La extrema derecha ha convertido el consenso en traición

Durante más de 70 años de arquitectura democrática posterior a la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de acuerdo entre adversarios políticos representó la mayor de las fortalezas. La cultura del pacto, la cesión mutua y la búsqueda del centro de gravedad de la sociedad civil constituían la piedra angular de la estabilidad en los Estados de derecho. Un gobernante que lograba tejer alianzas transversales era percibido como un estadista maduro capaz de situar la seguridad colectiva y la cohesión de su país por encima de los intereses partidistas. Sin embargo, en el turbulento clima político posterior a la crisis de 2008, ese viejo paradigma ha saltado por los aires de forma violenta. Hoy, la transacción entre distintas opciones ideológicas ya no se premia como una muestra de altura de Estado, sino que se castiga como una debilidad imperdonable o se vilipendia abiertamente como un acto de traición a la patria.

Este giro tectónico en la cultura política de Occidente no es un fenómeno fortuito ni una mera anécdota retórica, es el resultado directo de una espiral de polarización calculada, donde el crecimiento meteórico de las fuerzas de extrema derecha ha logrado reconfigurar por completo los incentivos del juego democrático. Al convertir cada debate en un enfrentamiento existencial de suma cero, las corrientes radicales han transformado la moderación en cobardía y el compromiso multipartidista en una capitulación ideológica. El margen para la transacción pragmática se ha reducido a la mínima expresión y eso condena a las instituciones de la democracia representativa a una parálisis sistémica que amenaza con vaciar de contenido el propio contrato social. El último ejemplo ha sido la España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, sobre todo en la última legislatura.

Dinamitar la centralidad, la estrategia de la extrema derecha

Para comprender la rápida devaluación del consenso es imprescindible analizar el método operativo de la actual ultraderecha. A diferencia de las fuerzas conservadoras tradicionales, que competían dentro de los márgenes aceptados del orden constitucional y buscaban atraer al votante moderado mediante propuestas de gestión, las formaciones de extrema derecha prosperan precisamente en el conflicto de alta intensidad. Su negocio político no consiste en construir mayorías de gobierno amplias alrededor de reformas de consenso, sino en ensanchar las grietas sociales, enardecer las identidades agriadas y dinamitar los puentes de entendimiento entre el centro-derecha y la centro-izquierda.

La estrategia de la extrema derecha descansa sobre una premisa retórica implacable: la política no es la gestión de los matices o la búsqueda del bien común, sino una guerra cultural abierta contra un enemigo interior. Bajo esta premisa maniquea, cualquier aproximación al adversario socialdemócrata o liberal pasa a ser catalogada de complicidad con la decadencia moral, el globalismo o la ruina de la patria. Al calificar el compromiso institucional como una traición a los electores, estas formaciones han logrado correr de forma drástica la ventana de oportunidad política hacia los extremos. Arrastran con ello al conjunto del sistema a una dinámica de atrincheramiento tribal.

El impacto sobre los partidos conservadores tradicionales ha sido devastador. Atenazados por el temor constante a perder votantes por su flanco derecho, los líderes del centro derecha han ido abandonando los espacios de pacto de Estado con las fuerzas de centro izquierda. La mera posibilidad de negociar la renovación de órganos constitucionales, acordar leyes de educación a largo plazo o cerrar grandes pactos sobre el modelo de pensiones es utilizada de inmediato por la ultraderecha para tildar a los moderados de blandos, sumisos o cómplices del progresismo. Así, el diálogo entre partidos de gobierno deja de ser una herramienta de estabilidad, se transforma en un auténtico suicidio electoral dentro del propio bloque ideológico.

La pureza ideológica en el bloque progresista

Sin embargo, el envenenamiento del consenso no es una patología exclusiva de la derecha. La onda expansiva de esta polarización radical ha terminado contagiando de forma simétrica al espacio de la izquierda. Frente al avance de los discursos reaccionarios y ante la agresividad dialéctica de los populismos de extrema derecha, diversos sectores del ámbito progresista han respondido adoptando una intransigencia espejo y convierten la pureza ideológica en la única vara de medir aceptable para sus dirigentes.

En esta lógica de trinchera cruzada, cualquier intento de un gobierno progresista por negociar con la derecha tradicional en materias económicas, de defensa o de política exterior se interpreta desde las corrientes más radicales del propio bloque como una renuncia inaceptable a los principios o como una rendición ante los poderes económicos. El pacto, que en tiempos de complejidad parlamentaria exige ceder terreno para avanzar en lo fundamental, pasa a ser demonizado como una tibieza inaceptable. Los dirigentes socialdemócratas o liberales se encuentran así atrapados en una pinza paralizante: si pactan con el centro derecha, son acusados de traición por su izquierda. Si renuncian al diálogo, consolidan el bloqueo institucional.

El resultado de este ecosistema de sospecha recíproca es la desintegración de los grandes consensos de Estado que garantizaban la continuidad de las políticas públicas a través de las alternancias de gobierno. Leyes clave en materia energética, sanidad, política territorial, vivienda o defensa nacional son derogadas o reformadas de raíz cada vez que cambia el color de la administración. Eso sume a la economía y a la sociedad civil en una volatilidad jurídica permanente que disuade la inversión a largo plazo y destruye la confianza de los ciudadanos en la eficacia de las instituciones.

La dictadura del algoritmo de la indignación

A la reconfiguración del mapa de partidos se le suma un acelerador tecnológico de efectos devastadores para el compromiso político: la mutación del ecosistema mediático y la hegemonía de las redes sociales. Las plataformas digitales y las dinámicas de comunicación de última generación no han sido diseñadas para premiar el matiz, la complejidad del debate legislativo ni la renuncia parcial en favor del interés colectivo. Al contrario. Las líneas de código que rigen la atención pública responden a un principio monetizable muy simple: la indignación rápida genera interacción. Mientras tanto, la moderación y el acuerdo aburren y pasan desapercibidos.

En este circo mediático permanente, el político que busca el consenso trasversal y cede en un punto de la negociación para salvar una reforma es presentado en tiempo real por los altavoces de la indignación como un perdedor o un traidor. La retórica de guerra, el exabrupto en la sesión de control y la frase envenenada diseñada para hacerse viral en las pantallas obtienen una cobertura desproporcionada, mucho más que la tediosa tarea de redactar un texto legal consensuado. La ultraderecha ha demostrado una maestría absoluta en el manejo de este lenguaje fragmentado y visceral y ha obligado al resto de los actores políticos a adoptar un tono crecientemente agresivo para evitar quedar fuera del foco mediático. Esa es la razón de que los partidos de centro derecha y de centro izquierda tengan en sus filas a perros de presa que incendian las redes. Ese es su trabajo: destruir el consenso en favor de intereses egoístas y obscenos.

Esta aceleración de los tiempos de la política ha dinamitado los espacios de negociación discreta donde históricamente se tejían los grandes consensos. Cuando cada sesión de control es retransmitida en directo y cada borrador filtrado se convierte en combustible para el linchamiento en redes, el margen para que las partes hagan concesiones recíprocas desaparece. Ningún negociador puede permitirse ceder públicamente ante su adversario si sabe que esa cesión será utilizada minutos después por los sectores más radicales de su propio electorado para exigir su cabeza política.

El uso espurio del procedimiento

Una de las consecuencias más graves de esta dinámica de confrontación permanente es la degradación de las normas no escritas de la cortesía parlamentaria. Durante décadas, el funcionamiento fluido de las instituciones democráticas dependió no solo del texto rígido de las constituciones, también de un consenso tácito sobre los límites de la refriega partidista. Existía el compromiso implícito de no utilizar los mecanismos procedimentales como armas de destrucción masiva, de no bloquear la composición de las altas magistraturas judiciales y de no deslegitimar los resultados electorales cuando el recuento no favorecía las propias siglas.

La emergencia de la extrema derecha y la asimilación de sus métodos por parte de la política mayoritaria han saltado por los aires estos diques de contención institucionales. Los vetos cruzados a los nombramientos judiciales, el abuso de las comisiones de investigación como tribunales de paseíllo mediático, la filibustería parlamentaria sistemática y el cuestionamiento preventivo de la neutralidad de los organismos electorales se han convertido en prácticas habituales. La política ha dejado de ser el espacio de resolución de los conflictos sociales y se ha transformado en el origen principal de la inestabilidad.

Cuando los procedimientos constitucionales son forzados hasta el límite para impedir que el rival gobierne o para bloquear la acción del Ejecutivo, las instituciones se vacían de legitimidad ante los ojos de la población, la ciudadanía contempla con estupefacción un teatro de veto cruzado donde la clase política parece atrincherada en sus batallas de poder. Mientras tanto, las urgencias cotidianas, por ejemplo, como el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o el deterioro de los servicios públicos, quedan aparcadas por falta de consensos mínimos.

Ingobernabilidad: el camino hacia el autoritarismo

El peligro último de este proceso de degradación del consenso no es simplemente la parálisis legislativa, sino la siembra consciente del terreno para el colapso del propio sistema democrático. Existe una contradicción perversa en la estrategia de las fuerzas radicales. Primero sabotean la posibilidad de acuerdos transversales, bloquean la aprobación de presupuestos y convierten los parlamentos en trincheras de descalificación mutua. A continuación, señalan esa misma ineficacia institucional ante la opinión pública para argumentar que la democracia parlamentaria es un modelo caduco, lento e inútil para resolver los problemas reales de la gente.

Es la trampa perfecta de la ingobernabilidad. Al inhabilitar el compromiso como herramienta útil para dar respuesta a los problemas de la sociedad, la ultraderecha alimenta el desengaño cívico y prepara el camino para su verdadero proyecto político: el advenimiento de liderazgos fuertes de corte autoritario que prometen saltarse los contrapesos institucionales, el debate parlamentario y la negociación colectiva para imponer soluciones unilaterales por la vía del decreto. La destrucción del pacto entre diferentes es el paso previo necesario para justificar la imposición de la voluntad de una sola parte sobre el conjunto de la sociedad.