En las primeras intervenciones públicas después del devastador episodio de la DANA en la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas aseguró que los “primeros avisos alarmantes” llegaron directamente del alcalde de Utiel y no de las autoridades meteorológicas ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Argumentó además que desconocía el sistema de alertas masivas ‘Es-Alert’ y que la Generalitat no fue informada de la gravedad real hasta entrada la tarde, momento en el que recibió una llamada desde el Ministerio para la Transición Ecológica.
Pradas defendió en sede judicial que actuó siguiendo siempre los criterios técnicos y negó ser el “mando único” de la emergencia, atribuyendo la responsabilidad a técnicos y cargos intermedios, y situando al presidente autonómico, Carlos Mazón, como ajeno a las decisiones urgentes tomadas aquella jornada.
Información desvelada posteriormente
La evolución de la investigación y las pruebas aportadas contradicen buena parte de la versión inicial de la exconsejera. Tanto la cronología oficial como audios y grabaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) muestran que las alertas hidrológicas se decretaron ya a primera hora de la mañana y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado el aviso rojo para la zona antes de las 8:00, mientras la CHJ comunicó el peligro inminente por correo electrónico y otros canales antes del mediodía.
Por otra parte, los registros de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, certifican que la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue ofrecida de manera reiterada a Pradas en al menos tres momentos críticos del día de la catástrofe, contradiciendo frontalmente su negativa inicial. Además, varios vídeos demuestran que Pradas sí tenía conocimiento del peligro que suponía el desbordamiento del barranco del Poyo, horas antes de que el fenómeno se agravase.
Se ha revelado también que la Generalitat Valenciana había presentado públicamente el sistema ‘Es-Alert’ en 2022 y que fue activado en 2023, por lo que resulta incongruente que la consejera afirmase desconocerlo en sus primeras declaraciones.
El foco judicial y la instrucción
La Audiencia de Valencia y la jueza instructora consideran procesalmente inevitable investigar a Salomé Pradas, a quien atribuyen una “posición de garante” marcada por “indicios abrumadores de negligencia”, especialmente en la tardanza en la convocatoria de órganos decisorios, la falta de control sobre los puntos críticos y el retraso en las alertas a la población. Sin embargo, la instrucción también sostiene la necesidad de demostrar de forma plausible si hubo omisión deliberada, falta de información suficiente o una actuación imprudente, manteniendo la presunción de inocencia hasta el cierre del proceso.
Detección de incoherencias relevantes:
- Reconocimiento tardío de sistemas de alerta: Pradas afirmó desconocer ‘Es-Alert’ y posteriormente sí lo reconoció, pese a que estaba operativo y fue anunciado por la administración que ella misma representaba.
- Negación de avisos previos y ofertas de ayuda: Sostuvo que la alarma llegó solo desde el alcalde de Utiel, cuando consta que los organismos oficiales comunicaron la gravedad desde las primeras horas.
- Transferencia de responsabilidad a los técnicos: Aunque la ley atribuye el mando único a la consejería de Interior en el nivel de emergencia que se decretó, Pradas intentó desvincularse del liderazgo efectivo, argumento que ha sido desmontado en el sumario.
- Diferencias entre versión oficial y cronología documentada: Las actas, audios y vídeos expuestos ante la magistrada muestran contradicciones con la secuencia relatada por Pradas. No obstante, algunos elementos nuevos aportados por la Generalitat parecen apoyar parte de su testimonio al señalar que sí se decretaron alertas institucionales.
Las incoherencias, al detalle: La investigación judicial ha puesto al descubierto una serie de grabaciones y documentos que presentan serias discrepancias con el relato inicial ofrecido por Salomé Pradas. Estos materiales incluyen vídeos del CECOPI que la Generalitat mantuvo ocultos durante casi once meses, audios de conversaciones internas y actas oficiales que dibujan una secuencia temporal muy diferente a la versión defendida por la exconsejera.
Las grabaciones más comprometedoras muestran que a las 12:32 horas del 29 de octubre, Pradas ya conocía la situación crítica del barranco del Poyo y tomaba anotaciones manuscritas sobre “Río Magro / Rambla del Pollo” (sic) y “Alerta Hidrológica”, contradiciendo frontalmente su afirmación de que los primeros avisos alarmantes llegaron únicamente del alcalde de Utiel. En estos vídeos se ve claramente cómo el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, le informa: “Hemos emitido alerta hidrológica en el río Magro, es lo más inmediato, y en la rambla del Poyo”.
Otro vídeo crucial revela que a las 19:02 horas, más de una hora antes del envío del sistema ‘Es-Alert’, Pradas ya estaba dando instrucciones sobre el contenido del mensaje: “Hay que poner también las vías de comunicación, que solo serán el 112, el Twitter oficial de Emergencias de la Comunidad Valenciana y À Punt”. Esta evidencia contradice su testimonio judicial donde aseguró que “a las 20 horas es cuando recibo la llamada. Ahí es cuando un técnico nos informa de que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert”.
Sin embargo, la Generalitat ha aportado elementos que, según su versión, corroboran parcialmente el testimonio de la exconsejera. Fuentes oficiales del Gobierno valenciano sostienen que los vídeos matinales “confirman una vez más que Pradas estuvo en todo momento pendiente de la emergencia a nivel institucional” y que “no es ninguna novedad” que se hubieran decretado alertas hidrológicas por la mañana siguiendo información de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La defensa argumenta que Pradas sí declaró en sede judicial el conocimiento de estas alertas tempranas y que las mismas se decretaron conforme a los protocolos: la alerta hidrológica del río Magro a las 11:45 horas y la del barranco del Poyo a las 12:20 horas tras el aviso del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) al Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:06 horas.
Además, la Generalitat defiende que existió un vacío de información crítica desde el mediodía hasta pasadas las seis y media de la tarde, periodo durante el cual no habrían recibido comunicaciones sustanciales que justificasen medidas más drásticas.
La cronología oficial versus la documentada
La secuencia según los organismos oficiales establece que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso rojo desde las 7:31 horas del 29 de octubre, mientras que la Confederación Hidrográfica del Júcar emitió avisos hidrológicos desde primera hora de la mañana, intensificándose a partir de las 11:45 horas.
La cronología documentada por las pruebas judiciales muestra que Pradas tenía conocimiento directo de estos avisos desde el mediodía, participaba activamente en la toma de decisiones sobre alertas y ejercía el mando de la situación de emergencia, algo que contradice su alegación de que siguió únicamente criterios técnicos y que desconocía los mecanismos de alerta hasta las 20:00 horas.
Las llamadas telefónicas registradas revelan que Pradas mantuvo 96 conversaciones durante la jornada, incluyendo contactos directos con la delegada del Gobierno Pilar Bernabé desde las 12:23 horas, momento en el que se le ofreció por primera vez el despliegue de la UME, oferta que inicialmente rechazó.
Incoherencias temporales específicas
Las contradicciones más evidentes se concentran en varios puntos temporales:
- 12:32 horas: Los vídeos muestran a Pradas anotando información sobre alertas hidrológicas que posteriormente afirmaría haber desconocido.
- 19:02 horas: Las grabaciones la muestran dando instrucciones sobre el contenido del ‘Es-Alert’ que supuestamente desconocía hasta las 20:00 horas.
- Entre 12:23 y 14:00 horas: Documentación oficial registra tres ofertas de despliegue de la UME que Pradas inicialmente negó haber recibido.
Los elementos nuevos que complican el panorama: La investigación ha desvelado que la Generalitat ocultó deliberadamente material audiovisual a la jueza instructora durante once meses. La secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, afirmó en marzo de 2025 que “no consta soporte documental alguno” de las reuniones del CECOPI, cuando existían grabaciones realizadas tanto por À Punt como por una productora contratada por Emergencias.
Este ocultamiento de pruebas ha generado dudas adicionales sobre la transparencia de la versión oficial, aunque la Generalitat mantiene que los nuevos materiales apoyan la actuación de Pradas al demostrar que siguió los protocolos establecidos y mantuvo la coordinación institucional requerida.