El año político que se cierra deja una herencia menos vistosa que otras, pero más significativa de lo que sugiere el ruido que lo ha acompañado. No ha sido un ejercicio de grandes consensos ni de épica legislativa, sino de resistencia institucional, gestión en minoría y avances fragmentados en un contexto de polarización creciente. El que comienza, en cambio, arranca condicionado por una estrategia deliberada de bloqueo desde la derecha y la ultraderecha, que no busca gobernar mejor, sino impedir que se gobierne.
Más allá del relato de crisis permanente que ha dominado el debate público, el año que termina consolida transformaciones que ya no son coyunturales. El mercado de trabajo mantiene niveles de empleo elevados y una reducción sostenida de la temporalidad que resiste incluso en un contexto económico europeo más débil. El Estado del bienestar ha seguido ampliando su perímetro, no sin tensiones presupuestarias, pero con una lógica clara: sostener rentas, blindar derechos y amortiguar desigualdades.
Estos avances, sin embargo, han convivido con un desgaste político evidente. Gobernar sin mayorías estables ha obligado a una negociación permanente, lenta y a menudo opaca, que alimenta la percepción de parálisis incluso cuando la maquinaria institucional no se detiene. La herencia del año es, en ese sentido, ambivalente: políticas que funcionan y una conversación pública que insiste en negar su existencia.
La derecha como factor de bloqueo estructural
Si algo define el cierre del año es la consolidación de una oposición que ha renunciado a la función clásica de control para abrazar una lógica de deslegitimación permanente. No se trata de discrepar sobre modelos económicos o prioridades sociales, sino de cuestionar la legitimidad misma del Gobierno, del Parlamento cuando no produce mayorías favorables y, por extensión, de cualquier institución que no se alinee con su relato.
La derecha tradicional ha asumido como propio un marco discursivo que antes pertenecía a la ultraderecha: sospecha sistemática sobre el adversario, uso instrumental de los tribunales, descrédito de organismos independientes y una narrativa de decadencia nacional que no se corresponde con los indicadores reales. Esa convergencia no es accidental. Responde a una estrategia de acumulación de poder por desgaste, no por alternativa.
La ultraderecha ha actuado este año como acelerador de esa dinámica. Su influencia no se mide solo en escaños, sino en la capacidad de desplazar el eje del debate hacia terrenos identitarios, emocionales y punitivos. Donde había discusión sobre vivienda, empleo o servicios públicos, se instala el conflicto cultural. Donde había datos, se introduce sospecha. Donde había políticas, se impone consigna.
El resultado es un ecosistema político en el que tener razón importa menos que ocupar espacio, y en el que el conflicto se convierte en un fin en sí mismo. Ese clima no bloquea solo la acción del Gobierno; erosiona la confianza ciudadana en la política como herramienta de mejora colectiva.
Lo que queda pendiente
El año que comienza hereda ese marco envenenado. No tanto por falta de agenda, que existe, sino por la dificultad creciente de desplegarla en un entorno donde cada iniciativa es tratada como una provocación. La ausencia de acuerdos presupuestarios, la judicialización constante del debate y la utilización partidista de cualquier crisis no son anomalías puntuales, sino síntomas de una estrategia sostenida.
La herencia política del año que termina no es la del fracaso, como se insiste desde determinados altavoces, sino la de una democracia tensionada que ha seguido funcionando pese a quienes trabajan activamente para bloquearla. Lo que amenaza al año que empieza no es la falta de políticas, sino la normalización de una oposición que confunde alternancia con demolición y que ha decidido que, si no gobierna, nadie debe hacerlo.