El Partido Popular sale hoy a la calle a protestar por la corrupción tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos, exministro y ex mano derecha de Pedro Sánchez. Este escenario recuerda a cómo desde el PSOE se convocaron manifestaciones tras el estallido de casos de corrupción en el Partido Popular. La estrategia es la misma, y, por desgracia, cambiará de lado cuando el PP vuelva a gobernar algún día y le estalle una nueva causa. Entonces serán los socialistas los que salgan a la calle y los populares los que se presentarán como víctimas de actuaciones individuales. Sin embargo, no se aplican medidas efectivas para frenar en parte las actuaciones corruptas porque es absurdo afirmar que se va a erradicar la corrupción. Eso es un imposible porque forma parte de la condición humana.
La reciente entrada en prisión de Ábalos ha vuelto a poner de relieve un fenómeno estructural de la política española: la forma en que los grandes partidos, independientemente de su ideología, gestionan los escándalos de corrupción. La reacción inmediata del PSOE, como de costumbre, fue proyectar el caso como un incidente aislado, desvinculando al partido de las irregularidades atribuidas al exministro y presentando a Ábalos como víctima de una investigación judicial desproporcionada. Los medios próximos al Ejecutivo subrayaron la supuesta persecución, sugiriendo que el proceso formaba parte de un entramado de acoso político que buscaba debilitar la figura del líder socialista. De manera casi simultánea, el Partido Popular no perdió la oportunidad de utilizar el caso como arma política, señalando la persistente cultura de impunidad en el PSOE y enfatizando la necesidad de una gestión ética y transparente de la cosa pública. La simetría de estas respuestas no es casual: revela un patrón de comportamiento que se repite cada vez que un dirigente de uno u otro partido queda implicado en irregularidades.
Tanto el PSOE como el PP han cultivado la narrativa de la intransigencia frente a la corrupción como una herramienta de legitimación. Desde el caso Gürtel hasta los ERE en Andalucía, pasando por la financiación irregular del PSOE en los años noventa o el pago de la reforma de la sede central del PP con dinero negro, ambos partidos han desplegado la misma estrategia: presentar la corrupción como responsabilidad de individuos concretos, desvinculando al partido y a sus estructuras institucionales de cualquier implicación. Esta técnica permite proyectar una imagen de rectitud mientras se gestiona la crisis interna y se trata de preservar la confianza de la base electoral. En el caso de Ábalos, el PSOE insistió en que se trataba de conductas individuales, con un énfasis en que la investigación judicial no cuestionaba la legitimidad ni la ética del partido en su conjunto. De manera análoga, el PP ha reaccionado a investigaciones que afectaron a sus dirigentes, como ocurrió con el caso Bárcenas, proclamando que los procedimientos judiciales perseguían fines políticos y que las irregularidades eran atribuibles únicamente a algunos individuos aislados.
La narrativa de víctima es un elemento recurrente en la política española, utilizada por ambos partidos para generar empatía y reforzar la percepción de injusticia frente a la opinión pública. Cuando el PSOE afronta escándalos internos, se enfatiza la supuesta persecución judicial y mediática, mientras que el PP, en situaciones equivalentes, denunció la politización de los tribunales y la instrumentalización de los procesos por parte del adversario. Este recurso permite a los partidos movilizar emociones más que razonamientos, centrando la atención del electorado en el espectáculo de la confrontación en lugar de en los hechos probados. La victimización individual, en este contexto, se convierte en un escudo narrativo que protege la legitimidad institucional frente a las investigaciones en curso.
Paralelamente, ambos partidos han demostrado la capacidad de transformar la indignación pública en herramienta política. Cuando se producen escándalos que afectan a la dirección rival, se organizan manifestaciones, ruedas de prensa y debates públicos destinados a enfatizar la corrupción del adversario, mientras se minimizan o justifican los propios errores. Durante los años de instrucción del caso Gürtel, el PP movilizó a sus bases para denunciar supuestas irregularidades en la financiación socialista, presentando al PSOE como responsable de un entramado corrupto, mientras su propia dirección afrontaba acusaciones similares con una narrativa de persecución. El PSOE ha replicado la misma estrategia frente a los ERE o las actuales investigaciones judiciales, mostrando a la dirección nacional como víctima de conspiraciones judiciales y mediáticas. Este patrón demuestra que la política de la indignación se ha convertido en un mecanismo recurrente de gestión de crisis, que trasciende la ideología y se centra en la supervivencia política.
La personación de los partidos como perjudicados en los procesos judiciales es otra faceta de esta estrategia gemela. En España, la acusación de “persecución judicial” se ha convertido en un recurso habitual, utilizado tanto por socialistas como por populares para desacreditar las investigaciones y reforzar la narrativa de injusticia. La dirección del PSOE, por ejemplo, ha sostenido que los procedimientos abiertos contra el entorno familiar de Pedro Sánchez buscan dañar la imagen del partido, mientras, como sucede con el caso Ábalos, los tribunales avanzan con documentación y testimonios que apuntan a irregularidades concretas. De manera similar, el PP se presentó como víctima de causas judiciales durante la investigación de los casos Bárcenas, Gürtel o Púnica, sugiriendo que existía un trasfondo político detrás de cada diligencia, aunque la evidencia apuntaba a delitos probados. Esta mezcla de percepción de injusticia y argumentación legal genera confusión en la opinión pública, debilitando la credibilidad de las investigaciones y reforzando la capacidad de los partidos para controlar el relato.
El patrón histórico confirma que la gestión de la corrupción en España no depende de la ideología del partido gobernante. Tanto el PSOE como el PP han adoptado estrategias casi idénticas frente a escándalos que afectan a sus dirigentes, presentándose como víctimas de actos individuales, denunciando la persecución judicial y movilizando a la opinión pública contra el adversario. Casos como el de los ERE, Gürtel, Bárcenas o la financiación irregular del PSOE en los noventa evidencian la consistencia de esta conducta: los hechos de corrupción se transforman en espectáculo político, mientras la narrativa de víctima se convierte en instrumento de legitimación y defensa partidista.
El efecto de estas estrategias sobre la ciudadanía es ambivalente. Por un lado, generan cohesión entre una parte de la base electoral y movilizan emociones que pueden traducirse en respaldo político temporal. Por otro, erosionan la confianza en las instituciones, politizan la justicia y alimentan la percepción de impunidad. La combinación de escándalos individuales, dramatización mediática y victimización partidista contribuye a un ciclo de desafección y escepticismo, donde la política se percibe más como un juego de supervivencia que como un mecanismo de rendición de cuentas. En este contexto, los nuevos actores políticos que promueven transparencia y responsabilidad encuentran terreno fértil, capitalizando la desconfianza hacia los partidos tradicionales.
La entrada en prisión de José Luis Ábalos ilustra con claridad cómo PSOE y PP reproducen patrones de gestión de la corrupción que han demostrado su efectividad narrativa pero también sus limitaciones estructurales. Ambos partidos recurren a la victimización, a la acusación de persecución judicial y a la movilización de la indignación pública, creando un escenario donde la corrupción se transforma en espectáculo y la rendición de cuentas queda supeditada a la construcción de relatos. Esta estrategia, aunque útil a corto plazo, deja un saldo de erosión institucional y desconfianza ciudadana que afecta a la credibilidad del sistema político en su conjunto.