España volvió a presentar en noviembre una fotografía aparentemente positiva: el paro descendió en 18.805 personas y el total de desempleados se situó en 2,42 millones. Pero las cifras oficiales esconden una mutación profunda del mercado laboral. Bajo la retórica de la “estabilidad” y la “reducción de la temporalidad”, el país consolida un modelo en el que la precariedad no se elimina, sino que se redefine y se maquilla. El mercado laboral español ha entrado de lleno en la era de la precariedad de nueva generación, donde lo indefinido ya no significa estable, y lo estable ya no garantiza una vida digna.
La reforma laboral fake de Pedro Sánchez se ha convertido en un éxito propagandístico: las cifras muestran una caída de la temporalidad y un aumento de los contratos indefinidos. Sin embargo, el análisis profundo y serio de los datos oficiales publicados por el SEPE revela que la propia composición de estos contratos pone en evidencia que la reforma ha modificado más la semántica que la realidad material del empleo. De los 535.097 contratos indefinidos firmados en noviembre, solo 226.124 fueron a jornada completa, un 42,3% del total. El resto se reparte entre indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, que juntos suman 308.873 contratos, un 36% más que los indefinidos ordinarios.
Este desplazamiento revela la aparición de un fenómeno muy preocupante: la estabilidad precaria. La España de Pedro Sánchez ha pasado de la temporalidad al engaño de la estabilidad precaria, un sistema que permite a las empresas mantener plantillas flexibles y baratas con la etiqueta de “indefinidos” pero sin garantizar ni ingresos dignos ni jornadas suficientes. Es decir, las medidas laborales de Sánchez han logrado reducir la temporalidad sin fortalecer el empleo, creando un mercado laboral indefinido sólo en apariencia. En el Excel cabe todo, menos una perspectiva real de lo que sufren millones de ciudadanos.
La fotografía general confirma esta fractura. En noviembre se firmaron 1,3 millones de contratos, de los cuales el 41,27% fueron indefinidos y el 58,71% temporales. Sin embargo, la estadística que desvela el corazón del problema es más concreta: apenas el 17,4% del total de contratos firmados corresponde a indefinidos con jornada completa. En cambio, los contratos “indefinidos” que siguen siendo precarios representan el 23,8%, y la contratación temporal continúa creciendo con 4.067 contratos temporales más que un año antes. El resultado es un país estructurado en dos velocidades, donde una minoría accede a empleos estables y la mayoría se mueve entre temporalidades encubiertas, jornadas reducidas y discontinuidad.
Este equilibrio frágil se está convirtiendo en una característica estructural del modelo español. El sistema no solo genera trabajadores pobres, genera trabajadores indefinidos pobres, una categoría que, según se comprueba en las cifras oficiales del SEPE, se amplía mes tras mes bajo el paraguas de un relato optimista del sanchismo que celebra indicadores parciales sin abordar las raíces productivas y salariales de la precariedad. El gobierno presume de cifras récord de afiliación y de reducción de temporalidad mientras conserva los peores registros de pobreza laboral de Europa.
La paradoja es que la España de Sánchez se acerca más a un esquema híbrido entre la rigidez dual italiana y la flexibilidad danesa, pero sin los colchones de seguridad del norte ni la productividad del centro de Europa. En esta transición, la reforma laboral fake ha generado un sistema donde la palabra “indefinido” ya no funciona como un escudo contra la inseguridad económica, sino como una categoría burocrática que permite al Estado mostrar avances sin alterar la estructura real del empleo.
La ineficacia e ineficiencia de Sánchez ha llevado a España a una segunda generación de precariedad institucionalizada, estadísticamente disfrazada y políticamente administrable. Las clases medias y trabajadoras no pueden soportara que su prosperidad se levante sobre una arquitectura laboral donde la estabilidad existe sobre el papel, pero no en la vida de la gente. Porque España celebra menos paro, sí, pero más trabajo digno, no.