El votante socialista huye del sanchismo

El PSOE siempre ha vivido de una tensión interna: combinar un discurso de justicia social con la necesidad de gobernar para una mayoría que se reconoce en la socialdemocracia clásica, no en los proyectos maximalistas de la izquierda radical. Pedro Sánchez supo convertir esa ambigüedad en capital político en 2018 y 2019, presentándose como dique frente a la derecha y al mismo tiempo como garante de estabilidad. En realidad fue un ejercicio de trilerismo político que será objeto de estudio universitario en el futuro. Pero sus coaliciones posteriores, tanto de gobierno como parlamentarias, con Podemos, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Junts han ido alejando progresivamente al votante socialista histórico.

La crisis migratoria de Ceuta ha acelerado ese proceso. Lo que podía interpretarse como una cuestión sectorial se ha convertido en una crisis de confianza política para el elector de centroizquierda. Belén Barreiro, directora de la demoscópica 40dB., ha explicado en declaraciones a El País que las pérdidas del PSOE se concentran en sus votantes de centro, principalmente por la corrupción y las concesiones al independentismo. Esas fugas se compensaban ampliando el espacio a su izquierda, debilitando a sus aliados y absorbiendo parte del voto de Sumar y Podemos. Pero la inmigración ha introducido una variable nueva: es un asunto “sensible entre la clase trabajadora” y “divisivo y complejo para la izquierda”.

La regularización extraordinaria de hasta medio millón de personas en situación irregular, aprobada en abril, recibió un apoyo relativo en las encuestas: 37,6% de valoración positiva frente a un 33% de rechazo, según el sondeo de 40dB. para la SER y El País. La medida fue avalada por una mayoría de votantes de Podemos, Sumar y, en menor medida, del propio PSOE. Pero el dato relevante no era tanto el equilibrio numérico como la fractura sociológica. La inmigración aparecía como un tema que moviliza a la derecha y divide a la izquierda, y que impacta especialmente en los barrios, sectores y territorios donde se concentra la base clásica del socialismo español: la clase trabajadora que vive del salario y sufre en primera línea las tensiones sobre empleo, vivienda y servicios.

En ese contexto, el ataque de guerra híbrida de Marruecos sobre Ceuta, una presión migratoria masiva que el propio presidente ha definido como “un ataque, una violación de la integridad territorial” ha colocado al votante de centroizquierda ante una escena que no encaja con el relato que Ferraz llevaba años construyendo. Un Gobierno que se presenta como garante de la soberanía y la justicia social aparece ahora atrapado entre la defensa de sus pactos con la izquierda radical y la percepción de que no ha sabido proteger la frontera ni anticipar una crisis que, según reveló la propia Cadena SER, había sido advertida por la inteligencia nacional.

Coaliciones que alejan al socialdemócrata

Las encuestas del CIS de junio ya habían mostrado una caída significativa del PSOE: casi cinco puntos menos de estimación de voto y cerca de un millón de apoyos potenciales perdidos desde mayo, según varios análisis. Ese desplome se atribuía en gran medida a los escándalos judiciales que afectaban al partido y a la percepción de que las concesiones al independentismo habían cruzado una línea para parte del electorado moderado. El Gobierno sobrevivía gracias a la desmovilización de la derecha y a la fragmentación del espacio conservador, pero la base socialista comenzaba a debilitarse.

Belén Barreiro ha subrayado que las pérdidas del PSOE se concentran en su votante de centro y que Sánchez ha compensado esa fuga ampliando su espacio a la izquierda, a costa de debilitar a Sumar y Podemos. La estrategia tenía lógica en términos aritméticos: mientras el bloque progresista mantuviera cohesión, el PSOE podía permitirse perder algunos votantes moderados si ganaba credibilidad entre quienes buscan políticas más ambiciosas en materia de clima, derechos o redistribución.

Pero esa lógica se complica cuando la agenda se desplaza desde el ecologismo, donde la izquierda crece después de veranos de incendios y alertas climáticas, hacia la inmigración, donde el votante socialista de barrio, de ciudad mediana y de periferia no se reconoce en la retórica de la izquierda radical. El ataque marroquí a Ceuta ha hecho precisamente eso: ha desplazado la conversación desde la transición ecológica hacia las fronteras, los menores no acompañados, la seguridad y la relación con Marruecos.

Las coaliciones de Sánchez en el Congreso y en el Gobierno están construidas sobre un equilibrio delicado. Junts, ERC, Bildu, PNV, Sumar y, en ocasiones, Podemos aportan votos, pero también condicionan el discurso. La exigencia de políticas de regularización, la defensa de un modelo de acogida sin reservas o la crítica frontal a cualquier endurecimiento de la política migratoria encuentran eco en esos socios. El votante socialista que se identifica con la socialdemocracia clásica (defensa de derechos, pero también de orden, frontera y estabilidad) percibe que su partido se ha desplazado hacia discursos que no compartía.

La regularización como detonante

El Reglamento de Extranjería aprobado en abril abrió la puerta a la regularización de aproximadamente 500.000 personas en situación irregular, con requisitos claros: presencia en España antes del 1 de enero de 2026, permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses, ausencia de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud. Desde el punto de vista jurídico, la medida respondía a una lógica de urgencia social, integración y reconocimiento de realidades ya existentes. Desde el punto de vista político, se inscribía en una apuesta del Gobierno por diferenciarse de la ola reaccionaria que recorre Europa.

Las encuestas mostraron un apoyo limitado pero mayoritario. Un 37,6% valoraba positivamente la regularización, frente a un 33% que la rechazaba. Los votantes de Podemos, Sumar y PSOE apoyaban la medida en proporciones significativas. Pero el dato que más preocupaba a los analistas era el efecto sobre la clase trabajadora. 40dB detectó que la inmigración es especialmente sensible en esos segmentos y que la izquierda no tiene una posición unificada. La regularización recibía votos en las capas más politizadas de la izquierda, pero generaba inquietud en sectores populares que ven la inmigración como competencia en el mercado laboral, presión sobre los servicios y tensión sobre la vivienda.

El proceso, por tanto, no se vivió en muchos barrios obreros como un acto abstracto de justicia, sino como una decisión que podía aumentar la competencia por recursos escasos. La izquierda radical defendió la medida como un avance histórico, mientras la derecha la presentó como un incentivo para nuevas llegadas. El PSOE intentó equilibrar el discurso, pero la crisis de Ceuta ha llevado ese equilibrio al límite.

Ceuta como punto de inflexión

La entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta en cuestión de horas, en el contexto de una crisis diplomática con Marruecos y de una sentencia del Supremo sobre devoluciones, ha cambiado la percepción del votante moderado. Sánchez definió el episodio como ataque y violación de la integridad territorial, pero al mismo tiempo atribuyó la responsabilidad inmediata a mafias que interpretaron mal una decisión judicial. Para el elector, la escena es más simple y más brutal: una frontera desbordada, un Estado sorprendido, un gobierno del PSOE entregado a defender a Marruecos y una sensación de vulnerabilidad.

Belén Barreiro ya advertía, antes del ataque marroquí contra Ceuta, que la inmigración podía “pasar facturas mayores” al PSOE. La crisis ha confirmado esa advertencia. La clase trabajadora que mira la televisión y ve imágenes de saltos, nadadores y centros de acogida saturados no distingue entre regularizaciones técnicas y decisiones judiciales. Ve una frontera que parece frágil y un Gobierno que, en su percepción, ha priorizado los pactos con la izquierda radical sobre la protección de la soberanía.

La conjunción de regularización y crisis fronteriza produce una sensación de pérdida de control. No es estrictamente racional: el proceso de regularización afecta a personas que ya estaban en España, no a las que entraron en Ceuta. Pero la política no opera solo en el terreno de la razón técnica. Opera en el terreno de la percepción. Y la percepción del votante de centroizquierda es que su partido ha abandonado la posición socialdemócrata de control ordenado de la inmigración para alinearse con los discursos más permisivos.

El impacto en la base trabajadora

La clase trabajadora que ha votado tradicionalmente al PSOE vive la inmigración de forma distinta a como la viven segmentos universitarios urbanos y capas de renta más alta. El trabajador que compite por un contrato temporal, por un alquiler asumible o por una plaza en un centro público percibe la llegada de nuevos residentes como una presión sobre su entorno inmediato. No se trata de xenofobia estructural, aunque la extrema derecha intente aprovechar ese malestar. Se trata de la experiencia concreta de los recursos escasos.

40dB ha mostrado que la regularización divide a los españoles y que el rechazo aumenta en determinados sectores. La crisis de Ceuta amplifica esa división. La izquierda radical, que se concentra en áreas urbanas con mayor capital cultural, tiende a defender la inmigración como cuestión de derechos universales y a considerar la frontera como un espacio que debe ser transitado libremente por quienes huyen de la pobreza. La base socialista, en cambio, pide orden, claridad jurídica y protección de las condiciones de vida.

Sánchez, en su intento de mantener la legislatura, ha apostado por consolidar su posición en el espacio de la izquierda, incluso a costa de perder voto moderado. Las alianzas con Sumar, la defensa de la regularización y la narrativa de España como país de acogida le permiten liderar ese espacio. Pero están espantando a una parte de la base que, sin irse necesariamente al PP, puede optar por la abstención. El CIS de junio ya indicaba que la caída del PSOE se explicaba más por desmovilización que por fuga directa hacia la derecha.

La clase trabajadora tiene memoria. Recuerda que el PSOE fue el partido que defendió el Estado del bienestar, la negociación colectiva, la protección social y una política migratoria que combinaba acogida y control. Cuando percibe que el partido se mueve hacia posiciones más próximas a Podemos o Sumar que a la socialdemocracia europea clásica, siente que su representación se diluye.

El coste de los pactos con la izquierda radical

Las alianzas de Sánchez con la izquierda más radical o con el independentismo no solo tienen un coste institucional. También tienen un coste en el imaginario del voto histórico del PSOE. El pacto con Junts sobre menores migrantes, que dejó a Cataluña fuera del reparto mientras otras comunidades asumían una carga mayor, fue leído por parte del electorado socialista como una señal de que la política migratoria del Gobierno responde más a la aritmética parlamentaria que a criterios de equidad.

La defensa entusiasta de la regularización por parte de Podemos y Sumar refuerza la percepción de que el bloque progresista se ha desplazado hacia posiciones que la base trabajadora no comparte del todo. El PSOE se ve empujado, por sus alianzas, a sostener ese discurso aunque su corazón electoral esté en otra parte.

El ataque de Marruecos sobre Ceuta introduce una nueva dimensión: la soberanía. El votante socialdemócrata que puede aceptar la regularización como medida de justicia social nunca aceptará fácilmente que un vecino utilice la migración para presionar a España. Cuando ve que el Gobierno evita señalar con claridad la responsabilidad de Rabat y que se limita a hablar de mafias, siente que la política exterior se ha adaptado a la lógica de la contención permanente, no a la defensa firme de la frontera.

La combinación de pactos con la izquierda radical, concesiones al independentismo y prudencia extrema frente a Marruecos produce una sensación de desorientación. El elector percibe que su partido ya no sabe dónde está su línea roja.

El riesgo electoral

El riesgo para el PSOE no es solo perder votos en una próxima cita electoral. Es perder la identidad socialdemócrata que le ha permitido ser el partido central de la izquierda española durante décadas. Si la inmigración se consolida como tema estructural de campaña, el PP y Vox intentarán capitalizar el malestar con propuestas de endurecimiento y retorno. El PSOE puede verse atrapado entre una derecha que ofrece respuestas simples y una izquierda radical que defiende posiciones que el centroizquierda no comparte.

Belén Barreiro ha advertido que la inmigración es “divisiva y compleja para la izquierda”. La crisis de Ceuta demuestra que esa complejidad puede convertirse en fractura real. La regularización ha sido apoyada por la base más ideologizada de la izquierda, pero la clase trabajadora se ha mostrado ambivalente. La presión marroquí ha añadido una dimensión de amenaza que altera el equilibrio emocional del votante.

El PSOE puede intentar recuperar terreno si reconecta con los temas que la base trabajadora considera prioritarios: empleo estable, salarios, vivienda, sanidad, educación y seguridad. También puede replantear su política migratoria sin abandonarla, introduciendo mecanismos de control, transparencia y gestión ordenada. Pero no puede seguir actuando como si la cuestión migratoria fuera solo un problema de narrativa, no de percepción material.

Una salida para el socialismo

La socialdemocracia clásica siempre ha combinado dos principios: solidaridad y orden. La protección de los más vulnerables ha convivido con la defensa de la legalidad, la seguridad y la cohesión social. El PSOE debe recuperar ese equilibrio si quiere evitar que su base se descomponga entre abstención, voto crítico o fuga hacia opciones que prometen soluciones fáciles. Sin embargo, el sanchismo no lo permitirá si está en riesgo Pedro Sánchez. 

Reconocer que la inmigración impacta en la clase trabajadora no equivale a asumir el discurso de la extrema derecha. Significa aceptar que las políticas deben considerar la desigualdad territorial, la presión sobre servicios públicos y la percepción de competencia en el mercado laboral. Regularizar sin explicar, acoger sin planificar y pactar sin informar son formas de perder credibilidad.

Sánchez todavía puede reconstruir un discurso que reconozca la gravedad de la crisis de Ceuta, la responsabilidad marroquí, dar una respuesta contundente a Marruecos, la importancia de la soberanía y la necesidad de una política migratoria que proteja tanto los derechos de los que llegan como los derechos de quienes ya viven y trabajan en España. Pero para hacerlo debe dejar de mirar únicamente hacia su izquierda parlamentaria y volver la vista hacia la base trabajadora que le dio el poder.

Porque, mientras las fotos de pactos avanzan y las cifras de regularización se celebran, un sector central del electorado socialista está mirando las imágenes de Ceuta y pensando algo muy sencillo: que su partido ha dejado de parecerse a lo que siempre fue porque el PSOE ya no existe porque ha sigo engullido por el sanchismo. Y en política, cuando la identidad se rompe, el voto deja de ser lealtad y pasa a ser duda.