La crisis de la vivienda en España se ha convertido en el reflejo de las contradicciones económicas del país. Las promesas se multiplican, los partidos compiten por presentar la fórmula definitiva y los discursos se llenan de cifras: viviendas por construir, incentivos fiscales, límites al alquiler, protección a los propietarios. Mucho ruido, sí. No obstante, detrás de esa disputa late una realidad más honda y más incómoda. España tiene un problema de acceso a la vivienda, y tiene también un problema de salarios, de precariedad laboral y de reparto de la riqueza.
La pregunta, en el fondo, no es solo cuántas casas se levantan, quién las compra o cuánto cuesta alquilarlas, es por qué una parte cada vez mayor de la población trabajadora no puede permitirse un hogar sin recortar en comida, en salud, en la crianza de sus hijos o en cualquier posibilidad de ahorro. En una de las grandes economías de la Unión Europea, tener un empleo ya no garantiza escapar de la pobreza.
Lo que dicen los números
Los datos más recientes lo ilustran con crudeza. Un informe de Oxfam Intermón, presentado esta semana en plena ola de protestas por la vivienda, calcula que en España hay unos tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral una vez descontados los gastos de vivienda, de los cuales unos 770.000 caen por debajo del umbral precisamente por lo que pagan de alquiler o hipoteca. Con datos de 2024, la tasa de pobreza laboral pasa del 11,48 al 15,49 por ciento al tener en cuenta el coste de la vivienda.
El golpe es mucho mayor para quienes alquilan a precio de mercado: entre ellos, la pobreza laboral salta del 19,35 por ciento antes de pagar la renta al 34,08 por ciento después. Casi el doble. Es lo que el responsable de vivienda de Oxfam llama "la trampa del alquiler": como se paga caro, no se ahorra, y como no se ahorra, no se puede comprar. El informe añade que la pobreza laboral alcanza el 31,4 por ciento entre los trabajadores extranjeros de fuera de la UE, frente al 8,7 por ciento de los españoles, y que la hostelería y el empleo doméstico concentran un tercio de quienes trabajan a tiempo parcial en situación de pobreza. Y advierte de que, a este ritmo, España tardaría décadas en converger con la media europea, que ronda el 8,2 por ciento.
Feijóo y el millón de viviendas: más ladrillo, pero ¿para quién?
La propuesta del líder del PP parte de un diagnóstico reconocible: faltan viviendas, falta suelo disponible y sobran obstáculos administrativos. Feijóo ha prometido impulsar un millón de viviendas durante la próxima legislatura, junto a incentivos fiscales, avales para que los jóvenes puedan comprar y medidas para agilizar licencias, entre ellas un silencio administrativo positivo en 90 días para determinadas autorizaciones.
Es una apuesta por aumentar la oferta y facilitar la propiedad. El problema aparece cuando se confunde poder construir una casa con poder pagarla. Una vivienda más puede moderar precios donde hay demanda insatisfecha, pero no garantiza que resulte asequible para alguien con un sueldo bajo, a tiempo parcial o con empleos intermitentes. Los avales ayudan a quien tiene ingresos estables y le falta la entrada; no convierten un salario insuficiente en una renta capaz de sostener una hipoteca durante décadas.
Hay, además, un riesgo que señalan muchos economistas: si las ayudas a la compra aumentan la capacidad de pago sin que la oferta responda lo bastante, parte del beneficio acaba incorporándose al precio. El resultado depende de dónde se construya y de cómo se diseñen los incentivos. Construir más es necesario en muchos territorios, pero el mercado puede levantar casas y no puede garantizar por sí solo que quienes las necesitan cobren lo suficiente para habitarlas.
Sánchez y la intervención pública: proteger al inquilino no basta
El PSOE defiende una orientación distinta: regulación del alquiler, ampliación del parque público, ayudas a los inquilinos y medidas contra la especulación. Entre sus iniciativas figura la creación de una gran empresa pública que construya y gestione vivienda para mantenerla al margen de los circuitos especulativos y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla financiar esa ampliación.
La premisa es sólida: la vivienda no puede tratarse solo como un activo financiero cuando es una necesidad básica. Un parque público de alquiler asequible, sostenido en el tiempo, reduce la exposición de los hogares a los vaivenes del mercado. Pero también aquí hay límites. Si los controles no se diseñan bien, si la construcción pública avanza despacio o si la oferta de alquiler se contrae en algunos segmentos, el alivio para unos puede convivir con más obstáculos para otros. España arrastra un déficit de vivienda pública que no se cubre con anuncios ni decretos y un alquiler reducido sigue siendo inasumible para quien apenas llega a fin de mes.
Abascal y Vox: rebajar impuestos y señalar culpables
Santiago Abascal propone una ruptura más profunda con el intervencionismo: liberalizar suelo, recortar trabas burocráticas y suprimir los impuestos de la compra de la primera vivienda. Vox plantea además priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda protegida, limitar determinadas compras por parte de extranjeros no comunitarios y vincular la presión inmobiliaria a la inmigración.
Tiene un atractivo político evidente: promete abaratar costes y devolver a los ciudadanos la posibilidad de ser propietarios. Sin embargo, vuelve a tropezar con la misma pregunta, esto es, qué ocurre con quienes no tienen ingresos suficientes para aprovechar esas ventajas. Eliminar impuestos abarata la operación, pero no resuelve la falta de ahorro de una familia que no llega a fin de mes. Y la presión demográfica puede tensionar determinados mercados, sería un error negarlo, pero convertirla en la explicación central oculta que la demanda efectiva depende de cuántos pueden pagar, no solo de cuántos necesitan casa.
Las izquierdas y una asignatura pendiente
Las formaciones a la izquierda del PSOE insisten en limitar alquileres en zonas tensionadas, movilizar viviendas vacías, restringir los usos turísticos, ampliar el parque público, frenar la especulación y reclaman moratorias de desahucios. Son medidas pensadas para reducir el poder del mercado sobre un bien esencial. Pueden ser necesarias cuando la escasez de alternativas permite imponer condiciones abusivas. Pero regular precios no sube los salarios, y construir vivienda social no elimina la precariedad de quienes esperan acceder a ella.
Si se queda ahí, advierten algunos analistas, la política de vivienda corre el riesgo de limitarse a administrar la escasez y repartir ayudas entre quienes logran cumplir los requisitos.
Trabajar y seguir siendo pobre
La situación de la clase trabajadora en España es injustificable: la precariedad, la parcialidad involuntaria y la inestabilidad de ingresos dificultan emanciparse y planificar cualquier proyecto de vida.
Quien no sabe cuánto cobrará el mes que viene difícilmente puede comprometerse a una hipoteca de treinta años. Quien trabaja a jornada parcial porque no encuentra otra cosa puede quedar fuera incluso de los alquileres más modestos.
A todo ello se suma una estructura productiva que, en ciertos sectores, sigue apoyándose en actividades de bajo valor añadido: hostelería, comercio, cuidados.
Una causa no basta
Conviene no simplificar. La crisis inmobiliaria no tiene una causa única: la falta de oferta en mercados concretos, la concentración del empleo en grandes ciudades, la inversión especulativa, los usos turísticos y la escasez de vivienda pública pesan en distinta medida.
Pero hay una diferencia entre reconocer varias causas y ocultar la que conecta la emergencia habitacional con la desigualdad: la incapacidad de una parte de la población para convertir su trabajo en una vida digna. Las propuestas de unos y otros no son idénticas, ni sus efectos serían los mismos, ninguna debería evaluarse solo por el número de viviendas anunciadas. La prueba decisiva es cuánto reducen el esfuerzo económico de los hogares, cuánta vivienda realmente asequible añaden y cuánto ayudan a que los trabajadores puedan pagarla sin caer en la pobreza.
España necesita viviendas, pero también salarios que permitan habitarlas. Necesita ampliar la oferta, pero también repartir mejor la riqueza que genera. Mientras ese principio no ocupe el centro de la campaña, el país seguirá discutiendo sobre ladrillos mientras millones de ciudadanos intentan resolver, con nóminas insuficientes, una ecuación que no les sale.
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