Sira Rego ha llevado al Congreso una de las cuestiones más delicadas de la crisis de Ceuta: qué hacer con los cientos de niños y niñas que llegaron solos durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y cómo compatibilizar su protección con una ciudad cuyo sistema de acogida se encuentra sometido a una presión extraordinaria. La ministra de Juventud e Infancia no ha esquivado el problema ni ha negado el desbordamiento, pero ha establecido desde el comienzo una línea que considera infranqueable: la emergencia no puede servir para transformar a los menores en responsables de una crisis que no provocaron.
«Las niñas y los niños no son invasores, sino sujetos de derecho», afirmó Rego al comenzar su comparecencia, antes de recordar que muchos de quienes llegaron solos proceden de situaciones de abandono, violencia, explotación o vida en la calle. La ministra convirtió esa defensa de la infancia en el eje político de toda su intervención y rechazó expresamente que la discusión sobre fronteras, recursos o competencias pueda derivar hacia la criminalización de los menores.
Su discurso fue especialmente duro contra los episodios ocurridos durante las últimas semanas en Ceuta, donde grupos ultras han hostigado a migrantes y voluntarios. Rego denunció que se haya impedido a miembros de Cruz Roja repartir alimentos, que se hayan destruido pertenencias de personas migrantes y que se hayan organizado grupos para perseguirlas por las calles. Su conclusión fue contundente: «El odio no resuelve una emergencia. Lo que resuelve una emergencia es un Estado que funciona».
1.478 menores acogidos y alrededor de 700 niñas
Más allá de la batalla política, la comparecencia aportó datos que permiten comprender el desafío al que se enfrenta Ceuta. Según las cifras actualizadas por el Ministerio, 1.478 niños y niñas se encuentran ya alojados en centros dependientes del sistema de protección de la ciudad, mientras todavía continúa la filiación de otros menores que podrían elevar la cifra total por encima de los 2.000.
Hay además un cambio importante en el perfil de quienes han llegado. Rego explicó que alrededor de 700 son niñas y que existe también un número elevado de menores de 13 años, circunstancias que obligan a adaptar los recursos porque las necesidades de protección no son las mismas en función de la edad, el sexo, la situación familiar o las experiencias de violencia sufridas antes de alcanzar España.
Durante las primeras jornadas hubo que utilizar dos colegios públicos para alojar provisionalmente a casi 300 niñas en situación especialmente vulnerable. La ministra aseguró que se había comprometido con el presidente ceutí, Juan Vivas, a liberar esos centros antes del comienzo del curso y que las menores ya han sido trasladadas a otros recursos, evitando prolongar una solución de emergencia que podía terminar perjudicando también a los escolares de la ciudad.
Ese equilibrio atraviesa toda su comparecencia: proteger a quienes han llegado sin obligar a Ceuta a soportar indefinidamente en solitario las consecuencias de una emergencia nacional.
25 millones y una propuesta para trasladar a 500 niñas
El Ministerio asegura que comenzó a trabajar intensamente con Ceuta antes incluso del 30 de julio y que desde el día 27 la coordinación pasó a ser prácticamente diaria. El mismo día de la entrada masiva inició la tramitación de una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar el sistema de protección ceutí, aprobada posteriormente en la Conferencia Sectorial pese al rechazo, según Rego, de Extremadura, Aragón y Castilla y León. La ministra adelantó además que el Gobierno habilitará nuevos recursos porque considera esa primera cantidad una respuesta inicial y no definitiva.
Pero probablemente la propuesta políticamente más relevante sea el traslado a la Península de 500 niñas especialmente vulnerables, una operación que podría articularse mediante entidades especializadas y centros pequeños distribuidos por diferentes territorios. Rego sostiene que el mecanismo permitiría reducir inmediatamente la presión sobre Ceuta y mejorar las condiciones de atención, aunque señala que necesita la colaboración del Gobierno ceutí para ponerlo en marcha.
La ministra plantea además otras dos vías: acuerdos bilaterales entre comunidades autónomas y fórmulas de acogimiento familiar para determinados casos. El objetivo final es que la ubicación física del menor no condicione la tramitación de su expediente, puesto que los procedimientos de protección o reunificación pueden continuar desde cualquier punto del territorio español.
Marruecos y los 600 expedientes que siguen esperando
Uno de los datos más reveladores de su comparecencia afecta directamente a Marruecos. Frente a quienes presentan la reunificación familiar como una solución rápida para los menores marroquíes, Rego recordó que España había remitido unos 600 expedientes a Marruecos antes incluso del 30 de julio para verificar la situación familiar de esos niños y que, según afirmó, Rabat todavía no ha respondido.
La ministra utilizó ese dato para explicar por qué no puede plantearse una devolución automática. Antes de entregar un niño a una supuesta familia es necesario comprobar que realmente existe, conocer sus circunstancias y garantizar que el entorno al que regresará es seguro. En algunos casos, explicó, los menores pueden haber huido precisamente de violencia familiar o haber vivido durante años en la calle.
La discrepancia con el discurso de las devoluciones inmediatas es, por tanto, jurídica además de política. Rego recordó las resoluciones judiciales derivadas de la crisis de 2021 y defendió que cualquier retorno debe realizarse individualmente y atendiendo al interés superior del menor, porque una reunificación con garantías y una expulsión colectiva son jurídicamente cosas completamente distintas.
Ceuta no puede resolver sola un problema de país
El argumento central de la ministra es que Ceuta no puede tener que elegir entre proteger a los menores y preservar el funcionamiento de sus servicios públicos. Para eso, sostiene, existe precisamente la solidaridad territorial.
Rego reivindicó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece mecanismos de distribución vinculante cuando los territorios fronterizos superan su capacidad ordinaria de acogida. Según los datos ofrecidos ante la Comisión, durante el último año se han resuelto más de 2.000 expedientes de traslado de menores entre territorios sin incidencias relevantes.
La ministra dirigió aquí parte de sus críticas hacia el Partido Popular, que gobierna Ceuta y la mayoría de las comunidades autónomas. Su tesis es que no basta con exigir al Gobierno central que descongestione la ciudad mientras algunas autonomías se resisten a recibir menores, puesto que la tutela pertenece precisamente a las comunidades y existen fórmulas de cooperación que dependen de ellas. Rego resumió esa contradicción afirmando que «Ceuta es España» y, precisamente por eso, su problema debe ser asumido colectivamente por el resto del país.
Una comparecencia con una línea roja muy clara
Sira Rego no presentó una imagen complaciente de la situación. Reconoció varias veces que Ceuta está desbordada, admitió que algunos procedimientos deberían avanzar más rápidamente y asumió la parte de responsabilidad correspondiente a su Ministerio. Pero rechazó que la urgencia administrativa pueda convertirse en la justificación para rebajar las garantías legales.
Su comparecencia deja así un debate que probablemente continuará mucho después de que desaparezcan las imágenes más dramáticas de esta crisis. España tendrá que decidir cómo distribuye territorialmente la responsabilidad de proteger a cientos de menores que han llegado solos, mientras Ceuta necesita recuperar cuanto antes la normalidad y Marruecos debe responder a los procedimientos necesarios para hacer posibles las reunificaciones familiares cuando sean seguras.
Rego ha fijado su posición con pocas ambigüedades: los retornos podrán producirse cuando la ley los permita, la acogida deberá repartirse para que Ceuta no colapse y ningún niño puede convertirse en una pieza de la confrontación política. Porque detrás de las cifras extraordinarias de esta crisis hay algo que la ministra quiso recordar una y otra vez ante el Congreso: quienes llegaron solos pueden ser extranjeros, migrantes o menores no acompañados, pero antes que cualquiera de esas categorías son niños que el Estado tiene la obligación de proteger.
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