Mientras millones de españoles cumplen religiosamente con sus obligaciones fiscales, una montaña de dinero se esconde cada año en la economía sumergida y en los entramados de evasión fiscal de las grandes fortunas. Según los estudios de Gestha, entre 230.000 y 240.000 millones de euros, casi el 17% del Producto Interior Bruto (PIB), escapan al control del Estado. Esta cifra no solo supera en casi tres puntos la media europea, sino que revela un desequilibrio estructural: los contribuyentes ordinarios financian buena parte del país, mientras las élites patrimoniales logran esquivar impuestos millonarios.
El agujero fiscal que genera esta fuga de recursos es alarmante. Si se ajustara el PIB considerando la economía sumergida, la presión fiscal efectiva sobre los trabajadores y pequeñas empresas habría alcanzado un escalofriante 47,3% en 2021. Esto significa que, mientras los ciudadanos de clase media y trabajadora pagan religiosamente, las grandes fortunas logran reducir su contribución mediante sofisticadas estrategias de planificación fiscal, estructuras societarias opacas y paraísos fiscales. El resultado es un sistema profundamente desigual que erosiona la confianza en el Estado y en la justicia fiscal.
El trabajador siempre paga
El contraste entre contribuyentes ordinarios y grandes patrimonios no podría ser más evidente. Un trabajador medio español, con un salario de 1.500 a 2.000 euros al mes, contribuye a Hacienda y a la Seguridad Social sin posibilidad de esquivar los impuestos. Su nómina sufre retenciones estrictas, y cualquier irregularidad puede derivar en sanciones inmediatas. En cambio, una gran compañía o un empresario con millones de euros en activos puede evitar el pago de millones de euros al año, erosionando el sistema de bienestar y aumentando la desigualdad social.
Esta desigualdad se refleja en la presión sobre los sectores productivos. Los autónomos y pequeñas empresas soportan una carga fiscal creciente, mientras que la economía sumergida y las grandes fortunas logran operar al margen de la ley. En sectores donde el cobro en efectivo es frecuente y la mano de obra abundante se concentra buena parte de la economía informal. Allí, los trabajadores carecen de seguridad social, vacaciones pagadas y derechos laborales, mientras que los grandes patrimonios optimizan sus estructuras para esquivar impuestos.
El efecto sobre la cohesión social es evidente. Jóvenes, desempleados y trabajadores temporales se ven empujados a aceptar empleos informales, contribuyendo sin saberlo a perpetuar un círculo vicioso: más economía sumergida significa más presión sobre quienes cumplen, lo que incentiva a otros a evadir impuestos. La precariedad laboral se convierte, así, en un motor silencioso de la evasión fiscal y de la desigualdad estructural.
Evasión de las élites
Pero la economía sumergida no es solo cosa de trabajadores informales. Las grandes fortunas y multinacionales desempeñan un papel central en la evasión fiscal y en la ocultación de riqueza. Según informes de ONG y organismos como Gestha y Oxfam, cientos de miles de millones de euros se esconden en paraísos fiscales y en estructuras complejas que dificultan el rastreo por parte de Hacienda.
Para ponerlo en perspectiva, grandes empresas como NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla generan flujos de capital que superan con creces el presupuesto anual de muchas comunidades autónomas españolas. Mientras tanto, los autónomos y trabajadores asalariados soportan la presión fiscal que estas élites logran eludir. Esta concentración de riqueza y poder económico no solo amplifica la desigualdad, sino que alimenta una narrativa peligrosa: en España, trabajar duro y declarar todos los ingresos se ha convertido en un acto de disciplina moral, mientras que quienes poseen millones encuentran la ley como un obstáculo evitable.
La magnitud del dinero oculto es escalofriante. Si se contabilizara todo lo que las grandes fortunas esconden de Hacienda, España podría recaudar cientos de miles de millones de euros adicionales al año, lo suficiente para financiar educación, sanidad, pensiones y una red de seguridad social más robusta. Pero la falta de transparencia, la debilidad en los mecanismos de control y la sofisticación de las estructuras financieras permiten que los ricos mantengan su ventaja, mientras que el ciudadano medio queda atrapado en una presión fiscal creciente.
Agujero fiscal que amenaza al Estado
Se estima que cada año se pierden miles de millones por evasión fiscal y economía sumergida. Esta fuga de recursos amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar español, debilitando la financiación de pensiones, sanidad pública y educación. En términos prácticos, cada euro oculto por las élites o por empresas informales debe ser compensado por el trabajador legal, el autónomo cumplidor y la pequeña empresa.
Las consecuencias no son solo económicas: la desigualdad fiscal mina la confianza en las instituciones, alimenta el descontento social y genera una competencia desleal que penaliza a quienes operan de manera transparente. La combinación de evasión y economía sumergida distorsiona además las estadísticas económicas, dificulta la planificación pública y afecta al funcionamiento de los mercados.
Los ricos, el Estado y la impunidad
El problema de la evasión fiscal de las grandes fortunas es particularmente grave. Mientras el trabajador medio puede quedarse sin dinero si no cumple con Hacienda, los magnates patrimoniales y las multinacionales emplean complejas redes internacionales para reducir su carga tributaria. Sociedades en paraísos fiscales, trusts, inversiones en activos intangibles y asesoramiento fiscal especializado permiten que se escapen millones de euros cada año.
Esta desigualdad fiscal tiene efectos visibles en la vida cotidiana: los hospitales, las escuelas y los servicios públicos dependen de ingresos que nunca llegan; las pensiones se financian con mayor carga para los asalariados; y la brecha entre quienes tienen acceso a la riqueza y quienes dependen del salario promedio sigue ampliándose.
El contraste visual es impactante: mientras un trabajador medio aporta hasta la última décima de sus ingresos, una fortuna millonaria puede reducir su impuesto efectivo a fracciones mínimas, gracias a la ingeniería fiscal. Este desajuste no es anecdótico: erosiona la legitimidad del sistema tributario y genera una sensación de injusticia que repercute en la cohesión social.