El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado este lunes un auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, dentro de la investigación sobre los contratos irregulares de suministro de mascarillas durante la pandemia de Covid-19.
El instructor considera que existen indicios suficientes de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que abre la vía para que los tres sean enviados a juicio.
La resolución judicial afecta a la pieza principal del denominado “caso Koldo”, una investigación que ha sacudido a las estructuras del Partido Socialista y al Ministerio de Transportes por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
El Supremo ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares, que disponen de un plazo de diez días para presentar su escrito de anulación, solicitar la apertura del juicio oral o, de manera excepcional, pedir nuevas diligencias.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que, si la Fiscalía y las acusaciones formulan finalmente acusación, el procedimiento quedará listo para que el alto tribunal abra juicio oral contra Ábalos, quien goza de aforamiento por su condición de diputado en el Congreso.
El exministro, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE, ha negado en todo momento haber cometido irregularidades, defendiendo que su actuación durante la pandemia se ajustó a la legalidad y a la urgencia del contexto sanitario.
Con este auto, el Tribunal Supremo acerca el caso Koldo a la fase de juicio oral, en la que se determinará si las relaciones entre los implicados y las operaciones realizadas durante la crisis sanitaria constituyeron realmente un entramado de corrupción política y administrativa.