¿Hay jueces que hacen política? Sí, en España siempre los ha habido, tanto desde un lado como del otro del espacio ideológico. ¿El sistema judicial español es un nido de corrupción? Desde un punto de vista amplificado, sí. No se trata sólo de corrupción económica, que la hay. En el ámbito judicial existen otro tipo de corrupciones que atentan contra la imparcialidad de la justicia o la igualdad de los españoles a la hora de recibir sentencias justas. Hay que decir que la gran mayoría de los magistrados hacen su trabajo con la diligencia debida, que aplican las leyes sin mirar a quiénes son las partes. Sin embargo, existe un escenario de conflictos de intereses, de generación de doctrinas jurídicas o retorcimiento de la ley que enmascaran prevaricaciones de libro. En España, por ejemplo, hay jueces que tienen acciones en bolsa y que instruyen o juzgan causas en las que están acusadas las grandes empresas de las que son accionistas. Todo ello por no hablar con lo que sucede en determinados juzgados de lo Mercantil o en las altas instancias con capacidad de dictar sentencias firmes. ¿Hay lawfare contra la izquierda o contra el sanchismo? Mirando y analizando las sentencias que se dictan en determinados juzgados o tribunales, se puede decir que, de existir con la intensidad con que se señala desde el sanchismo, es una más de una larga lista. Sin embargo, de lo otro, de lo que afecta a los ciudadanos todos los días, no se habla y si no se habla es porque desde el poder, sanchismo incluido, se es cómplice.
La Justicia española atraviesa una fase crítica cuya gravedad no se mide solo por la tensión ideologica alrededor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional, sino por una destrucción sostenida de confianza social que ya afecta a la legitimidad democrática. La discusión pública ha ido desplazándose del tecnicismo de los nombramientos al terreno más sensible de la experiencia ciudadana: la sensación de que no todos son iguales ante la ley, de que ciertas élites disfrutan de ventajas procesales y de que la independencia judicial convive con influencias, compensaciones y cálculos corporativos. Esa brecha entre el ideal y la percepción no es un detalle retórico: es la base de la autoridad institucional. Cuando la gente deja de creer en la imparcialidad de los tribunales, la propia eficacia del derecho se debilita.
La primera línea del problema es simbólica. La teoría política afirma que la Justicia ha sido hasta ahora uno de los pilares a los que la sociedad recurre cuando falla la política. Pero cuando las decisiones judiciales, especialmente las de alto impacto mediático o económico, parecen favorecer a poderosos mientras castigan más a los débiles, el poder simbólico de los tribunales se debilita. Esa desttrucción se alimenta de tres factores interrelacionados: la percepción de politización de la justicia en los altos órganos, la circulación profesional entre la magistratura y el sector privado, y la existencia de fallos jurisprudenciales que dan la impresión de inconsistencia o de adaptación de la ley a intereses concretos. No es solo lo que se decide; es cómo se decide y quién parece beneficiarse.
Politización y lawfare: la cortina de humo
La discusión pública sobre la Justicia española se ha contaminado de una palabra que lo explica casi todo y, al mismo tiempo, se usa con enorme ligereza: lawfare. Invocarlo como arma retórica permite a los partidos (ahora al partido de Sánchez y antes al Partido Popular) convertir cualquier resolución incómoda en una conspiración política y, al mismo tiempo, desviar la atención de los problemas reales de fondo. La justicia puede estar sometida a presiones, puede arrastrar inercias corporativas y puede necesitar reformas profundas, pero eso no convierte automáticamente cada decisión controvertida en una operación de guerra judicial. Esa ambigüedad es precisamente la que aprovechan muchos actores: al denunciar politización, tapan sus propias responsabilidades; al hablar de persecución, eluden debatir sobre mala gestión, bloqueos institucionales o corrupción política.
El lawfare funciona así como una cortina de humo útil para ambos lados del conflicto. Para unos, sirve para deslegitimar decisiones que no les favorecen. Para otros, permite presentar cualquier crítica a la Justicia como un ataque al Estado de derecho. En ese intercambio tóxico, el ciudadano queda atrapado entre narrativas interesadas mientras los problemas estructurales siguen intactos: órganos constitucionales bloqueados, falta de transparencia en los nombramientos, puertas giratorias, criterios jurisprudenciales discutibles y una débil cultura de rendición de cuentas. El resultado es una conversación pública cada vez más degradada, donde se habla mucho de conspiraciones y demasiado poco de reformas.
Puertas giratorias y profesionalización: la agenda pendiente
Uno de los elementos que alimentan la sospecha es el fenómeno de las puertas giratorias en la justicia. La transición frecuente de altos magistrados y fiscales hacia despachos de élite o grandes empresas genera la sensación (aunque cada caso pueda tener explicaciones legales) de que existe una recompensa profesional esperada por quien toma decisiones fundamentales. La posibilidad de acabar en un bufete bien remunerado tras una carrera en la magistratura no sólo plantea dilemas éticos; plantea riesgos prácticos: incentiva, en el imaginario público, la idea de que las decisiones pueden estar condicionadas por horizontes de empleo posteriores.
La solución no puede ser un purismo corporativo irreal. Los sistemas democráticos europeos combinan experiencia técnica y movilidad profesional legítima. Pero la clave está en transparencia y límites éticos: incompatibilidades más claras, plazos de separación obligatorios, mayor publicidad de los motivos de las resoluciones relevantes y códigos éticos efectivos. Sin esos muros, la movilidad profesional se convierte en un vector de deslegitimación.
La desigualdad procesal y el acceso diferencial a la Justicia
Otro rasgo que alimenta la percepción de desigualdad es el distinto acceso a la defensa jurídica. Los grandes bufetes de abogados, con recursos para investigación forense, peritajes caros y equipos de litigio de primer nivel, ofrecen a sus clientes una capacidad que los ciudadanos corrientes no pueden costear. Cuando esa desigualdad de recursos se combina con la sospecha de canales de influencia, la ecuación se vuelve explosiva: la Justicia deja de verse como imparcial y pasa a percibirse como un terreno donde el capital económico transforma resultados. A esto hay que añadir, además, la capacidad de influencia sobre los juzgados clave, capacidad que suele llegar como consecuencia de las puertas giratorias.
Resolver ese problema exige políticas públicas más ambiciosas: refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, mejora de la independencia y recursos de los órganos que fiscalizan la conducta judicial, y auditorías independientes sobre procesos de adjudicación y determinación de resoluciones en casos con impacto económico. La transparencia en los expedientes, el control de conflictos de interés y las audiencias públicas en determinados supuestos no son gestos simbólicos; son medidas que reconstruyen confianza.
Choque entre derecho nacional y estándares europeos
La existencia de sentencias que parecen apartarse de la interpretación mayoritaria europea (por ejemplo, en materia de consumidor, cláusulas abusivas o responsabilidad corporativa) acentúa la impresión de arbitrariedad. Cuando el Tribunal Supremo o las audiencias superiores dictan doctrina que parece contradecir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la reacción de la ciudadanía no es sólo técnica sino política: se interpreta como una defensa de intereses nacionales o corporativos frente a estándares supranacionales de protección. Esa tensión activa dos problemas: la calidad de la argumentación jurídica y la política de legitimidad internacional de la Justicia española.
Fortalecer la coherencia jurisprudencial exige más que voluntad: requiere inversión en investigación judicial, estímulos para la transparencia doctrinal y mayor diálogo académico y con tribunales europeos para que las divergencias se expliquen públicamente y no queden envueltas en sospechas.
Prevenir más que curar
Detrás de cada práctica cuestionable suele haber una cultura institucional que la tolera. No basta con perseguir casos aislados; es necesario un trabajo sostenido de formación ética, protocolos de prevención de conflictos y mecanismos sancionadores eficaces y ágiles. Las escuelas judiciales, las instancias de control disciplinario de los jueces y los propios órganos de gobierno del Poder Judicial deben dotarse de instrumentos para identificar riesgos y sancionar conductas que vulneren la imparcialidad, con procedimientos que protejan al denunciante y preserven la presunción de inocencia del investigado.
Listas negras
Nadie habla de ello pero es un secreto a voces. En los juzgados españoles existen determinadas personas (abogados, ciudadanos o procuradores) que están marcados. Oficialmente, esas listas no existen, pero la realidad de los juzgados es otra. Cualquier profesional de la abogacía o ciudadano que cuestione las decisiones judiciales, que recurra de manera constante, que plantee la elevación de cuestiones prejudiciales al TJUE, que recuse a los jueces por cuestiones de conflicto de interés o por contaminación de la causa, y, por supuesto, aquellos que interpongan querellas contra los jueces son incluidos en esas listas que, evidentemente, se utilizan para destrozar jurídica, económica, profesional y socialmente la vida de esas personas.
Pero off the record, los profesionales que trabajan en las altas instancias te reconocen que esas listas son reales. Eso es lo que le ha pasado al gobierno de Pedro Sánchez, que, como viven de espaldas a la realidad y sólo están pendientes de la supervivencia del líder, se atrevieron a hacer lo que los jueces no toleran jamás, independientemente de la ideología que pueda profesar. Un juez español aceptará la crítica a una sentencia, pero lo que no tolerará jamás es que se pretenda anular una decisión creando legislación ad hoc para ello. La amnistía fue el punto de inflexión para que tanto Pedro Sánchez como el gobierno y el partido sanchista fueran incluidos en la misma lista negra en la que ya están inscritos miles de ciudadanos españoles.
Límites de la politización y la reforma democrática
Cualquier propuesta de reforma del sistema judicial chocará con la realidad política: los partidos saben que la política judicial importa y luchan por influir en su composición. No obstante, el objetivo legítimo debería ser ensanchar el consenso sobre principios básicos: criterios transparentes para nombramientos, participación del Parlamento con poderes de evaluación pero no de captura, y procedimientos que preserven la independencia funcional de la magistratura. La clave es encontrar fórmulas que reduzcan la instrumentalización partidaria sin desarmar la responsabilidad democrática.
Reformas que combinan mayoría cualificada en nombramientos, participación de comisiones de méritos independientes y una mayor publicidad de los expedientes pueden restar armas a la politización sin vaciar de legitimidad al Poder Judicial. Ese camino exige valentía política: el reconocimiento de que la Justicia no debe ser un botín partidario sino un bien común.
Prevención y sanción
El sistema necesita órganos de control efectivos, con independencia financiera y funcional. Las reformas deben abordar no solo la composición formal del CGPJ o del Tribunal Constitucional, sino la capacidad de investigación y sanción sobre comportamientos dudosos en la carrera judicial. Que existan procedimientos disciplinarios públicos, plazos razonables y consecuencias reales es un antídoto contra la impunidad percibida.
Además, la fiscalía como institución debe preservarse frente a capturas políticas, garantizando que la independencia de la Fiscalía sea real y su acción no sea interpretada como instrumento de un gobierno ni como un actor de la cúpula judicial con agenda propia. La coherencia institucional pasa por repartir responsabilidades con garantías y controles.
Políticos y jueces, un riesgo democrático
Cuando la Justicia pierde autoridad, las consecuencias van más allá de las salas de audiencia. La cohesión social, la confianza en el Estado y la capacidad de los gobernantes para implementar políticas públicas se ven mermadas. La percepción de impunidad o de doble vara de medir favorece el resentimiento social y la polarización política. En última instancia, ese desgaste erosiona la gobernabilidad: las leyes pierden fuerza simbólica cuando la ciudadanía duda de que se apliquen por igual a todos.
Por eso la reforma judicial no es un asunto técnico; es una política de Estado. Recuperar la confianza exige medidas profundas, sostenidas en el tiempo y debatidas públicamente con honestidad sobre costos y beneficios.
La Justicia española está irremediablemente condenada. La fragilidad actual es, en buena medida, el resultado de omisiones políticas deliberadas, debilidades de transparencia y una cultura institucional que ha ido tolerando prácticas problemáticas. El diagnóstico es duro, pero también operativo porque hay palancas de mejora claras: reforzar transparencia, regular puertas giratorias, dignificar la asistencia jurídica gratuita, mejorar la coherencia jurisprudencial y blindar los órganos de control disciplinario.
Si la política acepta, que no lo hará porque, al final, a los políticos no les interesa que los jueces hagan justicia justa, que la reparación de la confianza es una prioridad, entonces las medidas técnicas y las reformas institucionales pueden restituir la autoridad perdida. Si no ocurre, la desafección hacia los tribunales seguirá creciendo y con ella la fragilidad de la democracia misma. La Justicia no puede ser el actor sacrificado en la batalla de poder; debe ser la institución creíble que garantice igualdad y seguridad jurídica para todos.
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