La entrevista de Miguel Tellado con Silvia Intxaurrondo en La Hora de La 1 de este martes, 3 de noviembre, dejó una preocupante exhibición de evasivas, afirmaciones contrarias a hechos comprobados y ataques contra el periodismo independiente. El secretario general del Partido Popular acudió a RTVE dispuesto a responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de las tragedias ferroviarias, pero terminó enfrentándose a preguntas que parecían incomodarle mucho más que las acusaciones que él mismo lanzaba.
Lo ocurrido no fue simplemente un encontronazo televisivo. Fue la demostración de cómo un dirigente político puede intentar sustituir las respuestas por descalificaciones y convertir el legítimo escrutinio periodístico en una supuesta campaña de persecución política.
La DANA de Valencia y una mentira que desmienten los documentos oficiales
El momento más revelador llegó cuando Intxaurrondo preguntó por el diferente criterio del PP a la hora de exigir responsabilidades políticas ante catástrofes mortales. Tellado reclamaba la salida de Óscar Puente por el accidente ferroviario de Urda, pero la periodista quiso saber por qué esa exigencia no se había aplicado con idéntica contundencia a Carlos Mazón tras la DANA de octubre de 2024.
La respuesta fue categórica: «En la DANA de Valencia lo que no hubo fue avisos previos». Es falso. Y no admite demasiadas interpretaciones.
La Agencia Estatal de Meteorología llevaba días alertando de la llegada de un episodio potencialmente peligroso. El 29 de octubre de 2024 activó avisos rojos desde primera hora de la mañana y advirtió expresamente de lluvias torrenciales capaces de provocar crecidas e inundaciones. Sin embargo, el mensaje de emergencia a los teléfonos móviles de la población valenciana no llegó hasta las 20:11 horas, cuando numerosas localidades ya estaban inundadas.
La respuesta fue categórica: «En la DANA de Valencia lo que no hubo fue avisos previos». Es falso. Y no admite demasiadas interpretaciones.
Tellado intentó desplazar la responsabilidad hacia el Gobierno central alegando que el barranco desbordado era de titularidad estatal, como si la competencia sobre un cauce exonerase automáticamente a la Generalitat de sus obligaciones de protección civil. Una confusión interesada entre competencias hidráulicas y responsabilidades de gestión de emergencias.
Todavía más grave fue su afirmación de que la consejera valenciana responsable de Emergencias había dimitido pocos días después de la catástrofe. Salomé Pradas no dimitió: Carlos Mazón la destituyó el 20 de noviembre de 2024, tres semanas después de la tragedia. Dos hechos verificables, dos versiones falsas ofrecidas por el número dos del PP ante las cámaras de una televisión pública.
Mazón, el nombre que Tellado no quiso defender
Silvia Intxaurrondo insistió en una pregunta extraordinariamente sencilla: ¿seguía apoyando Tellado la gestión de Carlos Mazón durante la DANA?
El dirigente popular nunca respondió afirmativa ni negativamente. Prefirió repetir que Mazón había dimitido, omitiendo que anunció su marcha el 3 de noviembre de 2025, un año y cinco días después de la catástrofe.
La comparación con Óscar Puente resultó especialmente reveladora. Tellado exigía responsabilidades inmediatas al ministro socialista por el accidente de Urda mientras presentaba como ejemplo de responsabilidad política la dimisión extraordinariamente tardía del expresidente valenciano.
Nadie debería quedar exento de investigación por una tragedia ferroviaria, pero establecer responsabilidades exige pruebas, informes técnicos y conclusiones independientes. Convertir cifras de incidencias del sistema LZB en una demostración automática de la causa del accidente, sin acreditar su naturaleza ni su relación causal, supone adelantar conclusiones que corresponden a los investigadores.
Tampoco resulta aceptable utilizar decenas de fallecidos como munición electoral mientras se eluden las preguntas sobre las responsabilidades del propio partido.
El ataque a RTVE: cuando preguntar se convierte en una provocación
Incapaz de doblegar a Intxaurrondo, Tellado recurrió repetidamente a acusaciones de manipulación contra RTVE. Llegó a insinuar que la televisión pública estaba utilizando sus recursos para favorecer al Gobierno y prometió que, cuando gobernase Feijóo, acabaría con esa supuesta instrumentalización.
La gravedad de sus palabras reside también en el contexto. El dirigente estaba participando en una entrevista extensa, disponía de tiempo para desarrollar sus argumentos y podía criticar abiertamente tanto al Ejecutivo como a la propia cadena. Sin embargo, interpretó la insistencia de una periodista en obtener respuestas concretas como una muestra de parcialidad.
La libertad de prensa no consiste en que los periodistas acepten cualquier respuesta, por evasiva o falsa que resulte. Consiste precisamente en poder contrastarla, cuestionarla y exigir explicaciones.
Intxaurrondo no estaba obligada a convertirse en una simple transmisora de propaganda electoral. Su responsabilidad profesional era preguntar por las contradicciones de su entrevistado.
La promesa de Tellado de «despolitizar» RTVE adquiere así un significado inquietante: pretende presentarse como defensor del pluralismo mientras desacredita públicamente a quienes ejercen el periodismo sin someterse a sus condiciones.
Del supuesto centro político a pedir el voto para Vox
La entrevista terminó despejando otra de las grandes ambigüedades del PP. Tras varios intentos de esquivar una pregunta sobre sus acuerdos electorales con Vox para el Senado, Tellado acabó reconociendo abiertamente: «Pedimos que voten a Vox, por supuesto que sí».
La confesión tiene un considerable significado político. El partido que asegura representar la moderación y el constitucionalismo recomienda votar a una formación de extrema derecha para asegurar una mayoría parlamentaria.
Cuando Intxaurrondo preguntó por las diferencias entre ambas organizaciones en violencia de género y derechos LGTBI, Tellado evitó concretarlas y respondió con referencias a los supuestos «mantras de la izquierda».
La cuestión fundamental quedó sin resolver: ¿qué garantías reales existen de que esos derechos no se conviertan en moneda de cambio en futuros acuerdos con Vox?
Un millón de viviendas sin precios y salarios condicionados al discurso patronal
Las contradicciones continuaron en materia económica. Tellado defendió la construcción de un millón de viviendas, pero fue incapaz de precisar cuántas estarían destinadas a alquiler, cuántas a venta o qué precios permitirían considerarlas asequibles.
Cuando la periodista solicitó cifras concretas, el secretario general del PP respondió que esas cuestiones correspondían a los técnicos. Una explicación sorprendente en quien pretende defender un programa de Gobierno sin poder traducir sus principales promesas a condiciones comprensibles para los ciudadanos.
También cuestionó la política de incremento del salario mínimo y sostuvo que el Gobierno debía actuar como mediador entre empresarios y sindicatos. Intxaurrondo recordó que la legislación atribuye al Ejecutivo la competencia para fijar el SMI, previa consulta con los agentes sociales, sin necesidad de alcanzar un acuerdo con la patronal.
Finalmente, Tellado tuvo que reconocerlo.
La entrevista dejó una conclusión difícil de disimular: Miguel Tellado encontró en Silvia Intxaurrondo algo que ningún político debería considerar una amenaza: una periodista que conoce los hechos, exige respuestas y no confunde la libertad de expresión con el derecho a mentir sin ser contradicho.
Y esa es precisamente la función de una televisión pública democrática. No proteger al Gobierno ni a la oposición, sino proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información contrastada, incluso cuando sus preguntas incomodan a quienes aspiran a gobernarlos.
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