El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó en Barcelona su ‘Plan nacional para una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa’. Lo hizo con un mensaje claro: la nacionalidad española “no se regala, se merece”.
Pero más allá del eslogan, el discurso introduce un modelo de sociedad jerarquizado, donde el acceso a la ciudadanía se convierte en premio condicionado a la obediencia y a la utilidad económica.
La nacionalidad como frontera interior
Feijóo insiste en que “ser español no es solo vivir en España”, sino “participar de un proyecto común, compartir una historia y unos valores”. Lo que parece una apelación cívica es, en realidad, una redefinición del “nosotros”: un cerco simbólico donde los derechos se subordinan a un examen moral.
Convertir la nacionalidad en “reconocimiento al mérito” supone sustituir la igualdad ante la ley por un sistema de selección discrecional, donde el Estado decide quién merece pertenecer y quién no. Esa idea, repetida en distintas versiones por la derecha europea, rompe el principio de ciudadanía universal y abre la puerta a una gestión identitaria del Estado.
El líder popular no lo dice abiertamente, pero su propuesta legitima un sistema de exclusión regulada: la nacionalidad como recompensa, no como garantía.
El mérito como filtro y el castigo como norma
Feijóo plantea endurecer figuras como el arraigo y el asilo, reduciendo su aplicación a “casos excepcionales”. También propone un visado por puntos vinculado al empleo: el inmigrante entra con contrato; si lo pierde, se marcha.
El principio de fondo es claro: la permanencia depende de la productividad, no del derecho.
El discurso de la “tolerancia cero” añade otro nivel de control: la pérdida automática de residencia ante un delito. Bajo esa lógica, la ciudadanía se convierte en un privilegio revocable. Se penaliza la vulnerabilidad y se convierte el error en expulsión.
Mientras tanto, el PP propone centralizar todas las competencias migratorias en una única autoridad estatal y reforzar fronteras con la presencia total de Frontex. Esa recentralización limita el margen de acción de comunidades y ayuntamientos que hoy sostienen gran parte de las políticas de acogida.
El discurso del orden y la competencia con Vox
Feijóo se esfuerza en aparecer como alternativa razonable frente al extremismo de Vox, pero su propuesta desplaza el debate hacia la misma dirección: el control como sinónimo de eficacia.
La diferencia es de forma, no de fondo. Su tono tecnocrático disfraza una idea simple: cuantos menos migrantes visibles, más orden social.
Presentar el plan en Barcelona no fue casual. Es territorio donde la presión migratoria se usa como argumento electoral y donde el PP compite con fuerzas que rentabilizan el miedo. Allí, Feijóo pronunció su frase más calculada: “Hay barrios irreconocibles”. El mensaje no era sobre urbanismo ni convivencia: era una forma de señalar sin nombrar.
La doble vara: capital extranjero sí, migración obrera no
El Gobierno respondió rápido: si Feijóo teme que los barrios cambien de rostro, no le preocupa cuando los compran fondos internacionales o millonarios extranjeros.
El contraste es evidente: el PP tolera sin reparos la inmigración que compra, pero cuestiona la que trabaja, limpia, cuida o estudia.
Esa asimetría revela el verdadero eje de su plan: no se trata de proteger una identidad nacional, sino de preservar un modelo económico jerárquico. Los cuerpos migrantes que sostienen sectores feminizados y precarios —cuidados, limpieza, hostelería— son los primeros afectados por políticas que exigen “demostrar merecimiento”.
El fondo del discurso: control y rentabilidad política
El discurso de Feijóo es, en apariencia, técnico. Habla de visados, arraigo, normativa, control. Pero su trasfondo es una batalla cultural: convertir la idea de integración en herramienta de control social.
Su plan no busca ordenar la inmigración, sino administrar la diferencia bajo criterios de utilidad, docilidad y rentabilidad electoral.
La frase “la nacionalidad no se regala” no es solo un lema, es un diagnóstico político. Enmarca al inmigrante como sospechoso hasta que demuestre lo contrario.Y en ese gesto, el líder popular deja claro que su proyecto no es de gestión, sino de identidad.