Europa desmonta el relato de PP y Vox contra la amnistía

Durante casi tres años, una frase se repitió como un mantra desde la tribuna del Congreso de los Diputados, los platós de televisión y las manifestaciones convocadas por el Partido Popular y Vox: "Pedro Sánchez ha vendido España por siete votos". Aquella afirmación, más allá de ser un simple eslogan político, era el cimiento sobre el que se construyó el relato de toda una legislatura. La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este jueves acaba de hacer mucho más difícil sostenerlo.

Desde el primer día, la amnistía dejó de ser presentada como una ley discutible para convertirse en la prueba de que el Gobierno había cruzado una línea roja incompatible con el Estado de Derecho. España, según la oposición, estaba dejando de ser una democracia homologable a las del resto de Europa. La investidura de Pedro Sánchez era fruto de una transacción política, "un golpe a la democracia por su ambición de permanecer en La Moncloa", en palabras de los líderes de la derecha y la extrema derecha, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que, tarde o temprano, la justicia europea acabaría corrigiendo.

Ese discurso se alimentó durante meses desde todas las tribunas posibles: horas y horas de tertulias radiofónicas y televisivas, chorros de tinta en un sinnúmero de páginas de periódicos impresos, infinidad de publicaciones en redes sociales e incluso vídeos de agitadores vinculados a pseudomedios llamando a concentraciones por toda España para "acabar con la traición de Sánchez" y exigir "Sánchez, dimisión".

Y así, prácticamente un domingo al mes, la oposición al llamado Sanchismo, encabezada por el Partido Popular y Vox, convocaba o respaldaba manifestaciones contra la amnistía con un discurso similar, por no decir idéntico. Ya sin apenas matices entre quien había sido históricamente un partido de Estado, como el PP, y Vox, formación de extrema derecha, ambos arengaban a miles de ciudadanos a salir a las calles portando pancartas con lemas como "Sánchez traidor", "España no se vende" o "No a la amnistía para terroristas".

Crispación en las calles... y hasta en los juzgados

Con miles de banderas españolas y europeas ondeando frente a sus seguidores —las concentraciones se celebraron prácticamente una vez al mes en la Plaza de Colón o en el Paseo de la Castellana—, Alberto Núñez Feijóo repetía en cada acto que se trataba de "la mayor degradación institucional de nuestra democracia", mientras que Santiago Abascal denunciaba "un golpe contra el orden constitucional". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insistía en que "con Sánchez, España se rompe".

Tal fue el grado de crispación política que incluso jueces y magistrados, quienes por la naturaleza de su función deberían mantener —o, al menos, proyectar— una imagen de neutralidad institucional y respeto hacia el resto de los poderes del Estado y las leyes emanadas del Congreso de los Diputados, llegaron a manifestarse con sus togas a las puertas de los tribunales. Una situación inédita en los casi 50 años de democracia española, que tensionó la relación entre dos de los pilares del Estado constitucional —el poder ejecutivo y el legislativo— y parte del poder judicial.

Con las calles agitadas, los portavoces mediáticos de la derecha y la extrema derecha tratando de instalar en todas las tertulias el discurso de la supuesta inconstitucionalidad de la ley, y con miembros de la judicatura protestando ante los juzgados, se pretendió consolidar una estrategia de desgaste contra el gobierno de coalición progresista basada en una idea muy concreta: que la ley de amnistía era incompatible con el ordenamiento jurídico europeo y que, tarde o temprano, los tribunales de la Unión Europea terminarían anulándola. Después de que el Tribunal Constitucional avalara la constitucionalidad de la norma, la última esperanza del bloque conservador y de la ultraderecha estaba en Europa.

Y ese día llegó. El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), integrado por magistrados de los distintos Estados miembros, ha desarmado este jueves el principal soporte jurídico sobre el que se construyó el relato de la oposición. La resolución concluye que la aprobación de la ley no situó a España al margen del ordenamiento jurídico europeo, desmontando así el discurso que durante años sostuvo que el país caminaba hacia una deriva incompatible con los valores de la Unión Europea. Un relato que llegó a equiparar el llamado Sanchismo con regímenes autoritarios como "Cuba" o "Venezuela".

La "doble traición" de Pedro Sánchez

Como defendía en un artículo anterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó una "doble traición" que ayuda a entender buena parte del clima político de los últimos años.

La primera consistió en romper una especie de regla no escrita que había presidido buena parte de los últimos 50 años de democracia española: la convicción, profundamente arraigada en una parte de la sociedad y del sistema político, de que debía gobernar el partido más votado. Aunque la Constitución Española nunca ha recogido semejante principio y establece que gobierna quien obtiene la confianza del Congreso, la continuidad de Pedro Sánchez tras las elecciones de 2023 fue vivida por una parte de la derecha política, mediática e incluso judicial como una anomalía que debía ser corregida o, al menos, permanentemente cuestionada.

La segunda llegó con los indultos a los líderes independentistas catalanes y, posteriormente, con la aprobación de la ley de amnistía. Sin dejar de ser decisiones profundamente polémicas, marcaron un antes y un después en la relación entre el Gobierno y determinados sectores del poder judicial, del empresariado y de las grandes corporaciones de comunicación.

Para una parte importante de la derecha, Pedro Sánchez cruzó una línea roja al convertir la normalización institucional con el independentismo en una pieza clave de su estrategia de gobernabilidad. Y una parte del aparato judicial jamás le perdonó haber impulsado medidas destinadas a desjudicializar el conflicto catalán tras el procés.

Gatopardismo de los populares

Durante tres años, el independentismo fue presentado por el Partido Popular como la mayor amenaza para España. La amnistía justificó manifestaciones, movilizaciones permanentes y un discurso según el cual el Estado estaba siendo entregado a quienes pretendían destruirlo. Sin embargo, cuando la posibilidad de una futura mayoría parlamentaria comienza a depender —aunque solo sea potencialmente— de Junts, el procés pasa a ser un episodio del pasado.

En este contexto, no dejan de resultar llamativas las declaraciones realizadas el pasado 25 de junio por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una entrevista en el programa Hora 25, de la Cadena SER. En ella afirmó: "Lo que sucedió en Cataluña en 2017 sucedió en 2017. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal".

Conviene recordar, además, un dato que rara vez aparece en ese relato. Fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando el independentismo alcanzó su momento de mayor fortaleza política e institucional. El referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la declaración unilateral de independencia y la mayor crisis territorial de nuestra democracia se produjeron bajo un Ejecutivo del Partido Popular.

Por lo tanto, a los conservadores les resulta cada vez más difícil sostener que Pedro Sánchez haya querido "romper España" por aprobar una ley que, para sus defensores, ha contribuido a la concordia y a la reconciliación de una sociedad catalana fracturada durante años, y que, además, pretendía cerrar la herencia política y judicial recibida del Gobierno de Mariano Rajoy.

El mismo Carles Puigdemont al que durante tres años, desde las filas del Partido Popular y de Vox, se ha calificado de "prófugo de la Justicia", "delincuente", "chantajista" y "socio del Sanchismo" podría convertirse, dentro de unos meses, en el interlocutor imprescindible de Alberto Núñez Feijóo si las próximas elecciones generales vuelven a dejar un Congreso de los Diputados sin mayorías absolutas. Es evidente que la diferencia entre un enemigo de España y un socio parlamentario, a veces, no la marcan los principios, sino los escaños.

Cabe recordar que José María Aznar llegó a La Moncloa en 1996 gracias al apoyo de Convergència i Unió y construyó una sólida relación política con Jordi Pujol. En la memoria colectiva retumbará eternamente aquella célebre frase de que hablaba "catalán en la intimidad". En aquellas conversaciones "íntimas" con el nacionalismo catalán, los populares pactaron importantes transferencias de recursos públicos y competencias para la Generalitat de Cataluña, prácticamente hasta el límite que permitía la Constitución Española. Curiosamente, años más tarde, los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC, Junts o el PNV para lograr su investidura serían duramente cuestionados por ese mismo Partido Popular, que los calificó de "chantaje" de los nacionalistas al resto del Estado. Quienes un día fueron aliados imprescindibles pasaron, de repente, a convertirse en adversarios irreconciliables.

¿Y ahora qué?

Durante casi tres años se aseguró que Europa acabaría poniendo fin a una legislatura nacida con un "pecado original": la supuesta traición de Pedro Sánchez al Estado de derecho por permanecer en La Moncloa.

Sin embargo, este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no ha dicho lo que tantos anunciaban —y esperaban—. Eso no convierte la amnistía en una buena ley, ni absuelve políticamente a Pedro Sánchez de sus contradicciones. Pero sí desmonta el gran relato sobre el que PP y Vox han construido buena parte de su oposición: España no es una tiranía, no es "Cuba", no es "Venezuela". España no se ha roto ni se romperá por esta resolución. Nuestro país sigue siendo un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea, sometido al control de sus instituciones y plenamente integrado en su ordenamiento jurídico.

Ahora queda por comprobar si quienes durante estos años denunciaban que "España se vendía por siete votos" mantendrán el mismo discurso cuando esos mismos votos puedan abrirles las puertas de La Moncloa.