La Fiscalía ha reafirmado su independencia en el llamado caso Begoña Gómez, rechazando las presiones ejercidas por diversos grupos ultras que exigen una intensificación de las actuaciones contra la esposa del presidente del Gobierno. Según fuentes del Ministerio Público, las decisiones adoptadas hasta ahora responden exclusivamente a criterios jurídicos y no a intereses partidistas o presiones externas. De esta manera, el Ministerio Público sale al paso de las presiones de las acusaciones particulares personadas en la causa en nombre de los grupos ultraderechistas que como Manos Limpias o Hazte Oír impulsan la acción contra la esposa del presidente del Gobierno. Los abogados de estas organizaciones han arremetido contra los fiscales del caso por haber pedido el archivo de la investigación. De momento, el juez Peinado la mantiene abierta.
En los últimos días, colectivos de extrema derecha han intensificado su presencia en los medios, en la prensa de derechas y en las redes sociales, acusando a la Fiscalía de dar “protección política” a Begoña Gómez, y reclamando medidas más contundentes. Sin embargo, desde el organismo insisten en que el procedimiento sigue su curso ordinario y que cualquier actuación debe basarse en indicios sólidos, no en campañas de presión pública.
La Fiscalía recuerda que su función es garantizar la legalidad y velar por los derechos de todas las partes, evitando que el proceso se convierta en un instrumento de confrontación política. En este sentido, subraya que la investigación debe desarrollarse con rigor y sin interferencias, especialmente en un contexto de creciente polarización.
Fuentes jurídicas señalan que las presiones externas, lejos de acelerar los tiempos, pueden entorpecer el trabajo de los fiscales y generar un clima de desconfianza hacia las instituciones. Por ello, el Ministerio Público insiste en que actuará con prudencia, transparencia y respeto escrupuloso a la ley.
Mientras tanto, el caso continúa en fase de análisis, a la espera de que se determinen los próximos pasos procesales. La Fiscalía mantiene que cualquier decisión futura se adoptará únicamente en función de los hechos y de las pruebas disponibles, no de la presión ejercida desde los sectores más radicalizados del espectro político.
La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso de Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular tuvo el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no acudieron, el fiscal y las defensas pidieron el archivo y las acusaciones populares solicitaron seguir adelante con el sumario.
La vista se alargó dos horas y media y es la tercera de estas características que convoca Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.
Es la segunda vez que el juez cita en esta causa un Miércoles Santo y, como estaba previsto, a la vista no acudieron ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados (su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés). Las partes mantuvieron sus posiciones, según informan fuentes jurídicas.
El fiscal y las defensas reiteraron la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, que requirieron más diligencias. Además de pedir el archivo, Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, reprochó al juez que olvide las pruebas que descartan delitos, como en el caso del intrusismo, y denunció que se infringe la imparcialidad judicial hasta el punto de señalar que en esta causa no avanza la justicia, sino que se está haciendo y “permitiendo hacer otra cosa”, según indican a Efe fuentes jurídicas. Camacho negó que la vida profesional de la mujer del presidente experimentase un cambio radical al llegar Sánchez a Moncloa, porque esta ya tenía actividad previa en la universidad, no obtuvo remuneración por la cátedra que codirigió en la Complutense de Madrid y además dejó un empleo en una empresa privada asumiendo una pérdida económica. Como en su recurso, esta parte insistió en que Gómez está investigada debido a la posición institucional que ocupa su cónyuge, según las fuentes.