En los últimos días, la labor de la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil, está siendo seriamente cuestionada por tres asuntos: el caso abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar el expediente tributario sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso; el caso Koldo de adjudicaciones de obra a cambio de comisiones; y el turbio asunto de Leire Díez, la presunta fontanera de Ferraz bajo sospecha por pedir a sus confidentes que le llevaran información sensible sobre altos manos de la UCO, entre ellos el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de la unidad, y uno de los impulsores de la investigación de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de Sánchez.
La credibilidad de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), antaño buque insignia y santo y seña de una de las mejores policías del mundo, está siendo cuestionada en algunos ámbitos judiciales y mediáticos. Sin embargo, la propia UCO defiende la solidez de sus investigaciones y rechaza que se estén abriendo expedientes en el marco del 'lawfare' o guerra sucia judicial. En el caso García Ortiz, la unidad de élite de la Benemérita ha elaborado informes clave en el proceso contra el fiscal general del Estado, acusado de filtrar un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Durante el juicio, los agentes señalaron a Ortiz como responsable de la filtración, aunque la defensa sostuvo que estas conjeturas se basan en “meras inferencias”. La defensa del fiscal atacó la metodología de la UCO, acusándola de realizar investigaciones desproporcionadas y de no tener pruebas concluyentes. Los agentes respondieron: “No hacemos investigaciones prospectivas”, defendiendo que sus indicios son legítimos.
Desde algunos sectores de la izquierda se advierte un intento de la derecha por controlar esta unidad clave en la investigación de casos de corrupción política. Desde ámbitos conservadores se denuncia un intento de desprestigiar tanto al Tribunal Supremo como a la propia UCO para debilitar el sistema judicial y evitar condenas. Esto refleja que la credibilidad de la unidad es un tema sensible porque afecta directamente a la confianza en la Justicia española.
La UCO está desempeñando un papel central en el caso Koldo al investigar presuntas mordidas y adjudicaciones irregulares de obra pública vinculadas a Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Sus actuaciones incluyen registros en sedes de Acciona y el seguimiento de movimientos de dinero y viajes internacionales. La UCO ha practicado registros en las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla, dentro de una pieza separada y secreta del procedimiento instruido por el Tribunal Supremo. El objetivo es localizar documentación sobre adjudicaciones de obras públicas, como el túnel de Belate en Navarra y la cárcel de Zubieta en Vizcaya. Los agentes buscan pruebas de comisiones ilegales (presuntas mordidas del 2 por ciento) ligadas a adjudicaciones de contratos públicos. Acciona aparece mencionada en más de 200 ocasiones en los informes de la UCO. Sin embargo, hasta la fecha no han aparecido los millones en dinero negro (más de 7, que se le atribuyen a Santos Cerdán).
La UCO también investiga viajes de José Luis Ábalos, su familia y el asesor Koldo García a países como Colombia, Perú y República Dominicana, vinculándolos con posibles movimientos de dinero y propiedades en el extranjero. Todas estas pesquisas han resultado, a día de hoy, infructuosas, en el sentido de que no han servido para encontrar el dinero oculto. El caso ha tenido un fuerte impacto en el PSOE, con la expulsión de Ábalos del partido y la entrada en prisión de Santos Cerdán.
La UCO es la división de élite de la Guardia Civil encargada de investigar delitos complejos como corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales. En el caso Koldo, su papel es decisivo porque sus informes son la base de las actuaciones judiciales. Aunque algunos sectores cuestionan sus métodos, la UCO mantiene que trabaja con indicios sólidos y bajo mandato judicial. La amplitud de las diligencias (registros simultáneos en varias ciudades, seguimiento internacional) muestra que la UCO está desplegando todos sus recursos para esclarecer la trama. Pero en el caso Koldo se han planteado dudas sobre la labor de la brigada, aunque más en el plano político que en el judicial. Sus informes han sido utilizados por partidos de la oposición para presionar al Gobierno, y algunos sectores cuestionan si la unidad está actuando con imparcialidad. Los jueces y la Fiscalía Anticorrupción consideran que sus investigaciones aportan indicios sólidos.
El PP y Vox han utilizado los informes de la UCO para vincular al ministro Ángel Víctor Torres con Koldo García y Víctor de Aldama, acusando al Gobierno de estar salpicado por la trama. Algunos sostienen que la UCO podría estar sobredimensionando ciertos indicios o filtrando información que favorece a la oposición. La Guardia Civil y la propia UCO insisten en que sus actuaciones se realizan bajo mandato judicial y con diligencias declaradas secretas, como los registros en Acciona y otras empresas. Es el Tribunal Supremo quien dirige las diligencias y ordena los registros. La UCO actúa como brazo investigador, pero las decisiones clave las toma el juez.
La Fiscalía Anticorrupción también ha respaldado los informes de la UCO, señalando que existen “poderosos indicios” de irregularidades en adjudicaciones públicas. Aunque la credibilidad del cuerpo policial se discute en el plano mediático y político, en el ámbito judicial sus informes siguen siendo considerados válidos y relevantes. La credibilidad de la unidad no está definitivamente perdida, pero sí seriamente dañada por los intentos de politización y bajo escrutinio público.