Una partida de alrededor de 840.000 euros anuales mantiene en los hospitales públicos gallegos un servicio del que apenas se habla. El Sergas cuenta actualmente con 53 sacerdotes encargados de prestar asistencia religiosa católica en sus siete áreas sanitarias.
No estamos ante uno de los grandes capítulos del presupuesto sanitario gallego. Tampoco esos 840.000 euros explicarían las listas de espera, la falta de profesionales en determinadas especialidades o los problemas de la atención primaria. Sería fácil hacer esa comparación y también bastante tramposo.
La noticia plantea una cuestión diferente: por qué la sanidad pública gallega continúa financiando en 2026 una estructura específicamente católica concebida hace más de cuarenta años.
El derecho de una persona hospitalizada a recibir asistencia religiosa merece pocas discusiones. Una enfermedad grave, una estancia prolongada o el final de la vida pueden convertir el acompañamiento espiritual en algo importante para muchos pacientes. Quien quiera recibir a un sacerdote debe poder hacerlo. Quien profese otra religión debe poder ejercer igualmente sus creencias. Y quien no tenga ninguna, también tiene derecho a que esa decisión sea respetada. Eso es libertad religiosa.
Otra discusión distinta es quién debe financiar y organizar ese servicio. El modelo que continúa vigente tiene sus raíces en 1985, cuando el Gobierno y la Conferencia Episcopal regularon la asistencia religiosa católica en los hospitales públicos. El acuerdo estableció servicios de atención pastoral, determinó incluso su dimensión en función del número de camas y fijó su financiación. España era entonces un país bastante diferente.
Cuatro décadas después, la práctica religiosa ha cambiado, la sociedad es mucho más plural y la relación de los ciudadanos con las confesiones ya no es la misma. Lo que apenas ha cambiado es una estructura que continúa integrada en el funcionamiento ordinario de los hospitales públicos.
Un derecho que no exige un privilegio
La cuestión adquiere otra dimensión cuando se observa la situación del propio Sergas. La Xunta lleva tiempo reconociendo problemas en atención primaria, dificultades para cubrir determinadas plazas y la necesidad de reforzar la salud mental y reducir las listas de espera. Profesionales y pacientes conocen bien las tensiones que atraviesan algunas áreas del sistema.
840.000 euros no solucionarían esos problemas, pero cualquier administración está obligada a revisar periódicamente en qué emplea los recursos públicos y, sobre todo, si las razones que justificaron determinadas partidas continúan vigentes décadas después.
Por eso la pregunta no debería ser si los creyentes tienen derecho a recibir asistencia espiritual en un hospital. Por supuesto que lo tienen. La pregunta es si garantizar ese derecho exige que el Sergas mantenga y financie una estructura permanente vinculada específicamente a la Iglesia católica.
Existen otras posibilidades. Un modelo de asistencia espiritual plural, mecanismos de acceso a petición del paciente o fórmulas de colaboración con las distintas confesiones permitirían preservar la libertad religiosa sin dar por supuesto que la solución adoptada en 1985 debe continuar siendo necesariamente la de 2026.
La Constitución española tampoco establece un Estado antirreligioso. Establece un Estado aconfesional que garantiza la libertad religiosa y permite relaciones de cooperación con las distintas confesiones. Precisamente por eso resulta razonable preguntarse periódicamente cómo debe materializarse esa cooperación. La discusión no debería convertirse en una batalla entre creyentes y no creyentes.
Una estructura que sobrevivió a la sociedad que la creó
El caso de los capellanes hospitalarios permite observar una característica bastante frecuente de la Administración: determinadas estructuras sobreviven durante décadas porque nadie encuentra un momento concreto para revisarlas. La sociedad cambia. Los presupuestos continúan.
Durante los años ochenta, la presencia social e institucional de la Iglesia católica era incomparablemente mayor. Cuatro décadas después, España presenta una diversidad religiosa y una secularización que difícilmente podían imaginarse cuando se diseñó aquel modelo.
Sin embargo, el esquema continúa funcionando. Y Galicia tampoco constituye una rareza dentro de España. Otras comunidades mantienen sistemas semejantes de asistencia religiosa católica en sus hospitales públicos. Estamos, por tanto, ante una discusión que afecta a una determinada forma de entender las relaciones entre las administraciones y la Iglesia.
Gobernar también consiste en revisar lo heredado. No todo lo que lleva cuarenta años funcionando debe desaparecer, naturalmente. Pero tampoco debería quedar fuera de discusión por el simple hecho de haber llegado hasta aquí.
El acompañamiento espiritual puede formar parte de una atención hospitalaria humana y respetuosa. Para algunas personas será fundamental; para otras, completamente irrelevante. Ambas posiciones merecen exactamente el mismo respeto. La cuestión que dejan esos 840.000 euros anuales es mucho más concreta.
Si Galicia quiere garantizar la asistencia espiritual de quienes pasan por sus hospitales, puede hacerlo. Lo que merece una explicación en una sociedad plural y aconfesional es por qué sigue haciéndolo mediante una estructura específicamente católica prácticamente heredada de otra época. Cuatro décadas después, quizá haya llegado el momento de volver a discutirla.
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