Los inmigrantes que sobran en el discurso y faltan en la vendimia

Hay inmigrantes que inquietan mucho al Partido Popular hasta que alguien los necesita para trabajar. En la frontera forman parte de un problema que exige más control; si el Gobierno pretende regularizarlos, sirven para denunciar que España recompensa a quien incumple las normas; y, cuando llegan en patera, aparecen asociados al efecto llamada, el descontrol o los límites de la capacidad de acogida. Hay, sin embargo, otro inmigrante bastante menos presente en ese relato, el que recoge la uva, levanta una pared, cuida a una persona dependiente, limpia una habitación de hotel o trabaja en el campo cuando faltan brazos.

La sanción impuesta por la Inspección de Trabajo a Viña Campinas, sociedad del grupo bodeguero de la familia del conselleiro de Emprego de la Xunta, José González, ha colocado a ese inmigrante en un lugar particularmente incómodo para el PP. Durante la vendimia de 2025, una inspección de oficio encontró a dos trabajadores de origen africano sin autorización para trabajar en los viñedos de O Ribeiro. La empresa fue sancionada por una conducta que la legislación de extranjería considera una infracción muy grave.

Conviene separar desde el principio lo acreditado de lo que no lo está. José González asegura que dejó de ser socio de la empresa familiar en 2018 y que desde entonces no participa en su gestión ni en la contratación de trabajadores. No existe, con la información conocida, ningún elemento que permita afirmar lo contrario. La empresa sostiene además que recurrió a una empresa de trabajo temporal y que desconocía la situación administrativa de los dos temporeros, a quienes acusa de haber utilizado identidades ajenas. Según su versión, los hechos fueron denunciados ante las fuerzas de seguridad.

Todo eso resulta relevante para delimitar responsabilidades personales, pero no elimina el alcance político de que dos inmigrantes sin autorización estuvieran trabajando en los viñedos de una sociedad perteneciente al grupo empresarial de la familia del responsable de las políticas de empleo de Galicia. Es precisamente ahí donde el episodio deja de ser únicamente una sanción laboral y permite observar una contradicción bastante más profunda entre la inmigración de la que habla la política y la que necesita la economía.

Porque José González no dirige cualquier departamento. Su Consellería lleva tiempo intentando resolver uno de los problemas que condicionarán el futuro económico de Galicia: faltan trabajadores en determinados sectores y la inmigración forma parte inevitablemente de la respuesta. Una comunidad envejecida, con pérdida de población activa y dificultades para cubrir determinadas ocupaciones necesita incorporar personas de fuera. La misma inmigración que alimenta una parte del discurso político sobre fronteras se convierte, al bajar al mercado laboral, en una necesidad para empresas que no encuentran suficientes candidatos.

La vendimia ofrece una fotografía difícilmente mejorable de esa contradicción porque la uva tiene la mala costumbre de madurar al margen del calendario político. Cuando llega el momento de recogerla hacen falta trabajadores y buena parte de la abstracción con la que se discute sobre inmigración desde los atriles empieza a resultar bastante menos útil.

Alberto Núñez Feijóo ha endurecido durante 2026 el discurso del PP sobre inmigración irregular. En febrero aseguró que un Gobierno suyo paralizaría la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El partido ha cuestionado repetidamente que cientos de miles de personas que ya viven en España puedan acceder a una situación administrativa regular y ha presentado el proceso como una decisión que erosiona el valor del cumplimiento de las normas. En mayo, Feijóo calificó esa regularización de «irresponsabilidad histórica» y la vinculó con la «inseguridad y el descontrol».

La inmigración cambia cuando entra en el mercado laboral

El discurso adquiere, sin embargo, otra textura cuando se abandona la frontera y se entra en el mercado laboral. Una persona sin papeles no deja de existir cuando desaparece del debate político: vive en algún sitio, paga una habitación, compra alimentos, se desplaza y, en muchísimos casos, trabaja. La irregularidad administrativa no crea una población suspendida en el aire, sino trabajadores con una capacidad considerablemente menor para negociar un salario, denunciar un abuso o enfrentarse a quien les da empleo.

España lleva décadas conviviendo con esa realidad. Agricultura, construcción, hostelería, cuidados y determinados servicios han incorporado a cientos de miles de personas nacidas fuera del país, precisamente en actividades donde las empresas denuncian dificultades para encontrar mano de obra. La discusión sobre inmigración queda incompleta si únicamente pregunta cuántas personas llegan y evita preguntarse qué economía las reclama una vez que están aquí.

El caso de O Ribeiro obliga a desplazar el objetivo hacia esa segunda parte de la historia. Los dos hombres africanos detectados por la Inspección no estaban protagonizando ninguna de las imágenes con las que habitualmente se construye el debate migratorio. Estaban vendimiando porque había una empresa que necesitaba que alguien vendimiase. Esa circunstancia elemental resulta mucho más reveladora que buena parte de la retórica desplegada alrededor de la inmigración irregular.

La reacción del conselleiro añade otra dimensión al episodio. González ha defendido la «honorabilidad» de la empresa de su familia, ha explicado que no existió intención de fraude y ha descrito lo ocurrido como un «desgraciado incidente» y una «infracción administrativa». La legislación emplea una terminología bastante menos benévola: contratar a una persona extranjera sin haber obtenido previamente la correspondiente autorización de residencia y trabajo está tipificado en la Ley de Extranjería como infracción muy grave.

La empresa puede alegar desconocimiento, engaño de terceros o cuantos elementos considere oportunos para explicar cómo llegaron esos trabajadores a sus viñedos, y esas circunstancias deberán valorarse donde corresponda. Pero la categoría jurídica de la conducta sancionada no cambia porque el vocabulario político se vuelva más comprensivo cuando el problema se aproxima al entorno de un miembro del Gobierno gallego.

Los inmigrantes sin papeles y la responsabilidad de quien contrata

También merece atención el desplazamiento de responsabilidades que contiene la explicación ofrecida. Según la versión de la compañía y del propio González, los trabajadores habrían utilizado identidades ajenas y la ETT habría sido quien los proporcionó, de manera que la empresa familiar aparece como víctima de un engaño y los inmigrantes vuelven a ocupar el lugar principal del infractor. Resulta una inversión especialmente significativa en un debate donde el PP ha colocado durante meses el cumplimiento de la ley en el centro de su discurso sobre inmigración.

Feijóo sostiene que España necesita una inmigración ordenada, vinculada al mercado laboral y sometida a las mismas reglas que el resto de la población. El principio no plantea ninguna extravagancia. Lo que resulta más difícil es aplicarlo mirando exclusivamente hacia quien trabaja y no hacia quien obtiene ese trabajo, porque si la legalidad constituye realmente el criterio, tiene que recorrer la relación laboral completa y no detenerse en los papeles del jornalero.

Reducir todo esto a José González sería, además de jurídicamente aventurado, políticamente cómodo. El conselleiro asegura que abandonó la sociedad familiar hace ocho años y no existe información publicada que permita responsabilizarlo personalmente de aquella contratación. Lo ocurrido en O Ribeiro interesa precisamente porque desborda al conselleiro y retrata una distancia mucho mayor entre el inmigrante que aparece en los discursos y el que sostiene determinadas actividades económicas.

El primero llega en patera, salta una valla, solicita una regularización, recibe una prestación o amenaza supuestamente con saturar unos servicios públicos. Es el inmigrante sobre el que resulta fácil construir una discusión electoral. El segundo madruga, recoge fruta, sirve mesas, limpia casas, atiende a mayores o trabaja en una obra. Ese ocupa mucho menos espacio en el relato porque obliga a admitir que la inmigración no es solamente un fenómeno que España recibe, sino también una fuerza de trabajo que su economía demanda.

La Xunta conoce perfectamente esa realidad y la Consellería de Emprego todavía mejor. El Gobierno gallego ha impulsado programas para conectar población extranjera y vacantes difíciles de cubrir, mientras insiste en la necesidad de atraer trabajadores de forma ordenada. No existe ninguna contradicción en esa política. La contradicción aparece cuando esa necesidad económica convive con un discurso que presenta la regularización de quienes ya viven y trabajan en España esencialmente como una recompensa al incumplimiento de las normas, como si la irregularidad administrativa fuese únicamente una decisión de quien carece de papeles y no una situación de la que también se beneficia quien acepta su trabajo.

Ahí reside una de las grandes zonas de sombra del debate migratorio español. Se habla muchísimo del inmigrante irregular y bastante menos del empresario que lo emplea; se fiscaliza cómo entró una persona en España, pero apenas se dedica una intensidad política comparable a averiguar quién le ofrece trabajo una vez dentro. La atención se concentra sobre la irregularidad del trabajador mientras permanece mucho más difusa sobre la economía perfectamente legal que, en ocasiones, necesita precisamente a esos trabajadores.

El episodio de O Ribeiro no demuestra que José González contratase a nadie ni permite atribuirle personalmente una infracción cometida por una sociedad de la que afirma haberse desvinculado en 2018. Sostenerlo supondría sustituir el análisis por una acusación que los hechos conocidos no permiten hacer. Lo que sí proporciona es una imagen bastante incómoda del debate que el PP mantiene sobre la inmigración: mientras discute si regularizar a quienes llevan tiempo viviendo y trabajando en España supone premiar a quienes incumplieron la ley, una empresa del grupo familiar de su conselleiro de Emprego ha sido sancionada porque dos de esas personas estaban trabajando en sus viñedos.

En el discurso político pueden sobrar inmigrantes irregulares; en una economía que envejece, pierde población activa y busca trabajadores para el campo, los cuidados, la hostelería o la construcción, empiezan a faltar personas dispuestas a ocupar determinados empleos. En O Ribeiro esa distancia entre la retórica y la necesidad dejó de ser una discusión abstracta durante la vendimia: había uva que recoger y había dos inmigrantes sin autorización trabajando para recogerla.