Zapatero, de referente moral a "esa persona de la que usted me habla"

Existe un ritual atávico y despiadado en la política de supervivencia que se ejecuta con una precisión casi quirúrgica cuando los cimientos de un proyecto de poder empiezan a crujir. Durante años, la figura de José Luis Rodríguez Zapatero funcionó para el Partido Socialista de Pedro Sánchez no solo como un amuleto electoral de máxima potencia, sino como el auténtico custodio del alma ideológica del régimen. Era el hombre que acudía a los mítines a inflamar a las bases cuando las encuestas flaqueaban, el mediador audaz que tendía puentes con el espacio a la izquierda de la socialdemocracia y el oráculo respetado al que se recurría para legitimar las decisiones más controvertidas de la gobernabilidad contemporánea. Sin embargo, la política tiene la memoria corta y la lealtad condicionada a la curva de rendimiento del daño reputacional. En el frio escenario de la sala de prensa del Consejo de Ministros, ese pedestal de veneración moral se desmoronó en vivo y en directo mediante la fría burocracia del matiz semántico.

El giro copernicano que atraviesa la relación entre Moncloa y el expresidente del Gobierno no responde a un enfriamiento ideológico repentino, sino al impacto devastador de la declaración de Julio Martínez en la Audiencia Nacional. Cuando "Julito" cruzó el umbral del juzgado de instrucción número cuatro y ratificó con pelos y señales el uso de una red de sociedades instrumentales para canalizar comisiones al entorno más íntimo del exjefe del Ejecutivo, la coraza de inviolabilidad política que protegía al viejo líder saltó por los aires. En cuestión de minutos, la maquinaria de comunicación de Moncloa entendió que la marea ascendente de la instrucción penal amenazaba con anegar las dependencias del propio Gobierno. La consigna inmediata dejó de ser la defensa encendida del referente para activar un estricto cordón sanitario.

Lo que la opinión pública presenció tras la reunión semanal Consejo de Ministros no fue una simple comparecencia institucional de la ministra Elma Saiz, sino la escenificación pública de una excomunión política por la vía del lenguaje. La retórica épica del "referente moral del socialismo", invocada sin descanso durante las campañas electorales para movilizar el voto de la izquierda, fue sustituida en cuestión de segundos por el frío andamiaje de la técnica procesal. En la escala de valores del PSOE sanchista, Rodríguez Zapatero ha dejado de ser la brújula ética del partido para ingresar formalmente en el purgatorio conceptual de "esa persona de la que usted me habla", una categoría reservada en la historia de la corrupción patria para aquellos antiguos aliados a los que el poder decide soltar la mano cuando el agua del escándalo judicial les llega al cuello.

Rectificación en directo

Pocas veces la lingüística política ofrece un instante de tanta desnudez conceptual como el vivido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La encargada de gestionar el incómodo trago de fijar la postura del Gobierno ante la marejada judicial no fue una figura de la guardia negra política del partido, sino la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La escena contuvo un momento de fricción verbal que sintetiza por sí solo el pánico estratégico que recorre la planta noble del Palacio de la Moncloa ante las implicaciones del caso Plus Ultra.

Repreguntada por los periodistas sobre si el Ejecutivo mantenía una confianza ciega y categórica en el comportamiento de quien fuera el secretario general de los socialistas durante casi una década, Saiz pronunció de forma instintiva una palabra que delataba el automatismo corporativo del partido: el Gobierno, afirmó inicialmente, creía en la "inocencia" de Zapatero. Sin embargo, el vértigo ante lo que acababa de verbalizar fue de tal magnitud que la ministra rectificó su propia formulación a renglón seguido de manera casi angustiosa. No, matizó de inmediato: lo que el Ejecutivo defiende no es la inocencia absoluta, sino su estricta y constitucional presunción de inocencia.

Esta corrección al vuelo no constituye una simple anécdota de la oratoria institucional ni un lapsus calami menor. En el código no escrito del análisis político de alto nivel, la distancia que media entre proclamar la inocencia de un compañero de filas y refugiarse en la presunción de inocencia es el espacio exacto donde habita el abandono. Al acogerse a la definición técnica de un derecho fundamental garantizado por la Carta Magna a cualquier ciudadano inmerso en un procedimiento penal, la portavocía del Gobierno despojó a Rodríguez Zapatero de su armadura política. Moncloa le retiró la presunción de decencia para concederle únicamente la presunción de inocencia, un salvavidas jurídico estándar que el Estado de Derecho otorga por igual al exmandatario de la nación y a cualquier procesado por delitos comunes en los juzgados de plaza de Castilla.

Las revelaciones de 'Julito'

Para calibrar el nivel de alarma que justificó semejante repliegue táctico en la sala de prensa del Gobierno, es preciso examinar la contundencia de los testimonios prestados ante el juez instructor José Luis Calama. La comparecencia de Julio Martínez no fue la alocución vaga de un testigo periférico, sino la confirmación escrita y oral de un esquema de cobros minuciosamente estructurado. Durante casi cuatro horas de interrogatorio, el empresario detalló la trastienda de una operativa que sitúa a la sociedad Análisis Relevante SL como empresa pantalla carente de cualquier tipo de actividad comercial o consultora real en el mercado abierto, cuyo único propósito operativo era servir de canalización para transferir fondos hacia el entorno personal y familiar del expresidente.

El testimonio de Martínez adquirió un tono de gravedad superlativa cuando ratificó formalmente el contenido de su escrito de defensa, en el que se afirma la firma de un contrato específico destinado a percibir una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, una ayuda pública concedida por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI por valor de 53 millones de euros en lo más duro de la crisis pandémica. Aunque el compareciente admitió no poder precisar durante la sesión el mapa exacto de distribución final de esa mordida ni nombrar con nombres y apellidos a las autoridades del Ejecutivo central ante las que el exlíder socialista habría ejercido su ascendente, la mera formulación judicial de un peaje del 1% sobre dinero público desbarata la narrativa oficial sobre la neutralidad de las gestiones.

A este expediente de presunta intermediación se suma la sombra que se cierne sobre la mercantil Whathefav SL, administrada por las hijas del expresidente. Según la información incluida en el sumario y respaldada por las declaraciones del imputado colaborador, la empresa de las jóvenes pasó de facturar conceptos de maquetación de informes a percibir elevadas sumas financieras incluso cuando los trabajos materiales habían cesado por completo. La suma de transferencias dirigidas directamente a la esfera personal de Rodríguez Zapatero, cercana al medio millón de euros, y las partidas destinadas a la mercantil familiar componen un mosaico contable que la Fiscalía Anticorrupción analiza ya bajo la premisa de un delito continuado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que amenaza con socavar de forma irreversible el crédito político del sanchismo.

La línea Maginot de la SEPI

Consciente de que la marea del escándalo amagaba con rebasar la figura del expresidente para anegar los despachos del propio Ministerio de Hacienda y de la Vicepresidencia del Gobierno, la estrategia desplegada por Elma Saiz durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros consistió en atrincherarse tras un abrumador escudo de procedimientos burocráticos. La ministra dedicó una parte sustancial de su intervención a detallar de carrerilla el historial de controles institucionales que avalaron en su día la inyección de los 53 millones de euros de dinero público en la aerolínea con vínculos en el régimen venezolano, buscando desesperadamente escindir la validez del expediente administrativo de la conducta ética de sus presuntos mediadores.

En un intento por construir una línea Maginot que impida que la acusación de tráfico de influencias alcance a los miembros del actual gabinete, o de exministras tan cercanas a Sánchez como María Jesús Montero, la portavocía gubernamental recordó con insistencia que la concesión de los fondos contó con el plácet de los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dispuso de informes favorables de asesores financieros y jurídicos independientes de prestigio internacional, superó la fiscalización del Tribunal de Cuentas, sobrevivió al examen de la Comisión Europea y recibió el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con este despliegue de blindaje institucional, Moncloa pretendió trasladar la idea de que la maquinaria del Estado funcionó de forma pulcra e inexpugnable, al margen de los posibles negocios privados o comisiones que terceros hubieran prometido o cobrado a sus espaldas.

Sin embargo, la construcción de este cortafuegos administrativo resulta insuficiente para mitigar el impacto devastador del escándalo. Lo que las investigaciones de la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra están poniendo en evidencia no es necesariamente la ausencia formal de sellos o burocracia en el expediente de la SEPI, sino la posibilidad de que la voluntad política de conceder el rescate a una compañía financieramente disfuncional fuera orientada de antemano por las gestiones al más alto nivel de un expresidente que, según 'Julito', cobraba bajo cuerda por su capacidad de interlocución. Al desvincular el procedimiento administrativo del comportamiento de Rodríguez Zapatero, el Gobierno pretende salvar la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros, pero deja a la intemperie absoluta a quien fuera su principal referente ideológico, confirmando que en la balanza de daños de la Moncloa, la supervivencia del actual equipo liquida sin contemplaciones el prestigio de sus antecesores.

Oposición hiperventilada

La rauda maniobra de repliegue ejecutada por la comunicación gubernamental no ha pasado desapercibida para los estrategas de la oposición, que han creído detectar en la rectificación de Elma Saiz el síntoma definitivo de una debilidad de época en el bloque de la investidura. Desde el cuartel general del Partido Popular, la reacción ante las confesiones judiciales de Julio Martínez ha consistido en desplazar de inmediato el foco de la responsabilidad desde la esfera privada del expresidente hacia el corazón operativo del Palacio de la Moncloa. La pregunta formulada por los portavoces de la formación conservadora ("¿sobre quién influyó Zapatero dentro del Gobierno para conseguir un rescate de 53 millones?") busca agujerear el blindaje burocrático de la SEPI y situar la sospecha en los ministros que firmaron el decreto de la ayuda.

Para la dirección del PP, la metamorfosis de Rodríguez Zapatero de referente ético en apestado político constituye el golpe más severo a la línea de flotación moral del sanchismo desde el estallido de los casos de corrupción que afectaron al entorno del Ministerio de Transportes. Durante años, el actual secretario general del PSOE utilizó la figura de su antecesor como un puente de legitimación histórica, un símbolo viviente del progresismo invulnerable a la mancha de la venalidad económica. Ver a ese mismo Ejecutivo defender a su antiguo mentor con el tono helado que se reservaría a un extraño procesado permite a la oposición desplegar un relato demoledor sobre la descomposición ética de un proyecto político que se ve obligado a sacrificar a sus propios tótems para sostener la mayoría parlamentaria.

El ataque opositor amenaza con convertir cada sesión de control en un escrutinio monográfico sobre las ramificaciones de la trama de la aerolínea y las agendas paralelas en América Latina. La exigencia de comparecencias urgentes de los altos cargos que autorizaron la inyección de fondos públicos coloca al Gobierno ante la difícil disyuntiva de seguir parapetándose en la presunción de inocencia de Zapatero o arriesgarse a que el desgaste diario termine por contaminar la imagen de ministros en activo. La oposición sabe que en la erosión de la figura del expresidente se juega la demolición del último gran relato de coherencia ideológica del que disponía el socialismo contemporáneo.

El pragmatismo del tardosanchismo

El espectáculo del distanciamiento institucional entre la actual dirección del PSOE y quien fuera su indiscutible líder histórico marca un punto de no retorno en la sociología interna del partido. Rodríguez Zapatero, que hasta hace apenas unos meses se paseaba por las televisiones y los pabellones de congresos envuelto en el aura de un estadista heterodoxo cuya audacia política había salvado al partido de la irrelevancia, experimenta de pronto la helada soledad que el poder reserva a los activos tóxicos. Ninguna voz con peso específico en la actual ejecutiva federal ha salido a poner la mano en el fuego por el honor del expresidente tras el estallido de las declaraciones en la Audiencia Nacional. El silencio de los barones y el murmullo de pasillo han sustituido a los aplausos cerrados de las convenciones del partido.

Esta metamorfosis revela la verdadera naturaleza del sanchismo como fenómeno de praxis política: un modelo organizativo hiperpragmático, desprovisto de ataduras sentimentales con el pasado y cuyo único principio inamovible es la preservación del poder del presente. En el momento en que un referente del pasado, por sagrado que haya sido su papel en la construcción de la identidad del grupo, se transforma en una amenaza para la estabilidad del Palacio de la Moncloa, la maquinaria del partido activa el protocolo de aislamiento sin que se derrame una sola lágrima de nostalgia. La figura de Rodríguez Zapatero ha sido archivada en la carpeta del pasado incómodo de la misma forma implacable con la que en su día se arrinconó a otros barones u oráculos del felipismo cuando dejaron de ser funcionales a la estrategia de la dirección.

El horizonte judicial que se abre para el expresidente se adivina largo, tortuoso y profundamente desgastante. Desprovisto del calor del aparato de su partido y expuesto al goteo incesante de filtraciones contables, testimonios de arrepentidos y resoluciones del magistrado José Luis Calama, el antiguo líder socialista deberá afrontar su defensa en la más absoluta soledad institucional. Mientras tanto, en la sala de prensa del Consejo de Ministros, los mismos portavocías que ayer celebraban sus discursos se limitarán a repetir, con la frialdad de un robot burocrático, que el Gobierno no comenta las estrategias de defensa de los procesados y que respeta, como no podía ser de otra manera para cualquier ciudadano anónimo, la sacrosanta presunción de inocencia de esa persona de la que usted me habla.