Pedro Sánchez tiene ante sí una de las decisiones más trascendentes de la legislatura y todo apunta a que este lunes podría despejar la incógnita sobre unas elecciones generales anticipadas después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda que el Gobierno había convertido en una respuesta urgente a la crisis de los alquileres y los desahucios.
Durante todo el fin de semana se han sucedido los contactos con ministros, dirigentes socialistas, asesores y socios parlamentarios, mientras numerosos responsables del PSOE consideran que mantener una legislatura permanentemente condicionada por Junts empieza a ofrecer menos oportunidades que acudir nuevamente a las urnas. La decisión corresponde exclusivamente al presidente y todavía no existe un anuncio oficial, pero las fuentes recogidas en la documentación disponible apuntan claramente hacia un adelanto inmediato.
Sánchez mantiene oficialmente para este lunes a las 9.30 horas la inauguración del Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Madrid, según la agenda publicada por La Moncloa, una cita que se convierte ahora inevitablemente en uno de los grandes focos políticos de la jornada.
La vivienda puede convertirse en el detonante electoral
El fracaso de los decretos ha cambiado el escenario porque PP, Vox y Junts consiguieron frustrar unas medidas que pretendían reforzar la protección frente a los desahucios y ampliar la estabilidad de determinados contratos de alquiler, apenas unos días después de que el caso de Maricarmen desencadenara una movilización social que acabó llenando la Puerta del Sol y extendiéndose por numerosas ciudades españolas.
En el Gobierno existe además una profunda irritación con Junts, especialmente porque una parte del primer decreto había sido negociada durante semanas y Moncloa daba por hecho que existía margen suficiente para conseguir su convalidación. El rechazo final ha reforzado entre los socialistas la idea de que Sánchez debería devolver la palabra a los ciudadanos y convertir la vivienda, los servicios públicos y el modelo social en algunos de los grandes ejes de una eventual campaña.
La jugada que podría dejar a Junts sin capacidad de bloqueo
El adelanto electoral tendría además una consecuencia parlamentaria especialmente importante que ha pasado casi inadvertida: la disolución de las Cortes no impediría al Gobierno aprobar un nuevo decreto-ley de vivienda, porque el Ejecutivo no entra automáticamente en funciones cuando se convocan elecciones.
Lo que cambiaría sería el órgano encargado de controlar esa norma. Una vez disuelto el Congreso, la Constitución atribuye a la Diputación Permanente las funciones necesarias para pronunciarse sobre los decretos-leyes, precisamente para garantizar la continuidad parlamentaria hasta que se constituyan las nuevas Cortes. Así lo establecen los artículos 78 y 86 de la Constitución.
Ese cambio podría alterar radicalmente la aritmética que derrotó al Gobierno el viernes. Según los cálculos recogidos en la documentación, PSOE y Sumar sumarían 31 representantes y podrían alcanzar 35 con ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, mientras PP, Vox y Junts quedarían en 34 si todos participaran y mantuvieran el sentido de sus votos.
No existe, además, una exigencia general de mayoría absoluta para convalidar un decreto-ley, sino que la decisión se adopta conforme a las reglas parlamentarias aplicables, por lo que Junts podría pasar de tener capacidad para derribar el decreto en el pleno a resultar irrelevante para salvar el principal escudo antidesahucios.
La operación no permitiría recuperar automáticamente las normas rechazadas, porque el Gobierno tendría que aprobar un nuevo decreto y justificar otra vez su extraordinaria y urgente necesidad, pero abre una salida jurídica y política que Moncloa puede intentar utilizar antes de que los españoles vuelvan a votar.
Sánchez tiene, por tanto, ante sí algo más que la decisión de continuar o convocar elecciones: puede intentar transformar una de las mayores derrotas parlamentarias de la legislatura en el punto de partida de una campaña centrada en la vivienda y, al mismo tiempo, rescatar parte de las medidas que PP, Vox y Junts consiguieron tumbar en el Congreso.
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