Feijóo y Abascal deberían mirar a Estados Unidos: más de 200 mujeres muertas por las leyes antiaborto

Las muertes por embarazos ectópicos y los testimonios de pacientes que no recibieron tratamiento a tiempo exponen los peligros de una legislación que puede enfrentar a los médicos con el miedo a las consecuencias penales

22 de Noviembre de 2026
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Manifestación por el derecho al aborto. | Foto: Unsplash/Diana Caballero
Manifestación por el derecho al aborto. | Foto: Unsplash/Diana Caballero

Hay una pregunta que debería estar por encima de cualquier disputa partidista. ¿Puede una mujer llegar a un hospital con una complicación potencialmente mortal y no recibir a tiempo el tratamiento que necesita por miedo a que un médico interprete que está incumpliendo una ley sobre el aborto? En Estados Unidos, una investigación de ProPublica ha puesto cifras, nombres y testimonios estremecedores a esa posibilidad. Y lo que revela debería servir de advertencia también para España.

El reportaje documenta un aumento de las muertes relacionadas con embarazos ectópicos. Una complicación en la que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente en una trompa de Falopio. Se trata de embarazos que prácticamente nunca pueden llegar a término. Y que pueden provocar una hemorragia interna mortal si no se interviene a tiempo. La medicina dispone de tratamientos para evitar ese desenlace. El problema aparece cuando el diagnóstico se retrasa, la atención se demora o los profesionales sanitarios temen las consecuencias legales de actuar.

Según el análisis de ProPublica sobre los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) , casi 200 mujeres murieron por esta causa entre 2020 y 2025. Frente a aproximadamente un centenar durante los seis años anteriores. El incremento ha sido especialmente acusado en los estados que aprobaron prohibiciones estrictas del aborto tras la derogación de la protección federal establecida por la sentencia Roe contra Wade.

Los investigadores no atribuyen todas esas muertes a las restricciones legales. La pandemia, la saturación hospitalaria, las desigualdades sanitarias y otros factores también pueden haber influido. Pero los expertos consultados advierten de un elemento que no puede ignorarse. Las leyes restrictivas pueden crear un clima de incertidumbre en el que algunos profesionales prefieran esperar a tener una certeza diagnóstica absoluta antes de intervenir. Y, en una emergencia obstétrica, esperar puede ser precisamente lo más peligroso.

La paradoja es brutal. Una legislación presentada como defensora de la vida puede terminar dificultando el tratamiento que necesita una mujer para seguir viviendo.

El caso de Kyleigh Thurman y la huida de un estado a otro

El caso de Kyleigh Thurman ilustra esa contradicción. En Texas, en 2023, acudió a los servicios de urgencias con síntomas compatibles con un embarazo ectópico. Fue enviada a casa en dos ocasiones. Y terminó sufriendo la rotura de una trompa de Falopio, que tuvo que ser extirpada. Otra mujer, Leitaea Lowrimore, relató que recorrió varios hospitales de Oklahoma y Arkansas sin conseguir el tratamiento que necesitaba. Finalmente tuvo que desplazarse hasta Kansas para recibirlo. Según su demanda, un médico llegó a advertirle de que podía enfrentarse a diez años de prisión si intervenía.

No son únicamente historias de angustia individual. ProPublica detectó también que en Texas 310 pacientes más sufrieron hemorragias importantes después de un embarazo ectópico en 2023 y 2024 que en 2018 y 2019. Un incremento aproximado del 29% . La investigación no demuestra por sí sola que las leyes expliquen todo ese aumento. Pero sí dibuja un escenario que obliga a examinar el impacto real de las restricciones sobre la práctica médica.

Y ahí comienza el paralelismo con España.

¿Qué podría ocurrir si PP y Vox trasladaran su política restrictiva a España?

¿Qué podría ocurrir si PP y Vox llegaran al Gobierno y trasladaran a la legislación española una política cada vez más restrictiva respecto al aborto? No sería riguroso afirmar que España reproduciría automáticamente la situación estadounidense. Los sistemas sanitarios, las leyes y las instituciones son diferentes. Tampoco sería correcto presentar como una prohibición total del aborto lo que hoy son posiciones políticas distintas y propuestas de alcance desigual. Pero sí existe una cuestión legítima que merece atención. Qué consecuencias tendría un cambio normativo que debilitara las garantías actuales o instalara nuevas barreras alrededor de la interrupción del embarazo.

El Partido Popular mantiene una posición ambigua en algunos aspectos. Su dirección ha expresado que conservaría la actual ley de plazos. Aunque Alberto Núñez Feijóo ha defendido que las menores de 16 y 17 años informen a sus padres si desean abortar. El programa electoral de 2026 no menciona expresamente el derecho al aborto. Y apuesta por medidas de apoyo a la natalidad. Entre ellas, computar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas familiares. Vox, por su parte, defiende en su programa el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Aunque ha retirado de su programa actual la petición expresa de derogar la ley del aborto que sí figuraba en el de 2023, su orientación política continúa situando la protección del concebido en el centro de su discurso.

Además, PP y Vox se opusieron en el Congreso a la tramitación de la reforma constitucional planteada para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Son hechos políticos que permiten analizar una posible evolución restrictiva. Aunque no autorizan a dar por aprobada una futura prohibición. La diferencia entre lo que un partido defiende, lo que promete y lo que finalmente puede convertir en ley es esencial.

La preocupación no es solo el aborto: es la urgencia médica

La preocupación no se limita a que una mujer encuentre más obstáculos para ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo. Afecta también a una situación médica completamente distinta. Aquella en la que la gestación supone un peligro para su salud o su vida y necesita una intervención urgente.

Un embarazo ectópico no es un embarazo que pueda salvarse mediante la espera. Cuando existe sospecha clínica, los médicos deben realizar pruebas, valorar los síntomas y decidir el tratamiento adecuado. El problema descrito en Estados Unidos surge precisamente porque, al comienzo, una ecografía puede no ofrecer una imagen concluyente. Puede ser necesario repetir pruebas y analizar la evolución hormonal durante varios días. Si el profesional interpreta que solo estará protegido legalmente cuando exista una confirmación indiscutible, la paciente puede quedar atrapada en una espera que agrave su situación.

España cuenta con un marco jurídico diferente. La Ley Orgánica 1/2023 reconoce y desarrolla garantías para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y la regulación sanitaria contempla la atención de las complicaciones que ponen en riesgo a las pacientes. No existe una equivalencia automática entre las prohibiciones aprobadas en determinados estados norteamericanos y la legislación española. Pero una eventual reforma restrictiva tendría que responder con absoluta claridad a una cuestión. ¿Puede un médico actuar desde el primer momento en que la evidencia clínica aconseja intervenir, sin temor a una persecución penal o disciplinaria por una interpretación posterior de la norma?

Las excepciones legales no bastan si están redactadas de forma confusa, si dejan zonas grises o si trasladan al profesional la sensación de que cada decisión puede acabar examinada por un fiscal. La medicina trabaja con probabilidades, síntomas y riesgos. No siempre puede esperar a disponer de una certeza matemática. Convertir una urgencia clínica en un problema de interpretación política o penal puede tener consecuencias irreversibles.

La lección británica y la frontera que ninguna política debería cruzar

Ese es el verdadero aviso que llega desde Estados Unidos. No se trata de sostener que PP y Vox vayan necesariamente a provocar en España las mismas consecuencias que las prohibiciones estadounidenses. Se trata de exigir que cualquier propuesta legislativa explique cómo protegerá a las mujeres cuando una complicación obstétrica exija actuar sin demora. La objeción de conciencia, además, no puede convertirse en una barrera que deje a una paciente sin atención efectiva.

La experiencia británica citada por ProPublica ofrece otra lección. Tras detectar un repunte de muertes por embarazos ectópicos, investigadores y responsables sanitarios estudiaron los casos, formularon recomendaciones y modificaron los mecanismos de atención urgente. La primera condición para corregir un problema fue reconocerlo, investigarlo y comprender sus causas.

España debería aprender de ambas experiencias antes de que una emergencia médica se convierta en el campo de batalla de una disputa ideológica. Los programas electorales pueden cambiar. Las mayorías parlamentarias pueden negociar. Y las leyes pueden reformarse. Pero hay una frontera que ninguna estrategia política debería cruzar. La seguridad de una mujer que llega a urgencias con riesgo de sufrir una hemorragia mortal.

El debate sobre el aborto no puede reducirse a una consigna sobre la vida mientras se ignora la vida de las mujeres que necesitan atención inmediata. Si un futuro Gobierno de PP y Vox decidiera endurecer la legislación, tendría la obligación de garantizar que ningún médico dude, que ningún hospital retrase una intervención necesaria y que ninguna paciente tenga que recorrer cientos de kilómetros para recibir un tratamiento que puede salvarla.

Porque el riesgo no empieza necesariamente cuando una ley prohíbe expresamente una intervención. Puede empezar mucho antes. Cuando el miedo sustituye al criterio clínico. Cuando la incertidumbre jurídica paraliza una decisión médica. Y cuando una mujer deja de ser una paciente para convertirse en el centro de una batalla política. Y entonces la pregunta ya no será quién ha ganado la discusión sobre el aborto. Será cuántas mujeres tuvieron que esperar demasiado para que alguien pudiera atenderlas.

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