Hay momentos en los que la política se desnuda por completo. No hace falta un gran escándalo, ni una trama compleja, ni un informe técnico. Basta una frase. Una comparación. Una broma fuera de lugar. Y eso es exactamente lo que ocurrió la pasada semana con Ester Muñoz, la controvertida portavoz del Partido Popular cuya reacción tras el secuestro de un casco azul español por parte de Israel dejó al descubierto una preocupante mezcla de frivolidad, irresponsabilidad y falta de empatía institucional. “Lo que sí sabemos es que ha estado durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”.
No es la primera metedura de pata de la portavoz del PP elegida por Feijóo como apuesta personal. En 2019, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, criticó la existencia de una partida de 15 millones de euros para exhumaciones en el marco de la Ley de Memoria Histórica, declarando: “Quince millones de euros, hombre, ahí no hubo error. Quince millones para crear una verdad de Estado; quince millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar los salarios de jueces y fiscales”. Primero, mofas con los asesinados por el franquismo. Después chistecillos cuando un soldado español, un compatriota, se encontraba en manos de los esbirros de Netanyahu. Ya tarda en dimitir, pero lejos de dejar un puesto para el que no está capacitada, Feijóo la ha respaldado en el cargo. Y llegados a este punto cabe decir que la culpable ya no es la incompetente a la que le viene grande el cargo, sino quien la puso ahí a dedo.
Comparar la retención de un militar español (un miembro de una misión internacional, en un contexto de tensión extrema) con un control de alcoholemia no es solo un error político. Es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, hacia la diplomacia española y hacia la propia ciudadanía. Es, sobre todo, una muestra de negligencia en el ejercicio de un cargo público que exige prudencia, rigor y sentido de Estado. Y este es el partido que se llama a sí mismo patriota.
No hablamos de un comentario privado captado al vuelo. Hablamos de una representante pública que, ante un episodio grave que afecta a la seguridad de un compatriota, opta por la burla. Y lo hace, además, en un momento en el que España necesita claridad, firmeza y responsabilidad para gestionar una situación diplomática delicada. La ligereza de Muñoz no solo desentona: deslegitima. El problema es que Muñoz viene del aparato del partido, de una cultura interna que premia la ortodoxia, la obediencia y la repetición de consignas por encima del criterio propio. No se trata de políticos que piensan, sino de políticos que ejecutan. Y cuando un partido se acostumbra a funcionar así, lo que emerge no es liderazgo, sino una cadena de portavoces intercambiables que reproducen sin matices el tono, el estilo y la agresividad que marca la dirección. En ese ecosistema, la empatía se percibe como debilidad, la reflexión como pérdida de tiempo y la prudencia como un riesgo innecesario. El resultado es una generación de dirigentes que banalizan tragedias, ridiculizan el dolor y convierten cualquier asunto —desde los huesos de la Guerra Civil hasta el secuestro de un casco azul— en una broma de sobremesa. No porque sean especialmente crueles, sino porque han sido formados para no cuestionar nada, para no detenerse a pensar en las consecuencias de sus palabras y para entender la política como un combate permanente donde lo único que importa es golpear primero y más fuerte.
Una banalización que revela una cultura política
El problema no es únicamente la frase. Es lo que la frase revela. La banalización del sufrimiento ajeno, la incapacidad para medir las consecuencias de las palabras y la tendencia a convertir cualquier asunto en un chascarrillo partidista son síntomas de una cultura política deteriorada. Una cultura que confunde la comunicación con el espectáculo, la firmeza con la provocación y la responsabilidad con la ocurrencia.
Cuando una dirigente pública se ríe de un secuestro, no está haciendo humor: está mostrando su escala de prioridades. Y en esa escala, la dignidad institucional parece ocupar un lugar secundario.
El papel de España y la exigencia de seriedad
España participa en misiones internacionales bajo el paraguas de Naciones Unidas con un compromiso claro: contribuir a la estabilidad global y proteger a las poblaciones vulnerables. Los cascos azules no son piezas de un tablero político interno. Son servidores públicos que arriesgan su vida en escenarios complejos. Merecen respeto. Merecen respaldo. Y merecen que quienes ocupan cargos de responsabilidad actúen con la seriedad que la situación exige.
La comparación de Muñoz no solo trivializa el riesgo al que se enfrentan estos militares. También erosiona la imagen exterior de España, proyectando una sensación de improvisación y falta de profesionalidad en un asunto que requiere diplomacia fina y mensajes medidos.
La política como espacio de responsabilidad, no de ocurrencias
Lo ocurrido con Ester Muñoz no es un desliz anecdótico. Es un recordatorio de que la política española lleva demasiado tiempo atrapada en una lógica de titulares fáciles, frases virales y confrontación permanente. En ese ecosistema, la reflexión se sustituye por la ocurrencia, y la responsabilidad por la teatralidad.
Pero hay límites que no se pueden cruzar. Y uno de ellos es la burla ante situaciones que afectan a la seguridad de ciudadanos españoles. La política no puede permitirse normalizar la frivolidad en asuntos de Estado.
Incluso cuando llegan las rectificaciones (si llegan) suelen ser tibias, calculadas y tardías. Lo que se espera de una dirigente pública no es que se disculpe porque la polémica la obliga, sino que entienda desde el principio la gravedad de sus palabras. Y en este caso, la reacción inicial de Muñoz deja claro que esa comprensión no existió.
La democracia no solo se mide por las leyes, los votos o las instituciones. También se mide por la calidad moral y cívica de quienes las representan. Y cuando una responsable política se ríe de un secuestro, lo que se erosiona no es solo su credibilidad: es la confianza de la ciudadanía en que sus dirigentes están a la altura de las circunstancias.