La propaganda gubernamental vuelve a chocar contra los datos oficiales del propio Gobierno. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Seguridad Social publicaron ayer las cifras de octubre. El resultado no admite maquillajes fáciles. El paro registrado ha aumentado en 43.128 personas, un 1,81% más que en septiembre, hasta situarse en 2,43 millones de desempleados. La subida duplica la registrada en octubre de 2025, cuando el desempleo creció en 22.101 personas. No es un mal mes. Es, según los datos oficiales, el peor octubre interanual de los últimos cinco años.
Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez celebra récords de afiliación y presume de recuperación económica, la realidad que sufren millones de familias trabajadoras cuenta otra historia. Una historia de contratos que duran semanas, de empleos que no alcanzan para vivir, de personas que quieren trabajar pero aparecen dispersas entre epígrafes estadísticos y de un mercado laboral que parece incapaz de ofrecer estabilidad. La desconexión entre el discurso oficial y la vida cotidiana ya no es una percepción. Es una constatación.
El récord que no es empleo
El Gobierno ha convertido la cifra de 22,63 millones afiliados medios a la Seguridad Social en su principal argumento de campaña permanente. Cada mes, el titular se repite con la solemnidad de un mantra. Récord histórico, récord histórico, récord histórico. Sin embargo, ese dato no equivale, ni de lejos, a un incremento equivalente de ocupación real.
La propia estadística oficial incluye como "afiliados ocupados" a colectivos que no están trabajando. Están los perceptores del subsidio para mayores de 52 años, los desempleados que cobran prestación contributiva y, además, los becarios con prácticas no remuneradas. No son trabajadores en el sentido pleno de la palabra. No perciben un salario. No cotizan por una retribución efectiva. No generan, en muchos casos, una relación laboral estable. Pero sí engordan los datos.
Y esa cifra, convenientemente inflada, se convierte en el gran titular de la mañana. El resto, esto es, el paro, la precariedad, la rotación, la parcialidad no deseada, queda relegado a los párrafos finales de las notas de prensa. O, directamente, desaparece del relato. Es el viejo truco de la contabilidad política. Contar lo que conviene y ocultar lo que incomoda.
Más de 3,8 millones de parados reales
Tomando las cifras oficiales, si se suma el paro registrado (2.422.633 personas) a las personas con disposición limitada para trabajar, 397.995, y a los llamados "otros no ocupados", 189.782, el panorama ya cambia sustancialmente. Pero aún falta lo más grave. Hay que añadir a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y a los fijos discontinuos inactivos, que superan los 800.000 según el último dato cerrado. Son personas que, en un momento dado, no están trabajando, aunque la estadística oficial no las cuente como paro.
El resultado es contundente. Más de 3,8 millones de parados reales, concretamente 3.810.410 personas. Más de tres millones y medio de ciudadanos que quieren trabajar y no pueden.
El dato, que es oficial, desmonta, de un plumazo, el relato de éxito en el empleo que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta vender cada mes. No hay pleno empleo cuando hay casi cuatro millones de personas sin ocupación efectiva. No hay recuperación cuando el paro sube y la precariedad se instala como norma.
20,6 contratos por afiliado
Pero hay más. La precariedad no se mide solo en paro, sino también en rotación. Y aquí los datos oficiales son escalofriantes. Para conseguir el saldo de afiliación anual, se han tenido que realizar 16.172.238 contratos. La cifra es brutal porque supone un promedio de 20,6 contratos por afiliado en los últimos 12 meses.
Veinte contratos por persona en un año, más de 1,7 contratos al mes no es empleo estable, es una cinta de Moebius de contratos que se firman, se rompen y se vuelven a firmar. Es la economía de la supervivencia, no la economía de la recuperación.
Tras los grandes titulares de récords hay un mercado de trabajo estancado, incapaz de absorber de forma estable la población activa y que se sostiene exclusivamente sobre las costillas de la precariedad más absoluta.
El mito de la contratación indefinida
El Gobierno presume de haber impulsado la contratación indefinida, pero la realidad y las cifras oficiales también desmienten el triunfalismo. Solo el 17% del total de contratos del mes fueron indefinidos a tiempo completo. El resto se reparte entre parcialidad no deseada, contratos de cortísima duración y los llamados "contratos cerilla", que se firman y se extinguen en cuestión de días o semanas.
Más de 35.000 trabajadores han tenido que firmar más de un contrato indefinido en el mismo mes para poder subsistir. Sí, ha leído bien, contratos indefinidos que duran menos de un mes. La reforma laboral de Sánchez ha creado una figura que ya no garantiza estabilidad. Es indefinido en el papel, pero precario en la práctica. La realidad, tal y como demuestran las estadísticas oficiales, es que la contratación indefinida ha dejado de ser sinónimo de estabilidad para convertirse en una etiqueta burocrática que oculta una precariedad estructural.
La desconexión entre discurso y realidad
La brecha entre el discurso oficial y la realidad laboral que muestran los propios datos oficiales no es una percepción. Es una constatación. El Gobierno habla de récords. Las familias hablan de sueldos que no llegan a fin de mes. El Ejecutivo presume de afiliación. Los trabajadores cuentan contratos que se suceden sin tregua. La Moncloa celebra la recuperación. El SEPE publica el peor octubre en cinco años.
La realidad no se negocia. No se maquilla. No se esconde bajo epígrafes estadísticos. La realidad es que hay más de 3,8 millones de personas sin ocupación efectiva, que el paro sube, que la precariedad es sistémica, que la rotación se dispara y que el relato oficial, por muy repetido que sea, no puede ocultar la evidencia.
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