Corría el mes de octubre de 1977. En una sala de reuniones del Palacio de la Moncloa, bajo un denso humo de tabaco que flotaba sobre una inmensa mesa de caoba, hombres que representaban a ideologías que se habían odiado a muerte durante décadas compartían cenicero y folios manuscritos. Allí estaban Santiago Carrillo, el viejo dirigente comunista curtido en las batallas de la Guerra Civil y del exilio. Adolfo Suárez, el heredero del reformismo del régimen franquista. Felipe González, el abogado sevillano que encarnaba la renovación socialista. Y Miquel Roca, la voz del catalanismo de la época.
España no se reunía allí por una súbita revelación poética ni por un arrebato de romanticismo democrático. La nación caminaba sobre un alambre tenso suspendido sobre el abismo. La inflación devoraba los salarios a un ritmo asfixiante superior al 26%. El desempleo se disparaba en las zonas industriales. La violencia política sembraba de muertos las esquinas. La fragilidad de las recién nacidas instituciones democráticas amenazaba con hacer colapsar el Estado. Lo que ocurrió en aquellas jornadas maratónicas fue bautizado más tarde como la política de consensos. Sin embargo, visto con la distancia que otorgan casi cinco décadas, no fue más que un ejercicio de pragmatismo salvaje. Aquellos hombres entendieron una lección elemental: cuando la casa común se quema, discutir por el color de las cortinas es una forma estúpida de morir abrasados.
Aquella premisa, según la cual los cimientos del Estado y las libertades públicas debían quedar cuidadosamente resguardados de las tormentas electorales, se convirtió en la columna vertebral sobre la que se edificó la España moderna. No obstante, desde la crisis de 2008, esa arquitectura del compromiso amplio ha sido desmontada martillazo a martillazo. Los grandes Pactos de Estado, pensados en su origen como el motor impulsor de la transformación económica, territorial y de seguridad del país, han sido sepultados por una cultura política que considera consenso entre rivales como un acto de alta traición. Hoy, ceder ante el adversario no se interpreta como un gesto de madurez institucional, sino como una claudicación imperdonable ante las propias bases.
El consenso da frutos
Si se repasa la trayectoria de la democracia española con la mirada limpia de prejuicios ideológicos, se descubre algo llamativo. Los momentos de mayor estabilidad, crecimiento económico y prestigio internacional coincidieron exactamente con los períodos en los que las dos grandes familias políticas del país, centro-derecha y centro-izquierda, fueron capaces de trazar líneas transversales en el mapa.
Tres grandes estaciones jalonan esa era dorada del pacto institucional. La primera, los Pactos de la Moncloa de 1977. No se trató simplemente de fijar un tope salarial para embridar la desbocada espiral inflacionaria. Fue mucho más. Aquel apretón de manos entre la derecha reformista, el PSOE y el PCE sentó los cimientos del sistema fiscal español, introdujo la progresividad en el impuesto sobre la renta, garantizó la gratuidad de la enseñanza básica y legalizó de facto la libertad de asociación sindical. Se demostró entonces que una reforma de calado estructural solo logra echar raíces y perdurar en el tiempo si lleva la firma estampada de ambos lados del espectro ideológico.
La segunda estación fueron los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992. Tras la sacudida sísmica del 23-F, la Unión de Centro Democrático y el PSOE comprendieron que el desarrollo del Estado de las Autonomías no podía dejarse al albur de la improvisación o de las presiones coyunturales de las periferias. La aprobación de la LOAPA fue el primer intento serio de ordenar el modelo. Años más tarde, en 1992, bajo la presidencia de Felipe González y con el respaldo del Partido Popular de José María Aznar, se firmaron los segundos acuerdos autonómicos. Aquel pacto permitió equiparar las competencias de las comunidades de la llamada "vía lenta" con las de las comunidades históricas. Garantizó un principio de equidad territorial y cohesión nacional sin el cual no se entendería la España de las últimas décadas.
La tercera estación fue el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000. Probablemente el acuerdo más exigente y de mayor calado ético de la historia reciente. Firmado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar y la oposición socialista liderada por un joven José Luis Rodríguez Zapatero, el pacto despolitizó por completo la estrategia contra la banda terrorista ETA. Ambas siglas acordaron de forma explícita erradicar la violencia de la lucha electoral, renunciar a cualquier uso partidista de la política penitenciaria y no ceder jamás al chantaje político del entorno de la organización armada. Ese blindaje de la unidad democrática despojó a la banda de todo margen de maniobra. Aceleró el trabajo de las fuerzas de seguridad y del poder judicial hasta lograr su asfixia y derrota definitiva.
Pactar se volvió pecado
¿Cómo es posible que un país que fue capaz de redactar una Constitución ejemplar de la nada terminara encerrado en un bucle de descalificación ruidosa y bloqueo permanente? La transición de la política de grandes consensos a la política de bloques infranqueables no ocurrió de la noche a la mañana por un golpe de mala suerte. Responde a una mutación profunda de los incentivos electorales, de la arquitectura orgánica de las formaciones políticas y del propio ecosistema mediático.
Hay cuatro factores determinantes que precipitaron la muerte del pacto de Estado. El primero es la mutación del mapa electoral y el secuestro de los bloques. La quiebra del sistema bipartidista tradicional a partir de la década de 2010 no dio paso a una cultura de pactos moderados en el centro, sino a una dinámica de bloques ideológicos impermeables. Al atomizarse el Parlamento, PP y PSOE descubrieron que les resultaba infinitamente más fácil buscar apoyos en las formaciones situadas en sus extremos ideológicos o en los partidos del nacionalismo periférico que sentarse a negociar con su rival histórico. El problema radica en que la supervivencia de esos socios menores exige, precisamente, avivar la polarización, marcar distancias y dinamitar cualquier conato de entendimiento entre las fuerzas centrales del país.
El segundo factor es la tiranía de las primarias internas y el poder de las bases. Durante décadas, los líderes de los partidos tenían el margen de maniobra suficiente para acudir a una mesa de negociación, ceder en tres puntos, ganar en dos y defender el resultado ante sus organizaciones como un acto de responsabilidad. La irrupción de las elecciones primarias para elegir a las cúpulas orgánicas cambió las reglas del juego. Lo que se vendió como un ejercicio de democracia interna, se ha convertido en una losa que está imposibilitando el avance del país. La militancia de un partido es sociológicamente más ideologizada, más intransigente y más propensa al discurso identitario que la masa media de sus votantes en unos comicios generales. Los líderes comprendieron rápidamente que mostrar disposición al acuerdo con el enemigo histórico era la vía más rápida para ser guillotinados en el siguiente congreso de su partido. El "no es no" y la trinchera se convirtieron en el pasaporte más seguro para conservar el poder orgánico.
El tercero es la rentabilidad mediática del conflicto y el modelo de negocio de la crispación. En la era del consumo de información hiperacelerado, los algoritmos de las redes sociales y la tertulia televisiva de trazo grueso, la complejidad técnica de un pacto de Estado es un producto francamente malo de vender. Explicar los matices de una reforma de las pensiones o de una ley de financiación autonómica exige tiempo, pedagogía y madurez. Por el contrario, la frase desgarradora, el insulto ad hominem y el relato de la amenaza inminente (el "que vienen los fascistas" o el "que se rompe la patria") generan un rendimiento inmediato en términos de audiencia, clics y movilización emocional del voto. La política descubrió que la crispación rinde más dividendos en las urnas que la gestión responsable.
El cuarto factor es la deslegitimación del relato de la Transición. El concepto mismo de consenso sufrió un proceso de ataque ideológico sistemático. Desde diversos sectores emergentes del espectro político se comenzó a calificar la cultura del acuerdo de 1978 no como una gesta de convivencia, sino como un ejercicio de "pasteleo", un "reparto de sillones" entre las élites o una traición a los ideales puros. Al despojar al compromiso cívico de su prestigio ético y convertir la transacción en una muestra de cobardía, la confrontación radical pasó a ser considerada como la única forma legítima y auténtica de hacer política.
Un país en punto muerto
Esta incapacidad endémica para alcanzar grandes acuerdos de Estado no se queda en una mera discusión teórica para politólogos, se traduce en un coste altísimo que pagan a diario los ciudadanos en su vida cotidiana, en el funcionamiento de los servicios públicos y en la calidad de las instituciones.
La factura del desencuentro se cobra hoy en tres grandes asignaturas pendientes que arrastra el país. La primera es el modelo de financiación autonómica caducado. El sistema que regula cómo se reparten los recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales entre las comunidades autónomas lleva más de una década caducado. Cada intento de reformarlo encalla en la incapacidad de los dos grandes partidos para trazar un modelo equilibrado que evite la guerra de agravios entre territorios. Mientras tanto, las urgencias de la atención primaria y las listas de espera en los hospitales sufren las consecuencias del desajuste financiero.
La segunda es la trampa de las leyes de educación efímeras. España ostenta el triste récord de haber aprobado casi una decena de leyes orgánicas de educación en el período democrático. Cada vez que un partido llega a la Moncloa, su primera medida consiste en derogar la ley del gobierno anterior para imponer la suya propia. El resultado es un sistema educativo inestable, desorientado y sometido a un vaivén ideológico permanente que perjudica el rendimiento de los estudiantes y desmotiva al profesorado.
La tercera es el secuestro de los órganos constitucionales. La renovación de instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional se ha convertido en un espectáculo bochornoso de regateo partidista. Al tratar los órganos de gobierno de los jueces como trincheras que hay que conquistar o bloquear según sople el viento electoral, se debilita de forma directa la confianza de la ciudadanía en la independencia de la justicia, sobre todo en un país donde las sospechas de corrupción judicial están a flor de piel.
La urgencia de volver al centro
En el horizonte de la política nacional se perfila una contradicción flagrante. Mientras las élites de los partidos continúan atrincheradas en la dialéctica de la confrontación total, los grandes desafíos que aguardan a España en los próximos años exigen, por su propia naturaleza, acuerdos de amplia base que superen el marco de una sola legislatura. Desde la sostenibilidad de las pensiones ante el envejecimiento demográfico hasta la transición energética, la reforma del mercado laboral para que dé un horizonte de que trabajar vuelva a ser sinónimo de vida digna, pasando por la gestión de la inteligencia artificial y el encaje territorial.
Ningún bloque, por holgada que sea su victoria circunstancial en las urnas, tiene la capacidad técnica ni la legitimidad social suficiente para imponer en soledad una reforma estructural que dure veinte años. La historia reciente de la España contemporánea enseña una lección inapelable: las victorias por aplastamiento son ilusiones ópticas que se disuelven en la siguiente alternancia de gobierno.
Recuperar la cultura del acuerdo de Estado no significa renunciar a la batalla de las ideas ni borrar las diferencias legítimas entre la izquierda y la derecha. Significa algo mucho más sencillo y digno: volver a entender que las instituciones del Estado son la casa de todos y no el botín del ganador.
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