La histórica victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil no solo representó una proeza estadística sin precedentes. Jamás un candidato había remontado en segunda vuelta en la joven democracia del gigante sudamericano. Erigió un dique de contención imprevisto frente al avance de la extrema derecha global. En un continente donde el descontento ciudadano venía impulsando un giro pendular hacia opciones ultraconservadoras en países como Chile, Colombia o Perú, el triunfo de Lula quebró la inercia del derrotismo progresista. Proyectó una interrogante inevitable sobre el mapa geopolítico. ¿Estamos ante una simple anomalía estadística o presenciamos los primeros síntomas de una urgente corrección de rumbo democrático?
El contexto en el que se produce este hito no podía ser más adverso para las libertades civiles. Mientras en Serbia las protestas estudiantiles lograban doblegar la autocracia de Aleksandar Vucic y la oposición húngara mostraba fisuras en el muro de Viktor Orbán, el cómputo global del deterioro institucional sigue arrojando un saldo preocupante. Según las mediciones de Freedom House, la libertad global ha experimentado su vigésimo año consecutivo de retroceso. Con erosiones severas en los derechos políticos y las garantías constitucionales de naciones tan diversas como Italia, Bulgaria o El Salvador. Sin embargo..., la resistencia encarnada por la sociedad brasileña demuestra que el consentimiento social hacia las derivas autoritarias no es un cheque en blanco. Aunque las causas profundas que alimentan el fuego del radicalismo permanezcan prácticamente intactas.
La gran diferencia entre la victoria de la izquierda en Brasil y las recientes sacudidas electorales en otros rincones del planeta reside en la naturaleza de la motivación popular. En Brasil, una mayoría ajustada de votantes respaldó la candidatura de Lula priorizando el blindaje de las instituciones y la memoria del asalto antidemocrático perpetrado por el bolsonarismo. Asumieron con resignación las presiones de la deuda pública y la inflación. Por el contrario, el electorado de las grandes potencias occidentales ha demostrado una inquietante indiferencia hacia la salud republicana cuando esta se sopesa frente al coste de la vida cotidiana.
El caso de Donald Trump en Estados Unidos ilustra a la perfección esta trampa sociológica. Tras un mandato marcado por el desafío a los tribunales, la elusión del Congreso y la impugnación sistemática del sistema electoral, el mandatario republicano logró retornar a la Casa Blanca impulsado por el malestar económico de las clases medias. No obstante, el rápido desplome de su popularidad hasta cotas históricamente bajas del treinta y uno por ciento terminó por detonar una contundente ola azul en las elecciones de mitad de mandato. Lo catapultó el encarecimiento de la gasolina, el impacto de las sanciones comerciales y el desgaste de la escalada bélica en Irán. Los votantes estadounidenses no castigaron el desprecio por la arquitectura constitucional. Castigaron el deterioro de sus bolsillos. Confirma algo incómodo. La estabilidad democrática cotiza a la baja cuando la prosperidad material se evapora.
El fracaso de las democracias
Para comprender el magnetismo que continúan ejerciendo los liderazgos autocráticos es imprescindible auscultar el agotamiento del modelo liberal postindustrial. Las democracias representativas están perdiendo el favor de los ciudadanos porque han demostrado una incapacidad paralizante para resolver los grandes dilemas de nuestro tiempo. Desde la incapacidad para frenar el cambio climático hasta la falta de regulación ética frente al avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Pasando por el fracaso en la distribución equitativa de la riqueza en una economía globalizada. Ante la parálisis de las instituciones tradicionales, el discurso de la extrema derecha ofrece el espejismo de la certidumbre. Soluciones impuestas desde arriba, repliegue nacionalista y el retorno a un pasado mítico de seguridad colectiva.
Lejos de constituir una opción política convencional dentro del juego parlamentario, las fuerzas de la ultraderecha utilizan las herramientas del propio sistema —elecciones, reformas legales y contenciosos judiciales— para desmantelar desde dentro los contrapesos del Estado de derecho. Su estrategia no es coyuntural. Responde a una impugnación de la globalización que equipara erróneamente el libre comercio con la protección ambiental o los derechos humanos. Líderes como Jair Bolsonaro o Yoon Suk Yeol en Corea del Sur pueden terminar rindiendo cuentas ante la justicia o ingresando en prisión por sus tentativas autoritarias. Pero el sustrato del descontento que los encumbró permanecerá latente mientras el centro y la izquierda no logren articular una respuesta convincente.
La reconstrucción del contrato social
La lección que deja el convulso escenario internacional es tan clara como exigente. Derrotar electoralmente a los candidatos del extremismo en Brasilia, Washington o París representa tan solo una tregua temporal en una batalla de largo alcance. La extrema derecha no busca alternarse civilizadamente en el poder. Su objetivo final es dinamitar el péndulo democrático para perpetuar su hegemonía de forma indefinida y al margen del escrutinio cívico.
La tarea urgente que aguarda a las fuerzas democráticas pasa por abandonar la mera resistencia retórica y edificar un nuevo internacionalismo pragmático. Las instituciones liberales deben demostrar con hechos que son capaces de devolver la seguridad económica a la persona común, garantizar salarios dignos y proteger el planeta sin sacrificar las libertades individuales. Mientras el proyecto democrático no vuelva a ser sinónimo de prosperidad compartida y justicia social, los cantos de sirena del autoritarismo seguirán encontrando oídos dispuestos a entregar su libertad a cambio de la promesa de un orden perdido.
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