrativo del abuso mediante la expulsión. Es un ejercicio de funambulismo jurídico donde se utiliza el nombre de Europa para ejecutar lo contrario de lo que Europa ordena: se castiga al trabajador por la disfunción que el propio Estado ha generado y perpetuado.
Esta inseguridad vital proyecta consecuencias de futuro devastadoras para la legitimidad del servicio público. La reforma despoja al interino de cualquier protección frente a decisiones abruptas que dinamitan su conciliación y sustento, ignorando que miles de juzgados han evitado el colapso gracias a este personal. Al desvincular el cese de cualquier evaluación del contexto social, la Administración de Justicia lanza un mensaje de desafección institucional absoluto. La modernización, vinculada a los nuevos Tribunales de Instancia, nace así viciada por la falta de diálogo social y el desprecio a la memoria operativa de los juzgados, que reside precisamente en esos funcionarios ahora considerados desechables.
Estado, generador de precariedad estructural
El análisis jurídico de la Orden permite concluir que estamos ante una coartada política para despersonalizar el conflicto laboral. Al convertir un drama social en un ajuste técnico de relaciones de puestos de trabajo, el Estado elude su responsabilidad indemnizatoria y moral. Si la Administración puede encadenar nombramientos durante décadas y después reorganizarse sin asumir el coste de su propia ineficiencia, el incentivo para mantener el fraude de ley permanece intacto. La interinidad ya no se percibe como una anomalía transitoria a corregir, sino como una fase de explotación previa al descarte que la nueva norma viene a normalizar.
El impacto de estas medidas será duradero y romperá la confianza en cualquier futuro discurso reformista. No se gana eficiencia expulsando el conocimiento acumulado en las oficinas judiciales, sino reconociendo los errores de gestión y reparando el daño causado por años de temporalidad fraudulenta. Al ordenar los papeles desordenando las vidas de los trabajadores más vulnerables, el gobierno no solo está ajustando códigos administrativos, sino que está socavando los principios de justicia y equidad que debería proteger. La reforma, en última instancia, consolida un modelo donde la modernización tecnológica y organizativa se financia con el capital humano de quienes menos margen tienen para defenderse.