Las grandes tragedias y catástrofes colectivas activan uno de los resortes más nobles de cualquier sociedad: la solidaridad espontánea de la ciudadanía. Ha ocurrido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), cuando vecinos anónimos acudieron con mantas, comida, vehículos y herramientas para auxiliar a las víctimas. Y ocurrió también durante la DANA de Valencia, cuando miles de personas se organizaron al margen de siglas para rescatar, alimentar y proteger. Sin embargo, ese mismo impulso cívico se ha convertido en un campo de batalla político, especialmente explotado por la extrema derecha como herramienta de desgaste institucional.
El patrón se repite con precisión quirúrgica: donde hay dolor, aparece el relato del abandono; donde hay cooperación ciudadana, se siembra la idea del Estado fallido. La solidaridad, lejos de ser reconocida como complemento de la acción pública, es presentada como sustituto necesario ante la supuesta incompetencia de las instituciones democráticas.
En Adamuz, el relato fue claro desde el primer momento. El alcalde agradeció la respuesta vecinal y subrayó la coordinación entre administraciones, insistiendo en que la ayuda ciudadana se integró en un operativo ordenado. Sin embargo, en las horas posteriores comenzaron a circular mensajes amplificados por entornos de la ultraderecha digital que convertían la generosidad del pueblo en prueba de una tesis previa: si los vecinos ayudaron, fue porque el Estado no estaba.
Este marco discursivo no es accidental. Forma parte de una estrategia conocida en ciencia política como deslegitimación por contraste emocional. La extrema derecha no necesita demostrar la inexistencia del Estado; le basta con oponer la pureza moral del “pueblo” a la frialdad burocrática de las instituciones, incluso cuando estas han actuado con rapidez y eficacia.
En Adamuz, la solidaridad popular fue inmediata, humana, desbordante. Pero también lo fue la llegada de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y equipos sanitarios, coordinados desde distintos niveles de la administración. La extrema derecha elige no negar esos hechos, sino invisibilizarlos. El foco se desplaza selectivamente hacia la imagen del vecino que ayuda, real y valiosa, para convertirla en arma arrojadiza contra el sistema democrático.
La DANA de Valencia ofrece un ejemplo paradigmático. Durante aquellos días, la narrativa ultra se construyó sobre vídeos de ciudadanos achicando agua, repartiendo alimentos o rescatando animales, acompañados de consignas como “el pueblo salva al pueblo”. El mensaje implícito (y a veces explícito) era devastador: las instituciones sobran, el Estado estorba, la política fracasa.
Este discurso cumple una doble función. En primer lugar, capitaliza emocionalmente el dolor ajeno, algo éticamente cuestionable pero políticamente eficaz. En segundo lugar, erosiona la confianza en las estructuras democráticas, preparando el terreno para soluciones autoritarias basadas en el orden, la fuerza o el liderazgo carismático. No es solidaridad: es instrumentalización del altruismo.
El problema no reside en reconocer la grandeza cívica de pueblos como Adamuz o de las comunidades afectadas por la DANA. Al contrario: esa solidaridad es uno de los mayores activos democráticos. El riesgo aparece cuando se utiliza para sostener la idea de que la sociedad funciona mejor sin instituciones, una premisa que choca frontalmente con la evidencia empírica: sin el Estado, la ayuda espontánea se agota, se descoordina y deja fuera a los más vulnerables.
La extrema derecha evita deliberadamente responder a lo que ocurre después de las primeras horas. La reconstrucción, la atención psicológica, las indemnizaciones, la investigación de responsabilidades y la prevención futura no pueden sostenerse sobre la épica vecinal. Requieren planificación, recursos públicos y rendición de cuentas. Justo aquello que el discurso ultra desprecia.
En el caso de Adamuz, la reacción institucional incluyó asistencia sanitaria continuada, apoyo psicológico a las familias, identificación de víctimas y compromiso de transparencia sobre las causas del accidente. Nada de eso cabe en el eslogan fácil ni en el vídeo viral. Por eso se omite.
Hay, además, un componente profundamente político en esta apropiación del dolor: la extrema derecha no busca mejorar la gestión de las emergencias, sino debilitar la idea misma de lo público. Convertir la solidaridad en sustituto del Estado es el primer paso para justificar su desmontaje.
Paradójicamente, los pueblos que mejor responden a las tragedias son también los que mejor comprenden el valor de lo común. Adamuz no se organizó contra nadie, sino con todos. La solidaridad no fue un acto de rebeldía, sino de corresponsabilidad.
En tiempos de catástrofe, el pueblo y el Estado se refuerzan mutuamente. Quienes convierten la generosidad en munición política no honran a las víctimas ni a quienes ayudaron. Explotan su dolor para construir un relato de desconfianza, donde la emoción sustituye al análisis y la indignación reemplaza a la verdad.