La democracia española mantiene un respaldo sólido. Ocho de cada diez ciudadanos consideran que sigue siendo el mejor sistema político y una amplia mayoría continúa viendo la Transición como un motivo de orgullo colectivo. Sin embargo, esa confianza convive con una percepción profundamente preocupante. Nueve de cada diez españoles creen que la Justicia no trata a los políticos igual que al resto de la ciudadanía y casi el mismo porcentaje considera insuficientes los mecanismos para combatir la corrupción.
Los datos de la última Encuesta de Calidad de la Democracia del CIS describen una contradicción que merece atención. La ciudadanía no rechaza el sistema democrático. Lo que cuestiona es el funcionamiento de algunas de sus instituciones. Esa diferencia resulta esencial. La crítica no se dirige contra la democracia, sino contra la capacidad del Estado para garantizar uno de sus principios básicos. La igualdad de todos ante la ley.
La percepción de una Justicia desigual constituye uno de los mayores desafíos para cualquier democracia consolidada. Las instituciones no solo deben ser independientes. También deben ser percibidas como tales. Cuando una mayoría tan amplia duda de esa imparcialidad, el problema deja de ser exclusivamente jurídico para convertirse en un problema político y democrático.
No conviene extraer conclusiones precipitadas sobre el trabajo de jueces y tribunales. España cuenta con una judicatura integrada por miles de profesionales que desempeñan su labor con independencia y sometidos únicamente al imperio de la ley. Sería profundamente injusto cuestionar de forma indiscriminada su trabajo. Pero tampoco puede ignorarse que los grandes procesos relacionados con la corrupción política, la renovación bloqueada del Consejo General del Poder Judicial o la creciente judicialización de la vida pública han contribuido a alimentar una percepción de deterioro institucional.
La confianza no se decreta. Se construye. Y también puede perderse cuando los partidos convierten los tribunales en un escenario más de confrontación política. Durante años, la derecha y la izquierda han recurrido con demasiada frecuencia a la descalificación del poder judicial cuando las resoluciones no coincidían con sus intereses. Esa dinámica ha terminado debilitando la autoridad institucional de quienes deberían permanecer al margen del combate partidista.
La corrupción añade otro elemento de enorme gravedad. Que el 87,5% de los ciudadanos considere insuficientes los mecanismos para combatirla revela hasta qué punto persiste la sensación de impunidad. España ha avanzado de manera significativa en transparencia, control del gasto público y persecución de los delitos económicos. Pero cada nuevo escándalo, cada procedimiento interminable y cada imagen de privilegio reabre una herida que nunca termina de cerrarse.
La respuesta tampoco puede limitarse al endurecimiento de las penas. La calidad democrática depende de algo más profundo. Exige instituciones fuertes, órganos de control independientes, una justicia ágil y una cultura política donde la ejemplaridad deje de ser una excepción para convertirse en una exigencia compartida.
Existe además un riesgo añadido. La desconfianza institucional se ha convertido en uno de los principales combustibles del populismo. Allí donde la ciudadanía deja de creer que las reglas funcionan igual para todos, aparecen quienes prometen soluciones simples a problemas complejos y presentan la demolición de las instituciones como una forma de regeneración democrática. La experiencia internacional demuestra que ese camino rara vez fortalece la democracia. Habitualmente consigue exactamente lo contrario.
Por eso conviene leer esta encuesta con serenidad. Los españoles no están rechazando la democracia. Están reclamando una democracia que funcione mejor. Una Justicia que inspire confianza, una lucha más eficaz contra la corrupción y unas instituciones capaces de situarse por encima de la confrontación política.
La legitimidad democrática no se sostiene únicamente en las urnas. También depende de la confianza cotidiana en que las leyes se aplican con el mismo rigor para todos, con independencia del cargo, del apellido o del poder que cada uno acumule. Cuando esa convicción se debilita, la democracia sigue existiendo. Pero comienza a perder uno de sus pilares más importantes.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.