Hablar en España de un pacto de gobernabilidad de amplia base entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se ha convertido en el anatema supremo de la política nacional. Quien osa sugerirlo se arriesga al ostracismo inmediato, quien lo plantea en un foro público es tachado sumariamente de ingenuo o de quintacolumnista.
Sin embargo, si uno se adentra en el sentir profundo de las clases medias y trabajadoras españolas, la música que suena en la calle es radicalmente distinta. Frente al ruido ensordecedor de los bloques antagónicos, una franja transversal de la sociedad, integrada por votantes de centro izquierda y de centro derecha, profesionales urbanos, clases trabajadoras fatigadas y la generación de la Transición, contempla con estupor un espectáculo de bloqueo permanente.
La negativa sistemática de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo a explorar grandes acuerdos de Estado no responde a un mandato popular ni a una incompatibilidad sociológica insalvable, sino el resultado directo de un cálculo de supervivencia partidista, un secuestro de las siglas en favor de los intereses electorales y una absoluta incapacidad para concebir la política como una transacción entre iguales.
Pavor al espacio vacante
Para desentrañar el motivo por el cual dos partidos que suman holgadamente más de dos tercios del Congreso se miran como enemigos mortales hay que analizar la fría lógica de la competencia electoral. El primer motivo de esta parálisis no es ideológico, sino estratégico: el pavor cerval a dejar al descubierto el flanco más ideologizado de cada partido, es decir, donde se encuentran los sectarios irresponsables que no saben ver más allá de sus propias narices.
En la dirección del PSOE impera una máxima grabada a fuego desde la irrupción de la nueva izquierda: asociarse con el PP equivale a regalar la hegemonía del espacio progresista. El fantasma de la "pasokización", el colapso de la socialdemocracia griega tras pactar con los conservadores, sigue recorriendo los pasillos de Ferraz. Existe la firme convicción de que cualquier gesto de mano tendida hacia la derecha entregaría automáticamente la bandera de la impugnación al espacio a su izquierda. Alimentaría con ello a formaciones reactivas que explotarían la narrativa de la casta bipartidista.
Sin embargo, el escenario de bloqueo a un acuerdo de gran coalición es el que ha llevado, por ejemplo, al histórico Partido Socialista Francés a ser más minoritario que el Partido Comunista de los Pueblos de España. En el PSOE aún no han entendido que son un partido de gobierno, de Estado, y, como tal, deben analizar, sondear y ejecutar el único modo que hay ahora mismo para que la política sirva para algo más que para llenar Twitter de menciones y que la ciudadanía perciba una mejora en sus vidas que justifique el sueldo de los políticos. Desde luego, la parálisis vivida en la última legislatura no se puede repetir.
En el PP tienen el mismo miedo. El Partido Popular vive obsesionado con no ceder el monopolio de la alternativa a la extrema derecha. Piensan que un pacto con los socialistas para garantizar la gobernabilidad de la nación dejaría el terreno expedito a Vox. La formación de ultraderecha vendería ese pacto como una traición al electorado conservador y como la prueba definitiva de que existe un "consenso socialdemócrata" inservible.
En conversaciones privadas y extraoficiales mantenidas con políticos en activo de ambos partidos se coincide en el diagnóstico de que nadie en las cúpulas quiere ser el primero en parpadear. Pactar con el rival tradicional exige una pedagogía política inmensa y un valor de Estado que nadie está dispuesto a pagar cuando sabes que tu competencia interna te va a acribillar al día siguiente por la espalda.
Los políticos españoles siguen viviendo del mantra ideológico que era eficaz hasta antes de la crisis de 2008. Sin embargo, la no resolución de los problemas reales de la ciudadanía provocó un divorcio entre la clase política y los votantes, lo que derivó en la aparición de nuevas fuerzas que han atomizado de tal manera el Parlamento que hace totalmente inviable un gobierno que haga frente a la resolución de las necesidades ciudadanas. Los políticos mantienen la cultura del enfrentamiento ideológico cuando lo que se está exigiendo es una gestión eficiente que, ahora mismo, es imposible sin una amplia mayoría que permita afrontar las profundas reformas que necesitan las clases medias y trabajadoras de España.
La mercantilización del conflicto
Esta atrofia del consenso contrasta dolorosamente con la tradición de las democracias europeas de nuestro entorno. En países como Alemania o Austria, la articulación de grandes coaliciones cuando los números no dan para mayorías claras de centro forma parte de la cultura constitucional básica. Allí se entiende que la estabilidad de las instituciones y las reformas estructurales en materia de pensiones, fiscalidad, defensa, salarios, mercado laboral, sanidad, educación, vivienda o política exterior priman sobre los intereses coyunturales de los aparatos de los partidos.
En España, en cambio, la política se ha mercantilizado a través del conflicto permanente. El relato de la trinchera es infinitamente más barato de comunicar y de rentabilizar en términos mercadotécnicos que la complejidad de un acuerdo programático transversal. Los consultores de campaña han descubierto que es mucho más sencillo movilizar al electorado mediante el miedo al adversario (el "que viene la extrema derecha dura" o el "que se rompe la nación") que convencerlo de las virtudes de un compromiso de centro.
A esto se suma la tiranía de los procesos de primarias internas. Con unas bases activas crecientemente ideologizadas y polarizadas respecto al conjunto de la ciudadanía moderada, los líderes de ambos partidos quedan cautivos de un discurso radicalizado para asegurar su propio control orgánico. El compromiso razonado se percibe como debilidad. El no obstinado, como una prueba de firmeza moral.
Consecuencia del secuestro: reformas paralizadas
Las consecuencias de esta falta de entendimiento no son abstractas ni atañen únicamente al ecosistema político. Se pagan con el deterioro directo de la calidad institucional del país.
Al renunciar a la vía de la gran coalición, la gobernabilidad queda inexorablemente supeditada a pactos de geometría variable con formaciones de la periferia o minorías extremas. La agenda política nacional se convierte así en una subasta constante de peajes coyunturales, de chantajes y concesiones asimétricas que terminan por fracturar el principio de igualdad entre ciudadanos y territorios.
Políticas de Estado que exigen mayorías cualificadas y visiones a largo plazo permanecen metidas en un cajón mientras pasa el tiempo. La reforma de un modelo de financiación autonómica caducado desde hace años, el blindaje del sistema público de pensiones, la regeneración del Poder Judicial, la transformación del modelo educativo, la reforma de artículos de la Constitución, una reforma laboral desideologizada y pragmática o una estrategia energética coherente. Todas son rehenes de la incapacidad de PP y PSOE para sentarse en una misma mesa sin sacarse los ojos.
El votante huérfano
El verdadero peligro de esta dinámica no es solo la parálisis legislativa, sino la siembra de una desafección cívica de proporciones históricas. Cuando el votante moderado comprende que su voto es utilizado para alimentar un espectáculo de descalificación mutua en lugar de para construir estabilidad, la respuesta es la huida.
La bolsa de electores que se refugia en una abstención que grita, el voto en blanco o la indecisión constante crece en cada cita con las urnas en las provincias medias y en los cinturones urbanos. Es la huelga silenciosa de una ciudadanía que se siente desatendida por unos partidos tradicionales que prefieren la servidumbre de los extremos antes que el coraje del entendimiento.
Si el Partido Popular y el Partido Socialista persisten en tratarse como enemigos existenciales en lugar de como rivales legítimos en un marco constitucional común, continuarán alimentando el motor de su propia destrucción. Dar la espalda a la gran coalición o a los grandes pactos de Estado no es un gesto de coherencia ideológica, sino un acto de ceguera política que debilita al país, que destruye a las familias de clase media y trabajadora para proteger, simplemente, el negocio de las siglas.
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