España ha comenzado el año con una subida del paro que rompe la narrativa triunfalista instalada tras cerrar el ejercicio anterior con tasas históricamente bajas. Enero ha dejado 30.392 personas más en desempleo, elevando la cifra total hasta 2.439.062 parados, con un impacto especialmente severo en el noroeste peninsular y un comportamiento relativamente mejor en los archipiélagos. No es un desplome, pero sí una señal de advertencia en un mercado laboral que sigue mostrando fragilidades estructurales bajo una apariencia de estabilidad.
Más revelador aún es el dato de los demandantes de empleo, que roza ya los 4,38 millones de personas, tras aumentar en casi 80.000 solo en un mes. De ellos, cerca de 1,4 millones están ocupados, una cifra que desmonta cualquier lectura complaciente. No se trata únicamente de personas sin trabajo, sino de trabajadores que, aun teniendo empleo, siguen buscando porque no pueden vivir de él. Es el síntoma más claro de la mala calidad del empleo que se está creando.
El fenómeno no es nuevo, pero se consolida. El crecimiento de las jornadas parciales no deseadas se ha convertido en uno de los principales motores de esta insatisfacción laboral. Tener un contrato ya no garantiza estabilidad ni suficiencia económica. Un tercio o medio salario no alcanza para sostener un proyecto de vida en un contexto de inflación persistente en bienes básicos, desde la vivienda hasta la alimentación. El empleo existe, pero es cada vez más frágil y, sobre todo, insuficiente.
Los datos oficiales de contratación refuerzan esta lectura. En enero se firmaron cerca de 1,2 millones de contratos, menos que en diciembre y menos que un año antes. De ellos, solo el 18,26% fueron indefinidos a jornada completa. Es decir, menos de uno de cada cinco contratos ofrece simultáneamente estabilidad y un salario potencialmente digno. La reforma laboral ha reducido la temporalidad clásica, pero no ha corregido el problema de fondo: la parcialidad estructural como forma de ajuste empresarial.
La desigualdad de género tampoco desaparece en este nuevo equilibrio precario. Mientras la contratación temporal se reparte de forma relativamente equitativa, casi el 60% de los contratos indefinidos recaen en hombres. La estabilidad sigue teniendo sesgo masculino, lo que perpetúa brechas salariales y de carrera profesional que el discurso oficial da por superadas, pero que los datos siguen confirmando.
El trasfondo político agrava la situación. En los últimos meses han decaído en el Congreso iniciativas clave. Más allá del uso táctico de estas votaciones, el mensaje que perciben amplios sectores sociales es que las políticas laborales han dejado de ser una prioridad transversal. El Parlamento aparece bloqueado, incapaz de articular una reforma laboral de Estado que afronte de manera decidida la temporalidad, la parcialidad y la rotación crónica.
España puede exhibir buenos datos macroeconómicos, crecimiento sostenido y una tasa de paro que, en términos históricos, sigue siendo baja. Pero el clima social cuenta otra historia. La mejora agregada no se traduce en una mejora percibida. Tener empleo ya no es sinónimo de seguridad, y mucho menos de prosperidad. El trabajo pobre se normaliza mientras el debate público se desplaza hacia otros frentes.
Que el paro vuelva a crecer tras haber alcanzado, por primera vez en casi dos décadas, cifras de un solo dígito no es solo un vaivén estadístico. Es un recordatorio de que el modelo laboral español sigue apoyándose en una base inestable. Más empleo, pero de peor calidad, es una fórmula políticamente cómoda a corto plazo, pero socialmente corrosiva a medio y largo.
El riesgo es claro. Si la política se limita a celebrar indicadores agregados sin atender a la experiencia cotidiana de los trabajadores, la desconexión entre economía y ciudadanía seguirá ampliándose. Y en esa brecha, como suele ocurrir, no prosperan las reformas, sino el descontento.