Pronto estaremos en campaña electoral y el Gobierno de coalición empieza a preparar el programa social con el que seducir a la izquierda desencantada. El subsidio para mayores de 52 años, una ayuda de 480 euros mensuales destinada a personas desempleadas con largas carreras laborales y dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo, vuelve a situarse en el centro del debate político. La cifra más reciente y sólida disponible indica que en España hay alrededor de 453.534 personas que ya están cobrando el subsidio para mayores de 52 años, según los datos del SEPE correspondientes a septiembre de 2025. Un colectivo amplio que percibe una retribución escasa y una parcela de votos que está por cultivar.
La propuesta de equiparar su cuantía al Ingreso Mínimo Vital (IMV) –que para un adulto solo supera los 600 euros y puede llegar a más según la unidad de convivencia– ha sido planteada por sindicatos y organizaciones sociales, pero no cuenta por ahora con una iniciativa legislativa concreta. Aun así, el tema ha generado posicionamientos claros entre los principales partidos.
El subsidio para mayores de 52 años es una figura única dentro del sistema de protección por desempleo. Aunque su cuantía es baja –actualmente unos 480 euros–, tiene una característica que lo diferencia del resto de subsidios: cotiza para la jubilación. El Estado ingresa por la persona beneficiaria el equivalente al 125% de la base mínima, lo que supone una cotización aproximada de 1.650 euros mensuales. Hasta ahí bien. Pero la prestación se antoja insuficiente para un colectivo de trabajadores muchos de los cuales han quedado en el dique seco, sin que nadie les contrate, tras las sucesivas crisis económicas. Todo ello sin perder de vista que los autónomos de esa edad no tienen acceso a la prestación. La vicepresidenta aseguró que “los autónomos no tienen derecho a subsidios por desempleo, sencillamente porque tienen conceptualmente otra realidad”.
Esta prestación busca evitar que quienes pierden su empleo en la recta final de su vida laboral vean reducida su futura pensión. Sin embargo, la cuantía económica del subsidio ha quedado muy por debajo del coste de vida, lo que ha reabierto el debate sobre si debería acercarse al IMV. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido en varias ocasiones que el subsidio para mayores de 52 años es “insuficiente” para garantizar condiciones de vida dignas. Sin embargo, también ha subrayado que no existe una propuesta formal para equipararlo al Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Díaz ha defendido que cualquier reforma debe hacerse “con rigor presupuestario” y dentro de una revisión más amplia del sistema de protección por desempleo. En declaraciones recientes, ha insistido en que el objetivo del Gobierno es “reforzar la empleabilidad” y evitar que el subsidio se convierta en un mecanismo de exclusión del mercado laboral. Aunque no ha descartado estudiar mejoras, la ministra ha evitado comprometerse con una subida concreta. Su posición se resume en dos ideas: reconoce la necesidad de mejorar la protección, especialmente para personas de más de 52 años; pero no avala por ahora una equiparación automática al IMV, que tendría un coste presupuestario elevado.
Dentro del Gobierno, el PSOE mantiene una postura más prudente. Dirigentes socialistas han señalado que el subsidio para mayores de 52 años “cumple una función específica” y que su cuantía no puede analizarse de forma aislada, sino dentro del conjunto del sistema de prestaciones. El partido ha defendido que el IMV y los subsidios por desempleo tienen naturalezas distintas. El IMV garantiza una renta mínima estructural para hogares en pobreza severa; el subsidio de 52 años es una prestación ligada al desempleo y a la cotización futura. Por ello, el PSOE no contempla, al menos de momento, una equiparación automática, aunque sí ha abierto la puerta a “ajustes razonables” en el marco del diálogo social.
El Partido Popular se ha mostrado crítico con la idea de elevar el subsidio hasta niveles del IMV. Desde la dirección del partido se argumenta que una subida significativa podría desincentivar la búsqueda activa de empleo, especialmente en un tramo de edad donde la reincorporación ya es complicada. El PP sostiene que la prioridad debe ser incentivar la contratación de mayores de 50 años, mediante bonificaciones y políticas activas, y no aumentar las ayudas. También ha advertido de que una equiparación supondría un incremento del gasto público que, según sus portavoces, “no está justificado sin una reforma integral del sistema”. En resumen, el PP rechaza la equiparación y apuesta por medidas orientadas al empleo, no al aumento de prestaciones.
Vox también se opone a elevar la cuantía del subsidio. El partido considera que el sistema de ayudas en España es “excesivamente amplio” y que incrementarlo podría generar “efectos llamada” y “dependencia del Estado”. Su discurso se centra en la idea de que la protección social debe ser “estricta y temporal”, y que el foco debe ponerse en reducir impuestos y facilitar la contratación, no en ampliar prestaciones. Vox ha criticado tanto el IMV como los subsidios por desempleo, y rechaza cualquier reforma que suponga aumentar su cuantía o su alcance.