El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo difundirá en los próximos días un plan de regeneración democrática con más de sesenta medidas. Entre ellas, el cese automático del fiscal general si es procesado, la intervención reforzada del CGPJ en su nombramiento y la creación de una Oficina de Calidad Democrática. La iniciativa se presenta como defensa del Estado de Derecho, pero omite el papel del PP en el bloqueo institucional y en el desgaste de los mecanismos de control durante la última década.
La autoridad desde la que se legisla
El plan parte de la idea de que las instituciones han sido debilitadas recientemente. Sin embargo, no menciona el bloqueo que mantuvo del Consejo General del Poder Judicial, sostenido por el PP más allá de su mandato para condicionar la composición interna del órgano. Tampoco recoge las causas judiciales que han afectado al partido en distintos niveles de gobierno durante años.
El documento se propone como si el PP pudiera situarse fuera de la historia institucional de los últimos quince años, evaluando un deterioro que también ha contribuido a producir. La figura del garante se da por supuesta, no argumentada.
La Fiscalía como terreno de disputa
La propuesta de cesar automáticamente al fiscal general si es procesado se presenta como una exigencia ética. Lo llamativo no es la medida en sí, sino la ausencia de esa misma regla para cargos públicos y orgánicos del propio PP en escenarios similares. La ejemplaridad se aplica de forma selectiva. La vinculación del nombramiento del fiscal al visto bueno del CGPJ se plantea como refuerzo de independencia. Pero mientras el PP tenga el poder de ejercer el bloqueo del propio Consejo, esa medida no garantiza autonomía institucional; simplemente desplaza el control a un órgano cuya composición el partido conserva como palanca política.
La Oficina de Calidad Democrática y la definición de calidad
El plan incluye la creación de una Oficina de Calidad Democrática con funciones de seguimiento normativo. Lo relevante no es el organismo en sí, sino la comprensión de democracia que lo sostiene. La calidad democrática se reduce a criterios procedimentales y administrativos. No se abordan las condiciones materiales que permiten o dificultan la participación —desigualdad, acceso a derechos, influencia económica en la representación—. El foco queda en la certificación, no en el reparto real de poder.
La sustitución de la democracia social por una democracia de manual técnico no es neutra: orienta la legitimidad hacia quien controla los procedimientos, no hacia quien garantiza derechos efectivos.
El plan funciona como dispositivo de encuadre: fija desde qué perspectiva debe interpretarse la legitimidad institucional. Lo significativo no está en lo que promete modificar, sino en lo que decide no mirar. Feijóo no solo propone medidas; se reserva la posición desde la que se define qué es y qué no es democracia.