La guerra PSOE-PP, la peor pirómana

El olor a madera quemada tiene una persistencia casi cruel. No solo se adhiere con saña a la ropa de los vecinos desalojados o a la piel cuarteada de los brigadistas que combaten en primera línea; se instala en el centro mismo del debate público con la misma fuerza sofocante con la que el fuego devora las hectáreas de masa forestal. Cuando un gran incendio desgarra el territorio, como ocurre de manera flagrante en el incendio de Los Gallardos, el guion de la partitura política se activa con una precisión milimétrica, casi matemática. Aparecen los despliegues de cámaras de televisión, las declaraciones institucionales de urgencia a pie de asfalto, los rostros compungidos protegidos por camisas de lino frente al humo denso y, sobre todo, la letanía imperturbable de las promesas. Es el gran teatro del lamento estival, una escenografía repetida año tras año donde la indignación oficial y la compasión cotizan al alza en las encuestas de opinión.

Sin embargo, la verdadera tragedia de la política ambiental en España no se escribe bajo el sol abrasador de agosto, sino en el silencio burocrático y gélido de los meses de invierno. Es en esos días olvidados de lluvia, niebla y viento helado cuando se gestan, de manera silenciosa pero matemática, los desastres ecológicos del próximo verano. Lo que presenciamos es un ciclo perfecto de amnesia colectiva y cinismo estructural que une de forma invisible a todos los partidos políticos sin distinción de siglas, colores, ideologías o niveles de la administración pública. Desde los ayuntamientos de los pueblos más pequeños hasta los ministerios en Madrid, pasando por los opulentos despachos de las comunidades autónomas, el patrón se repite con una monotonía criminal.

Cuando las llamas finalmente se apagan y los informativos de televisión giran sus focos hacia el inicio del curso escolar o la actualidad parlamentaria, los compromisos pomposos de dotar de más recursos a la prevención de incendios se diluyen en los pasillos de los parlamentos. La cruda realidad a la que se enfrenta el sector demuestra que las administraciones operan bajo un cortoplacismo endémico y electoralista. Se llenan las bocas con la necesidad imperiosa de realizar una limpieza de montes profunda, de crear cortafuegos naturales transitables, de subvencionar la ganadería extensiva y de planificar el territorio forestal con criterios del siglo veintiuno, pero el invierno transcurre entre partidas presupuestarias desviadas a fines más vistosos y expedientes técnicos guardados en un cajón. El monte se deja a su suerte durante más de doscientos días al año, acumulando toneladas de biomasa seca que actúan como un auténtico polvorín continuo a la espera de la primera chispa de la temporada climática extrema.

El eco de la hipocresía

Para entender la magnitud del inmovilismo político que asola el patrimonio natural español, basta con levantar las alfombras del pasado reciente y revisar las actas parlamentarias y las ruedas de prensa del verano de 2025. Aquel período estival, marcado por olas de calor sucesivas y una sequía que agrietaba los acuíferos, dejó tras de sí un reguero de cenizas y un catálogo antológico de declaraciones que hoy, contempladas con la perspectiva del tiempo, adquieren un tinte casi obsceno. Los dos grandes partidos de la escena nacional, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se enzarzaron en un cruce de acusaciones mutuas que parecía buscar cualquier cosa menos una solución real al problema de fondo.

Durante los peores días de los incendios de julio de 2025, los portavoces y barones regionales del PP salieron en tromba a denunciar lo que calificaron como una "absoluta falta de previsión y abandono del medio rural por parte del Gobierno central". Desde las filas populares se insistió con vehemencia en que el Ministerio para la Transición Ecológica ejercía una "asfixia burocrática" sobre las competencias autonómicas, bloqueando las transferencias de fondos europeos destinados a la limpieza de los bosques mediante normativas medioambientales que tildaron de "dogmáticas, hiperreguladas y alejadas de la realidad del campo". Los líderes del centroderecha reclamaban con urgencia en los medios de comunicación la aprobación de un plan nacional extraordinario de infraestructuras de prevención, argumentando que no se podía proteger la biodiversidad desde los despachos climatizados de la capital sin escuchar a los alcaldes de las zonas afectadas ni a los propietarios forestales.

La réplica del PSOE, formulada desde las tribunas del Congreso de los Diputados y las delegaciones del Gobierno, no se hizo esperar, recurriendo a un argumentario igual de predecible y ensayado. Los portavoces socialistas acusaron directamente a los gobiernos autonómicos gestionados por el PP de estar perpetrando un "desmantelamiento sistemático de los servicios públicos de emergencias" mediante la privatización encubierta de los retenes y la reducción drástica de las plantillas de bomberos forestales. Desde el prisma del partido en el Gobierno central, la culpa residía de forma exclusiva en los "recortes presupuestarios en materia ecológica" ejecutados por las autonomías de la oposición, a las que acusaron de negar los efectos evidentes del cambio climático y de preferir gastar el dinero público en rebajas fiscales antes que en la contratación estable de los técnicos dedicados a salvaguardar los espacios naturales protegidos.

Este cruce dialéctico de reproches, que inundó los editoriales y los debates radiofónicos durante semanas, ofreció una ilusión óptica de confrontación ideológica profunda. Parecía que España asistía a un debate crucial entre dos modelos contrapuestos de gestión del territorio. Sin embargo, la posterior llegada del invierno de 2025 y las primeras luces de este año 2026 han venido a demostrar que todo aquello no fue más que un ejercicio coreografiado de escapismo político. En las comunidades autónomas donde gobierna el PP, los presupuestos autonómicos aprobados para este ejercicio no incrementaron de manera sustancial las partidas para la contratación invernal de cuadrillas forestales. Del mismo modo, en el plano estatal liderado por el PSOE, la tan prometida Ley de Bomberos Forestales continuó encallada en el laberinto de las enmiendas parlamentarias y las disputas competenciales, privando una vez más a estos trabajadores de un marco normativo laboral digno y unificado a nivel nacional.

Las llamas de verano se combaten con los discursos que los partidos se lanzan a la cabeza, pero las cenizas de invierno demuestran que, cuando el humo se disipa, los dos grandes bloques firman un pacto implícito de no intervención en el monte.

Este desequilibrio flagrante entre la retórica de la emergencia y la praxis presupuestaria responde a una lógica electoral de una perversión absoluta. La extinción de incendios es visible, heroica, inmediata y profundamente fotogénica; la gestión forestal preventiva es lenta, gris, callada y carece por completo de un rédito político que pueda rentabilizarse en la siguiente cita con las urnas. El verdadero cálculo político de las cúpulas de los partidos prefiere mil veces invertir millones de euros en la compra de un camión de bomberos de última generación o en el alquiler de hidroaviones que se fotografiarán junto al líder político de turno en plena crisis, antes que destinar esa misma cantidad a mantener activa a una cuadrilla forestal que limpia la maleza, abre fajas auxiliares y clarea el sotobosque bajo la lluvia persistente de enero, un trabajo absolutamente invisible para el votante urbano.

Los profesionales de la extinción: héroes en agosto, parados en enero

Los profesionales forestales se enfrentan año tras año a la misma paradoja desgarradora, una injusticia laboral que sufren en sus propias carnes y que merma de forma directa la capacidad operativa de resistencia del país frente al fuego. Se les aclama de manera unánime como salvadores de la patria en los meses de verano, se les aplaude en las redes sociales y se les dedican reportajes laudatorios en la prensa escrita mientras arriesgan sus vidas rodeados por frentes de fuego de veinte metros de altura. Pero, de forma implacable, se les condena al desempleo forzoso, a la precariedad de los contratos fijos-discontinuos o al olvido institucional durante el resto de las estaciones del año.

Las reivindicaciones históricas de los sindicatos, ingenieros de montes y expertos ecologistas del sector, que exigen desde hace décadas la creación de dispositivos de estabilidad laboral de doce meses al año para mantener las masas de árboles sanas, limpias y estructuradas, chocan de manera sistemática contra el muro de la inacción y la tacañería administrativa. El argumento esgrimido habitualmente por los gestores públicos de todos los signos políticos es siempre el mismo: la falta de disponibilidad presupuestaria y la supuesta ineficiencia económica de mantener un despliegue de tal envergadura durante los meses en los que el riesgo estadístico de ignición es bajo. Es un análisis contable de una miopía pavorosa, que evalúa el coste de la prevención como un gasto suntuario y no como la inversión más rentable para evitar las pérdidas millonarias que provocan los incendios de sexta generación.

Un monte abandonado a su propia evolución en el contexto climático actual se convierte en un laberinto impracticable de combustible continuo. La falta de pastoreo tradicional, provocada por el hundimiento del sector primario ante la desatención del Estado, sumada al éxodo rural que vacía los pueblos de la España interior, ha eliminado los mosaicos paisajísticos históricos que antes actuaban como barreras de contención naturales contra las llamas. Hoy en día, los bosques españoles presentan una densidad de vegetación arbustiva tan descomunal que, cuando se desata un fuego bajo condiciones de baja humedad y vientos secos, la velocidad de propagación supera por completo la capacidad física de cualquier servicio de extinción, por muchos medios aéreos y terrestres de los que se disponga. Los propios ingenieros forestales lo advierten en cada congreso técnico: los incendios actuales ya no se pueden apagar con agua; se tienen que apagar con hachas, desbrozadoras y motosierras durante el invierno anterior.

La consecuencia directa de esta política de contratación estacional es la pérdida irreparable de capital humano ultraespecializado. Un brigadista forestal no se forma en un curso rápido de dos semanas antes de que empiece la campaña de alto riesgo en junio. Se requiere un conocimiento profundo del comportamiento del fuego, de la topografía local, del manejo de herramientas de corte y de la resistencia psicológica ante situaciones de atrapamiento inminente. Al rescindir los contratos cada otoño, las administraciones empujan a los profesionales con más experiencia a abandonar el oficio en busca de empleos estables en el sector de la construcción, la seguridad privada o la agricultura, obligando a las contratas públicas a iniciar el verano siguiente con plantillas renovadas, jóvenes y carentes de la veteranía necesaria para enfrentarse a monstruos de fuego cada vez más erráticos e impredecibles.

La ruleta rusa de la desidia

Al final del camino, esta desidia compartida por el arco político parlamentario no solo destruye miles de hectáreas de pinos, encinas o robles; erosiona de manera irreversible la confianza de las comunidades locales en sus instituciones y acentúa la debilidad estructural del entorno rural. Los habitantes de los pueblos de la periferia forestal asisten con una mezcla de rabia y resignación al espectáculo anual de la burocracia. Saben perfectamente que, tras las promesas de regeneración económica que los líderes del PP y del PSOE pronuncian sobre la tierra quemada de Los Corrales, lo único que llegará cuando se marchen los vehículos de emergencia será el olvido más absoluto y la parálisis de los expedientes de ayudas económicas.

La ausencia de actuaciones de mantenimiento preventivo integral durante el invierno convierte a la geografía forestal en una inmensa ruleta rusa ecológica que se reactiva cada primero de junio. El debate político nacional prefiere perderse en estériles discusiones identitarias o en batallas de corto alcance en las sesiones de control al Gobierno, ignorando que la seguridad del territorio y la soberanía ambiental se están desmoronando debido a la falta de una estrategia de Estado a largo plazo. No existe una política forestal digna de tal nombre en el país, sino una sucesión caótica de planes de emergencia inconexos que varían de una provincia a otra dependiendo del partido que ocupe la diputación correspondiente.

Mientras los discursos de invierno sigan siendo papel mojado y los presupuestos sigan priorizando la respuesta espectacular ante la catástrofe por encima del trabajo preventivo constante y silencioso, los montes seguirán ardiendo con la misma puntualidad destructiva de siempre. Las cenizas que cada verano cubren el suelo rural de la península e islas son el monumento más fiel a la incapacidad de una clase dirigente que se muestra experta en gestionar el desastre ante los micrófonos, pero soberanamente indolente a la hora de estructurar y financiar la salvación de la naturaleza cuando nadie la está mirando.