España vive desde hace meses una escalada de tensión entre el PSOE y el poder judicial que no tiene precedentes recientes en democracia. Los socialistas han convertido la crítica a jueces, fiscales y tribunales en una línea argumental central de su comunicación política, con declaraciones que van desde cuestionar la imparcialidad de magistrados concretos hasta acusar públicamente al Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional de actuar con motivaciones partidistas. La estrategia, que en ocasiones adquiere tintes de teoría de la conspiración, tiene un único objetivo: movilizar a la base progresista frente a un enemigo institucional identificable. Pero varios juristas, politólogos y operadores del derecho advierten de que esa táctica encierra riesgos que Pedro Sánchez y sus adláteres parecen subestimar, tanto para el Estado de derecho como para el propio partido que la impulsa.
La confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial no es nueva. En España, la ofensiva socialista tiene un contexto específico: los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno y, en particular, la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y la que afecta a su hermano, David Sánchez. Todo ello sin contar con el Caso Plus Ultra, en el que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero, o el caso de las llamadas "cloacas del PSOE". Ante esa presión judicial, el PSOE ha optado por una narrativa de victimización y contraataque que, en términos de comunicación política inmediata, ha funcionado para mantener cohesionado a una parte de su electorado. El problema, según los expertos consultados, es que esa narrativa tiene un coste diferido que puede resultar muy elevado.
Más allá del debate político, existe en los círculos jurídicos españoles una conversación incómoda que rara vez llega a los medios con la visibilidad que merece. Cientos de profesionales del derecho han denunciado en distintos momentos lo que describen como un clima de tensión para los letrados que recurren sistemáticamente resoluciones, recusan a jueces o ejercen una defensa especialmente agresiva frente a determinados órganos judiciales. Todo ello sin contar con los que se atreven a plantear querellas por prevaricación. Estas denuncias forman parte de un debate interno en la profesión que apunta a una realidad estructural: en un sistema donde el juez tiene amplios márgenes de discrecionalidad, la confrontación abierta con quien imparte justicia puede tener consecuencias prácticas para quien litiga ante él.
La recusación, que es el mecanismo legal previsto precisamente para garantizar la imparcialidad judicial, es percibida por una parte de la abogacía como un instrumento de doble filo. Ejercerla es un derecho. Pero hacerlo en determinados contextos genera fricciones que, según testimonios recogidos por este medio, se traducen ocasionalmente en un trato procesal más riguroso, en resoluciones desfavorables o en una pérdida de la fluidez que caracteriza la relación cotidiana entre abogados y órganos judiciales. Ninguna de estas situaciones es fácilmente demostrable, y precisamente esa dificultad probatoria es parte del problema.
Si eso es lo que puede ocurrirle a un abogado que cuestiona a un juez en el marco de un procedimiento concreto, la pregunta política relevante es qué puede ocurrirle a un partido que convierte esa crítica en un programa de gobierno. La respuesta es preocupante para el PSOE: los jueces, a diferencia de los políticos, no tienen que someterse al escrutinio electoral y disponen de herramientas procesales que ningún parlamento puede replicar. Pueden inadmitir, pueden dilatar, pueden interpretar la ley con el margen que esta les concede. Y lo harán, en todo caso, dentro de la apariencia de legalidad, lo que hace prácticamente imposible demostrar una relación de causalidad entre la presión política y el resultado judicial.
Esto no implica necesariamente que exista una respuesta corporativa organizada del poder judicial frente al Gobierno, algo que sería tan grave como difícil de probar. Implica algo más sutil y, en cierto modo, más preocupante: que el debilitamiento de la confianza mutua entre ejecutivo y judicatura contamina el funcionamiento ordinario de las instituciones, genera incentivos perversos en ambas direcciones y, en último término, es el ciudadano quien acaba pagando ese precio en forma de una justicia más lenta, más politizada y menos predecible.
España tiene una historia reciente de tensiones entre poder político y poder judicial que ofrece lecciones que ninguno de los dos bandos parece querer aprender. El llamado caso de la guerra de los jueces en los años noventa, la instrumentalización política del Consejo General del Poder Judicial durante décadas, o el uso de la fiscalía como herramienta de presión en distintos gobiernos de uno y otro signo han ido sedimentando una desconfianza institucional que hace especialmente frágil cualquier nuevo episodio de confrontación. Cuando el PSOE acusa a un magistrado concreto de prevaricación o parcialidad en sede política, no lo hace en un vacío histórico, sino en un ecosistema institucional ya deteriorado, donde ese tipo de acusaciones tiene efectos multiplicadores que van mucho más allá del titular del día siguiente.
Juristas críticos con esta estrategia señalan además una contradicción de fondo en el discurso socialista: el mismo partido que reivindica el Estado de derecho como dique frente al populismo de la derecha radical debilita simultáneamente la autoridad de uno de los pilares de ese Estado cuando sus resoluciones no le son favorables. Esa incoherencia, arguyen, no pasa desapercibida ni para los votantes moderados que el PSOE necesita retener ni para los socios europeos que observan la deriva institucional española con creciente inquietud.
Habría que preguntarse si el PSOE ha calculado correctamente el escenario en el que se mete. Atacar a los jueces puede resultar rentable mientras el conflicto permanece en el terreno de la narrativa política. Pero los procedimientos judiciales tienen su propio ritmo, su propia lógica y sus propios plazos, y ninguna campaña de comunicación puede alterar el resultado de una sentencia. Si los tribunales acaban emitiendo resoluciones desfavorables para el entorno del Gobierno, el partido habrá quemado sus naves dialécticas sin haber conseguido nada procesalmente, y lo habrá hecho a costa de haber debilitado la confianza ciudadana en unas instituciones que, con todos sus defectos, son el único mecanismo que una democracia tiene para resolver sus conflictos sin recurrir a la fuerza.
El bumerán, advierten quienes conocen bien los tiempos de la justicia española, puede tardar en volver. Pero cuando lo hace, suele hacerlo con una precisión que la política, con toda su capacidad para el ruido y la distracción, raramente puede esquivar.