Pedro Sánchez atraviesa un momento relativamente tranquilo tras las últimas tormentas políticas. Europa ha avalado su ley de Amnistía y no hay moción de censura a la vista impulsada por las derechas (PP y Vox quieren, pero no se atreven, ya que no se fían de Carles Puigdemont). La moción de censura (una posibilidad que vuelve a verse cada vez más lejana) es un mecanismo excepcional del sistema político español: requiere mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y la presentación de un candidato alternativo. Ahora mismo, ni una cosa ni la otra. Hoy por hoy, ningún bloque opositor tiene los números suficientes para plantear una moción viable contra Sánchez, por mucho que Feijóo y Abascal escenifiquen un bloqueo poderoso. Es cierto que en el hemiciclo hay una significativa mayoría de las derechas, como advierte Gabriel Rufián, pero es solo una mayoría ficticia, irreal, engañosa. No es lo mismo el PP que el PNV; no es lo mismo Vox que Junts. Y el partido navarro va a sus cosas. Cada cual está a sus intereses particulares o territoriales y eso juega a favor de Moncloa.
Lo único cierto a esta hora es que el PP, principal partido de la oposición, no cuenta con apoyos suficientes más allá de Vox, y ni Junts ni ERC se sumarán, de momento, a un intento de derribar al Gobierno (el primero por simple cálculo electoral, el segundo por pura ideología: sabe que, o está con el sanchismo, o le hace el caldo gordo al nuevo fascismo posmoderno, lo que sería la tumba de la izquierda catalanista). Desde luego, Sánchez no se enfrenta a la amenaza inmediata de ser desalojado del poder, lo que le da un cierto margen de maniobra. Incluso se puede permitir el lujo de gobernar por decreto.
Aunque no haya una moción en ciernes, también es verdad que el Gobierno sigue dependiendo de pactos con otros partidos como Bildu para sacar adelante leyes y presupuestos. Por tanto, el escenario de estabilidad sigue siendo frágil. La tranquilidad sanchista es un hecho cierto, pero cuidado, porque puede ser el silencio antes de la tempestad. Más teniendo en cuenta que colean algunos casos de supuesta corrupción en los juzgados. La sociedad española se ha polarizado al extremo en asuntos como el que atañe al fiscal general del Estado y a Begoña Gómez. Unos creen que el Gobierno está podrido de corrupción; otros que existe una campaña de lawfare en marcha para derribarlo (el célebre “el que pueda hacer que haga” de Aznar). Las dos Españas a cara de perro a cuenta de Álvaro García Ortiz y la esposa del premier socialista. Los sondeos indican que esa corriente de opinión polarizante opera al cincuenta por ciento, es decir, hay una mitad de españoles que ve una brutal operación de acoso y derribo contra el socialismo. Otra cosa es el caso Koldo, un feo asunto que huele a corrupción por los cuatro costados. Pero Sánchez ha sabido encapsularlo rápida y hábilmente al apartar al exministro Ábalos, manchado por el cobro de comisiones en el Ministerio de Transportes. Si el sumario queda dormido, anestesiado, si la Justicia no llega a pruebas concluyentes sobre financiación del PSOE, Sánchez podrá respirar con calma hasta 2027, plazo que se ha marcado para agotar la legislatura. Pero nos movemos en un contexto incierto y la situación puede cambiar, dando un vuelco, de la noche a la mañana.
Junts, pese a anunciar su ruptura con el Gobierno, sigue apoyando algunas leyes gubernamentales. Una de cal y otra de arena. El postureo de los de Puigdemont demuestra que no existe una oposición homogénea y que Sánchez puede encontrar apoyos puntuales. En cualquier caso, la fragmentación del independentismo, todavía latente, favorece al jefe del Ejecutivo. La irrupción de Aliança Catalana (el Vox secesionista) y la radicalización del discurso de Junts refuerzan el papel del presidente como alternativa de estabilidad.
Paralelamente, la economía sigue en crecimiento moderado, según los informes de todos los organismos internacionales. Mientras los indicadores macroeconómicos no se deterioren gravemente, el Gobierno podrá seguir tirando, por mucho que las cifras macro no estén sirviendo para reducir la desigualdad, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la pobreza infantil. A Sánchez le quedan algunas balas en la recámara en forma de leyes sociales que podrían movilizar a la izquierda en la recta final de la legislatura. Ferraz se agarra al espíritu de remontada mirando de reojo el despacho de Acciona, donde los agentes de la UCO husmean en los libros de contabilidad del partido.
Y mientras tanto, Feijóo no termina de cuajar como candidato solvente. Y no solo porque Ayuso le hace luz de gas todo el rato. Llegó a Madrid con la vitola de ganador y no está cumpliendo con las expectativas. Adolece de una falta de liderazgo claro. Desde su aterrizaje en Génova 13, en sustitución de Pablo Casado, el PP no ha logrado articular un bloque suficientemente robusto como para plantear una moción de censura con posibilidades de éxito. Y las encuestas no son precisamente para tirar cohetes en la sede popular. De hecho, en Valencia apuntan a descalabro y auge de Vox tras la nefasta gestión de la dana de Carlos Mazón.
Finalmente, está el asunto de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, verdadero test de estabilidad para el Gobierno. La ministra Montero, una optimista patológica, como buena andaluza, ha anunciado que los presentará con la confianza de que saldrán adelante. Si no se aprueban, el Gobierno sufrirá. Habrá un desgaste constante por la necesidad de pactar cada ley y por la presión mediática. Sánchez “meará sangre”, como advirtió Puigdemont en su día, pero no morirá de una afección renal. Ahí seguirá, para asombro y pasmo de sus enemigos. Solo un sobre sospechoso a nombre de "P punto Sánchez", convenientemente aireado por la UCO, podría rematarlo. En definitiva, aunque la estabilidad de Moncloa depende de un equilibrio muy delicado, el Gobierno vive un momento tranquilo, ya que no se vislumbra una amenaza inmediata de derrocamiento. La legislatura resiste, aunque los cimientos del edificio se agrieten.