Cada vez que el Estado intenta avanzar en políticas de memoria, reaparece un discurso conocido. No habla ya de victoria ni de cruzada, sino de libertades amenazadas, de historia supuestamente neutral y de una Transición convertida en mito fundacional incontestable. El franquismo, despojado de su violencia, se reivindica como una opción ideológica más. Y la memoria democrática pasa a ser presentada como una forma de persecución.
Uno de los rasgos más persistentes del sesgo revisionista es la inversión del eje moral. El foco deja de situarse en la dictadura, la represión o la ausencia de derechos, y se traslada a la supuesta vulneración de libertades de quienes exaltan ese pasado. El franquismo ya no aparece como un régimen responsable de una violencia estructural, sino como una corriente de pensamiento acosada por el poder democrático.
Este desplazamiento permite convertir la apología de una dictadura en una expresión legítima de pluralismo, mientras se presenta cualquier intento de reparación o reconocimiento a las víctimas como un acto de sectarismo ideológico. La memoria, en este marco, deja de ser un deber del Estado para convertirse en un problema político.
La libertad como coartada
El revisionismo franquista ha afinado su lenguaje. Ya no se apoya en la nostalgia explícita, sino en una apropiación selectiva del vocabulario constitucional: libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de cátedra. El objetivo es claro: desligar el franquismo de sus consecuencias históricas y presentarlo como una opinión protegida, equivalente a cualquier otra.
El problema no es el uso de esos conceptos, sino su vaciamiento. Defender la exaltación de una dictadura en nombre de la libertad implica ignorar que esa misma dictadura se sostuvo precisamente sobre la negación sistemática de esas libertades. La paradoja se resuelve eliminando del relato a las víctimas, reduciendo la represión a un exceso discutible o directamente negable.
Otro elemento central del sesgo ideológico es la separación artificial entre la exaltación del régimen y el sufrimiento causado. Se sostiene que es posible ensalzar el franquismo sin humillar a las víctimas, como si la violencia estructural pudiera aislarse del discurso que la legitima.
Esta operación no es histórica, sino política. Al desvincular la dictadura de sus efectos, se convierte la represión en un elemento accesorio y se normaliza la idea de que el franquismo puede ser objeto de reivindicación sin consecuencias sociales. La memoria democrática, entonces, pasa a ser acusada de exagerar, manipular o “reabrir heridas”.
El sesgo revisionista se completa con una lectura idealizada de la Transición. Se presenta como un proceso armónico, fruto de la generosidad del régimen y no de la presión social y política. En ese relato, no hay deudas pendientes, ni responsabilidades que asumir, ni víctimas que reparar.
Cualquier intento de revisar críticamente ese periodo se interpreta como una amenaza a la convivencia. La memoria se opone a la concordia; el recuerdo, al consenso. Es una forma eficaz de clausurar el debate y de blindar un relato en el que el franquismo aparece diluido, cuando no directamente legitimado.
Este sesgo no es marginal ni anecdótico. Sigue apareciendo porque conecta con una anomalía persistente en la democracia española: la ausencia de una ruptura simbólica clara con la dictadura. Mientras el franquismo pueda reivindicarse como una opinión y no como un régimen incompatible con los valores democráticos, la memoria seguirá siendo presentada como una amenaza.
La disputa no es historiográfica. Es política. Y se libra en el terreno del lenguaje, de los marcos interpretativos y de la capacidad del Estado para sostener que no todas las ideas son equivalentes cuando niegan derechos, violencia y dignidad.