Durante décadas, la deontología periodística fue un pacto implícito entre medios y sociedad. No siempre se cumplía, pero existía una idea compartida: quien informaba a la ciudadanía asumía un deber especial de rigor, contraste y responsabilidad. Hoy, ese pacto ha saltado por los aires. No porque la necesidad haya desaparecido, sino porque la capacidad de informar (y de desinformar) se ha propagado hasta extremos inéditos.
Influencers, youtubers y creadores de contenido concentran audiencias que rivalizan, y a menudo superan, a las de muchos medios tradicionales. Opinan, narran la realidad, denuncian, acusan y moldean percepciones colectivas en tiempo real. Sin embargo, lo hacen en un terreno exento de las obligaciones éticas que históricamente han acompañado al ejercicio de informar. Esa asimetría es ya insostenible.
La cuestión no es si deben aplicarse principios deontológicos a estos nuevos actores informativos, sino por qué se ha tardado tanto en plantearlo con seriedad.
El mito de la información oculta
Uno de los relatos más persistentes y más funcionales a la desinformación digital es la idea de que los medios de comunicación “ocultan” deliberadamente información relevante. Este argumento, repetido con frecuencia por actores políticos, influencers y creadores de contenido, parte de una premisa falsa: que todo dato que llega a un periodista debe publicarse, y que no hacerlo equivale a censura o complicidad.
En realidad, ocurre justo lo contrario. La decisión de no publicar es, en muchos casos, una de las expresiones más claras de la deontología periodística y del respeto al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.
Proteger la fuente no es ocultar la verdad
Buena parte de la información de interés público no llega a los periodistas por canales oficiales, sino a través de fuentes que asumen riesgos personales, laborales o incluso legales. La protección de las fuentes no es un privilegio corporativo ni un vicio del sistema mediático: es una condición indispensable para que determinadas verdades salgan a la luz en el momento en que estén contrastadas y verificadas.
Publicar una información que expone a una fuente no solo puede poner en peligro a esa persona, sino que puede cerrar para siempre vías futuras de acceso a información relevante. Callar, en ese contexto, no es encubrir; es preservar la posibilidad de informar mejor, más adelante y con más pruebas.
El valor del off the record: información no publicable, pero sí esencial
Gran parte del trabajo periodístico se nutre de conversaciones off the record o de información recibida de manera extraoficial. Estos intercambios no están diseñados para su publicación directa, sino para orientar investigaciones, contextualizar hechos y verificar hipótesis.
Romper un off the record no es valentía informativa: es una violación ética grave. Sin este marco de confianza, la información compleja (seguridad, diplomacia, economía o corrupción) simplemente desaparecería del espacio público. Respetar estas reglas no empobrece la información: la hace posible.
Cuando no se publica, se protege al lector
Otro motivo clave para descartar y no publicar informaciones es la falta de fiabilidad de la fuente. En un ecosistema saturado de filtraciones interesadas, rumores estratégicos y operaciones de intoxicación, el periodista tiene la obligación de desconfiar, incluso cuando la historia es atractiva o confirma prejuicios existentes.
No todo lo que se recibe es cierto. No todo lo que parece verosímil lo es. No todo lo que encaja con el clima político merece ser difundido. Quien firma este Ágora, por ejemplo, ha recibido incluso sentencias falsificadas, hecho que fue descubierto cuando se contrastó con el documento oficial. Por tanto, no se publicó.
Publicar información dudosa no amplía el derecho a la información: lo vulnera.
Del mismo modo, hay informaciones que no se publican porque no pueden ser contrastadas ni verificadas con estándares mínimos exigibles. Sin segunda fuente, sin confirmación independiente o sin contexto sólido, la publicación se convierte en un acto irresponsable, aunque genere clics. Es más, en Diario Sabemos, se tiene conocimiento de informaciones muy sensibles sobre personas muy importantes y con mucho poder en este país. Una vez recibida dicha información se hizo la labor de investigación, contraste y verificación que, en algunos casos, llevó meses de trabajo. No se puede decir que sea falsa porque no se ha podido contrastar ni verificar y, en consecuencia, no se ha publicado y eso no significa que estemos ocultando información.
El contraste como frontera ética entre periodismo y propaganda
Aquí se encuentra una de las diferencias fundamentales entre periodismo profesional y activismo informativo. El periodista no publica lo que quiere que sea cierto, ni lo que viraliza mejor, ni lo que refuerza una narrativa previa. Publica lo que puede demostrar.
Ese principio, el contraste, es la frontera que separa la información del ruido. Renunciar a él en nombre de una supuesta “verdad silenciada” conduce a una paradoja peligrosa: se acusa a los medios de ocultar información mientras se legitima la difusión masiva de contenidos no verificados como acto de valentía.
Callar a tiempo para informar mejor
El silencio periodístico no siempre es ausencia; a menudo es prudencia, responsabilidad y respeto por la ciudadanía. La deontología no obliga a publicar más, sino a publicar mejor. Y publicar mejor implica, en ocasiones, no publicar todavía o no publicar nunca.
El derecho a la información no consiste en recibir todo lo que circula en redes, sino en recibir información fiable, contrastada y contextualizada. Confundir ese derecho con un supuesto derecho a la filtración permanente es uno de los grandes errores de la cultura digital contemporánea.
La diferencia entre ocultar y no mentir
Aplicar estos criterios no significa proteger al poder, sino proteger al público. La narrativa de que “los medios ocultan la verdad” suele ser más seductora que la realidad: que informar exige límites, renuncias y decisiones incómodas.
Exigir a influencers, youtubers y creadores de contenido que respeten estos mismos principios no es censura ni un ataque a la libertad de expresión. Es reconocer que quien informa a millones de personas asume una responsabilidad pública.
No hacerlo es aceptar que la viralidad sustituya al contraste, que la sospecha sustituya al hecho y que el algoritmo decida qué es verdad.
En un entorno saturado de ruido, el periodismo no defiende su legitimidad publicándolo todo, sino negándose a mentir. Y esa negativa, aunque a veces sea impopular, es una de las formas más honestas de defender el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Audiencia sin responsabilidad: una anomalía
La libertad de expresión protege el derecho a opinar. Pero informar es otra cosa. Informar implica afirmar hechos, señalar culpables, construir relatos que influyen en decisiones políticas, sanitarias, económicas o judiciales.
Cuando un creador de contenidos con cientos de miles (o millones) de seguidores difunde datos falsos, rumores no contrastados, documentos descontextualizados o acusaciones sin prueba, el daño social no es menor que el de un medio irresponsable. A menudo es mayor, porque circula sin filtros, envuelto en una estética de cercanía y autenticidad que refuerza su credibilidad.
El argumento de que exigir rigor equivale a censura parte de una confusión interesada: confunde límites a la mentira con límites a la opinión. Nadie propone prohibir ideas, ideologías, opiniones o críticas. Lo que se plantea es algo mucho más básico: que quien comunica hechos al pueblo tenga la obligación de verificarlos, contextualizarlos y rectificarlos si son falsos. Eso no es censura. Es civilización informativa.
La deontología no silencia, ordena
La ética periodística no nació para proteger al poder, sino para proteger al público. Contrastar fuentes, distinguir información de opinión, evitar el sensacionalismo, respetar la presunción de inocencia o rectificar errores no son corsés ideológicos; son garantías mínimas para que la ciudadanía no sea manipulada.
Aplicar estos principios a creadores de contenido, influencers, youtubers o canales de streaming no significa exigirles que se conviertan en periodistas profesionales ni imponerles líneas editoriales. Significa reconocer que, cuando actúan de facto como medios, deben asumir responsabilidades equivalentes.
La libertad de expresión no incluye el derecho a difundir falsedades dañinas sin consecuencias. Nunca lo ha hecho. La diferencia es que, hasta ahora, ese principio se aplicaba con claridad a los medios y con indulgencia a las plataformas digitales.
El mito del creador “independiente”
Uno de los argumentos más recurrentes contra la regulación ética es que los influencers son “independientes”, ajenos a intereses empresariales. Es un mito. Muchos dependen de algoritmos, marcas, monetización indirecta y recompensas de visibilidad que premian el contenido extremo, emocional o escandaloso.
Esa lógica no fomenta la verificación, sino la viralidad.
La deontología periodística introduce un contrapeso esencial: la idea de que la audiencia no es solo un mercado, sino una comunidad con derecho a recibir información veraz. Sin ese contrapeso, el ecosistema informativo se degrada hasta convertirse en un mercado de atención donde la mentira compite en ventaja con el hecho contrastado.
Información verificada como bien público
En sociedades complejas, la información fiable es una infraestructura invisible. Sin ella, la deliberación democrática se desgasta, la polarización se intensifica y la confianza social se descompone.
Cuando un creador informa o anuncia información exclusiva sobre salud, migración, criminalidad, economía o política internacional sin contrastar datos, no está ejerciendo una libertad inocua. Está interviniendo en el espacio público del que dependen decisiones colectivas. En ese contexto, la veracidad deja de ser una virtud personal para convertirse en una obligación cívica.
Regular no es callar, es exigir responsabilidad
La aplicación de estándares deontológicos a influencers y youtubers no busca homogeneizar el discurso ni eliminar la pluralidad. Busca algo más modesto y más ambicioso a la vez: que la conversación pública se base en hechos verificables, no en ficciones virales.
El periodismo no es un título, sino una función social. Quien la ejerce, desde una redacción o desde un canal de streaming, debe aceptar las reglas que la hacen compatible con la democracia. No hacerlo no es rebeldía; es privilegio sin control.