Dinamitar las pensiones, la consecuencia de las propuestas de PP y Vox

Las promesas y las propuestas del Partido Popular y de Vox sobre el modelo de pensiones se han deshecho como un azucarillo en el café. La alternativa que proponen la derecha liberal y la extrema derecha es un castillo de naipes que parecía sólido hasta que el Ministerio de Hacienda ha sacado la calculadora. Y la calculadora, amigo lector, no entiende de discursos. Solo entiende de números. Y los números son tozudos.

El ministro Arcadi España ha puesto cifras al impacto que tendría la reforma fiscal impulsada por la formación de Santiago Abascal. Y las cifras asustan. Según las estimaciones del departamento gubernamental, la reestructuración del IRPF, esa que plantea elevar el mínimo exento hasta los 22.000 euros y comprimir la tarifa a solo dos tramos del 15% y el 25%, provocaría un socavón directo en las arcas públicas de unos 85.000 millones de euros anuales. Sí, han leído bien. 85.000 millones. Al año. Un agujero del tamaño de varios presupuestos ministeriales juntos.

Claro que el dato procede de una estimación del Ejecutivo. Y como toda estimación, debe someterse al contraste analítico. Faltaría más. Pero el volumen de la menor recaudación dibuja una grieta insalvable en la arquitectura financiera del Estado. Perder de golpe cerca del cuatro por ciento del Producto Interior Bruto en ingresos tributarios privaría a la Administración de la masa crítica necesaria para equilibrar sus presupuestos. Y eso, inevitablemente, aboca al sistema público a una disyuntiva inaplazable: un tijeretazo masivo a las prestaciones sociales o una explosión descontrolada del déficit y la deuda soberana. No hay una tercera vía. No hay magia. No hay milagro.

Destrucción de la caja común

Pero hay más. Porque el análisis detallado de la reforma revela una marcada asimetría en la distribución de las ventajas fiscales. Y aquí, los números vuelven a hablar. Las estimaciones oficiales indican que un contribuyente con una renta anual de 100.000 euros obtendría una rebaja tributaria superior a los 18.000 euros al año. Mientras que para los grandes patrimonios con ingresos de un millón de euros, la factura fiscal se reduciría en más de 212.000 euros. ¿Y en el extremo opuesto? Pues en el extremo opuesto, la masa salarial que percibe el Salario Mínimo Interprofesional no obtendría beneficio alguno. Cero. Nada. Porque ya se encuentra al margen del gravamen impositivo.

Piénselo un momento. Un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional no se beneficia de la reforma. Un contribuyente que ingresa 100.000 euros se ahorra 18.000. Y uno que ingresa un millón se ahorra 212.000. ¿Es esto equidad tributaria? ¿Es esto justicia fiscal? Cada cual que responda según su conciencia. Pero los números, una vez más, no engañan.

El impacto en las pensiones

Más allá del debate sobre la equidad tributaria, la menor recaudación ataca de forma directa la línea de flotación de las pensiones públicas. Y esto es clave porque, aunque es técnicamente cierto que las prestaciones se sufragan prioritariamente mediante las cotizaciones sociales que abonan empresarios y trabajadores, la Seguridad Social arrastra un déficit estructural que se equilibra año tras año mediante transferencias millonarias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que la caja de las pensiones no es una isla. Está conectada al continente. Y si el continente se queda sin recursos, la isla también sufre.

Si el Estado central pierde 85.000 millones de euros de recaudación por el IRPF, la capacidad de la Hacienda pública para inyectar recursos en la caja de las pensiones queda herida de gravedad. Traducido: o se recorta en prestaciones, o se recorta en sanidad, o se recorta en educación, o se dispara la deuda. No hay otra. Y quienes prometen bajar los impuestos sin decir dónde recortarán están, en realidad, prometiendo recortes que no se atreven a nombrar.

Tres promesas de imposible encaje

Y aquí llegamos al punto central porque la ecuación económica de la alternativa conservadora entra en un bucle de contradicciones insostenible. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo promete solemnemente garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC real. Por otro, Santiago Abascal, su socio imprescindible de Gobierno exige una rebaja fiscal salvaje que vacía las arcas de la Hacienda pública. Y, para completar el puzzle, el ideario económico de la extrema derecha reclama avanzar hacia un modelo de capitalización individual que priva a la Seguridad Social de parte de sus cotizaciones obligatorias.

Es decir: mantener el gasto, reducir los ingresos y derivar la financiación hacia fondos privados. Todo a la vez. Las matemáticas de la contabilidad nacional no admiten la magia fiscal. No se puede tener todo. No se puede prometer pensiones dignas, impuestos bajos y cuentas equilibradas al mismo tiempo. Alguien tiene que pagar. Y ese alguien, invariablemente, es el contribuyente. O el pensionista. O el paciente. O el estudiante. O todos ellos a la vez.

Si un hipotético Ejecutivo formado por el PP y Vox aplica la rebaja tributaria que exige la extrema derecha, el mantenimiento de las pensiones públicas conforme al IPC solo podrá sufragarse desmantelando otros pilares del Estado del bienestar como la sanidad o la educación, o incurriendo en una vulneración flagrante de las reglas fiscales dictadas por la Unión Europea. Y eso, en términos políticos, es un suicidio. En términos económicos, una temeridad. En términos sociales, una traición a quienes más dependen del sistema público.

La exigencia de números antes de las elecciones

Ante la inminencia de las grandes decisiones electorales, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones rigurosas que trasciendan la sobremesa de los mítines. No basta con proclamar el compromiso con los mayores mientras se pactan recortes de ingresos que hacen inviable la promesa. No basta con agitar el fantasma del colapso para vender soluciones que trasladan todo el riesgo financiero a los bolsillos de la clase trabajadora. Eso no es política social. Eso es marketing electoral. Y el marketing, en economía, no paga las facturas.

Las candidaturas que aspiren a gobernar España deben aclarar de forma transparente cuál es su hoja de ruta contable. Si Feijóo garantiza el IPC, debe especificar qué ajustes normativos aplicará para cuadrar el balance. Si la extrema derecha insiste en sus rebajas impositivas y en la capitalización privada, tiene la obligación moral de explicar qué partidas presupuestarias piensa recortar para cubrir el boquete de 85.000 millones. Todo lo que no sea aportar números detallados y partidas presupuestarias concretas será mantener un engaño masivo sobre el futuro de la jubilación de los españoles.

La Seguridad Social española no está condenada al colapso. No hay ningún hado maligno que la empuje al abismo. Lo que hay son decisiones políticas. Decisiones que se toman o se dejan de tomar. Decisiones que benefician a unos o a otros. Decisiones que, en definitiva, configuran el futuro. Presentar ese futuro como un destino inevitable es una forma de eludir la responsabilidad. Una forma de decir: “no es culpa mía, es la demografía”. Pero la demografía no vota. No decide. No gestiona. Los que deciden, gestionan y votan son los políticos. Y los políticos, les guste o no, tienen la llave.