La palabra «vergüenza» salió de la calle. Fue uno de los gritos de los manifestantes que aguardaban este viernes 2 de octubre el resultado de la votación de los decretos de vivienda frente al Congreso. Dentro del hemiciclo, sin embargo, la discusión había derivado muchas horas antes en una batalla política donde convivieron datos ciertos, medias verdades, cifras sin contexto, acusaciones imposibles de demostrar y algunas falsedades comprobables.
El resultado ya es historia parlamentaria: el Real Decreto-ley 26/2026 cayó por 178 votos en contra y 172 a favor, con el rechazo de PP, Vox, UPN y Junts; el segundo, el Real Decreto-ley 27/2026, sobre estabilidad de los contratos de alquiler, fue rechazado por 184 votos frente a 166, al sumarse también PNV y Coalición Canaria al no.
No cayeron simples declaraciones de intenciones. El primer decreto contenía una suspensión temporal hasta 2030 de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, regulación del alquiler de temporada y habitaciones, medidas fiscales, limitaciones a determinadas operaciones especulativas y actuaciones sobre vivienda turística y acceso a la primera vivienda. El segundo modificaba el régimen de duración de los contratos para favorecer su continuidad y obligaba, salvo causas justificadas, a indemnizar al inquilino cuando el propietario decidiera recuperar la vivienda.
Pero la gravedad del problema no impidió que el Congreso se convirtiera durante horas en un gigantesco campo de batalla de propaganda.
La crisis existe: ahí no hacía falta inventar nada
La paradoja del debate es que nadie necesitaba fabricar una emergencia. Los datos reales ya son suficientemente demoledores.
El precio de la vivienda aumentó un 12,2 % interanual en el segundo trimestre de 2026, según el INE, con una subida del 12,9 % en segunda mano. La emancipación juvenil se encuentra en el 14,5 %, el mínimo de la serie histórica, mientras un alquiler medio de 1.176 euros equivale al 98,7 % del salario medio de una persona joven, según el Consejo de la Juventud de España.
El Banco de España, además, estimaba que entre 2022 y 2024 la diferencia acumulada entre creación de hogares y vivienda nueva terminada alcanzaba entre 400.000 y 450.000 viviendas. Es decir, existe un problema severo de oferta y existe al mismo tiempo un problema igualmente real de precios, estabilidad y capacidad adquisitiva.
Ese era el terreno sobre el que podía haberse discutido. Pero demasiadas intervenciones prefirieron ir mucho más lejos.
Figaredo y varios datos que directamente no cuadran
José María Figaredo, de Vox, protagonizó algunos de los mayores problemas factuales del debate. Su intervención sostuvo que la renta antigua había sido eliminada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y utilizó el dato para responsabilizar al socialismo de los actuales desahucios.
Es incorrecto. La desaparición de la prórroga forzosa para los nuevos contratos se produjo en 1985, mediante el Real Decreto-ley 2/1985, el denominado decreto Boyer. Su artículo 9 dice expresamente «Supresión de la prórroga forzosa en los contratos de arrendamientos urbanos». La LAU de 1994 transformó posteriormente el sistema, pero no fue el origen de aquella eliminación.
Figaredo aseguró también que España era «el país con más inflación de la OCDE». Tampoco se sostiene. El último dato homogéneo europeo disponible durante el debate situaba en agosto a España en el 4,4 % armonizado, por debajo de Rumanía, con 6,3 %, Lituania, con 5,6 %, y Chipre, con 5,2 %. El IPC adelantado español de septiembre sí escaló al 4,9 %, pero eso no convierte automáticamente a España en líder de la OCDE.
Otra afirmación repetida por Vox fue que el Gobierno había «metido cinco millones de personas en España en cinco años». Las cifras oficiales muestran otra realidad: España tenía 47,49 millones de habitantes el 1 de enero de 2022 y alrededor de 49,6 millones al comenzar 2026. El aumento ronda los 2,1 millones, no cinco. Que la inmigración incremente la demanda residencial es evidente; convertir ese fenómeno en cinco millones de nuevos residentes netos es otra cosa.
También erró al hablar del último salario más frecuente: dijo que en 2025 era de 16.576 euros. El último dato definitivo del INE corresponde a 2024 y es de 16.520,18 euros.
Los 4.300 pisos de Nogueras y Bravo: el propio estudio pedía prudencia
Míriam Nogueras sostuvo que, desde el anuncio de los decretos, se habían retirado más de 4.000 viviendas del alquiler. Juan Bravo utilizó después prácticamente el mismo argumento. La cifra existe, pero fue presentada con una certeza que la propia fuente no tenía.
El Observatorio del Alquiler de Alquiler Seguro calculó que la oferta estaba unas 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria que cabría esperar. Sin embargo, la información que recogía el estudio advertía expresamente de que todavía no podía atribuirse toda esa reducción a los nuevos decretos. Transformar una desviación respecto a una estimación de tendencia durante apenas unos días en la demostración de que 4.300 propietarios habían retirado sus casas «por culpa del decreto» convierte correlación en causalidad.
Nogueras sí formuló una crítica jurídicamente correcta cuando afirmó que el decreto no impedía toda compra de fondos ni paralizaba absolutamente todos los desahucios. Efectivamente, no lo hacía. El problema es presentar esa limitación como si el texto no hiciera nada: el artículo 2 establecía expresamente una suspensión temporal de procedimientos para determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Su sentencia de que «no hay ningún jurista» que firmaría esos decretos pertenece ya al terreno de la hipérbole imposible de verificar. La propia transcripción muestra hasta qué punto Junts construyó su discurso alrededor de la idea de que el texto generaba falsas esperanzas.
Tampoco todo vale para defender los decretos
El problema de la desinformación no estuvo exclusivamente en quienes votaron no.
Alberto Ibáñez, de Sumar, llegó a decir que votar contra el decreto significaba «empujar a que cientos de personas pierdan sus vidas» y pidió a los diputados pensar si querían «firmar también los suicidios».
La precariedad residencial, un desahucio o la amenaza de perder la vivienda pueden producir daños muy graves en la salud física y mental. Pero no existe base para atribuir a un voto parlamentario cientos de suicidios futuros ni para convertir a cada diputado contrario al decreto en responsable causal de esas muertes. Eso no es una estadística, es una acusación política extrema.
Tesh Sidi utilizó una formulación semejante al denominar la norma «el real decreto que impide que la gente se suicide día sí y día no». Un decreto puede reforzar la protección residencial; no puede garantizar la prevención de todos los suicidios relacionados con circunstancias económicas.
Gerardo Pisarello recurrió igualmente a imágenes como «la mano que aprieta el gatillo» para responsabilizar a quienes rechazaran los textos de futuras tragedias. Y Patxi López sostuvo que cada voto contrario era «una condena para cada Mari Carmen». Son formulaciones políticas y emocionales, no relaciones causales demostradas.
¿Fondos buitre o pequeños propietarios? Los dos relatos simplificaron el mercado
Uno de los grandes trucos del debate consistió en obligar a elegir entre dos caricaturas: o España es un país dominado por gigantescos fondos buitre o prácticamente todo el mercado pertenece a una viuda con un piso heredado.
Los datos desmontan ambos extremos.
Un estudio del Ministerio de Consumo elaborado con el CSIC concluye que los propietarios particulares con una sola vivienda alquilada controlan alrededor del 39 % del parque de alquiler habitual. El 61 % restante corresponde conjuntamente a particulares con dos o más viviendas, personas jurídicas y entidades públicas. Y, dentro exclusivamente del alquiler perteneciente a particulares, el 52,8 % de las viviendas está en manos de propietarios que alquilan dos o más.
Por tanto, decir que el 61 % está «en manos de fondos buitre» sería falso. Pero usar el argumento de que la inmensa mayoría de los propietarios son particulares para hacer creer que prácticamente todo el parque corresponde a familias con una única vivienda también deforma el mercado.
Hasta el vocabulario se utilizó como arma.
El "alquiler indefinido" tampoco era una confiscación
El segundo decreto fue descrito por distintos portavoces del PP y Vox como una especie de expropiación de la propiedad. El texto publicado en el BOE era mucho menos simple.
El propietario podía comunicar su voluntad de no continuar el contrato, aunque en determinados casos debía indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades. Además, había excepciones importantes: no existía esa obligación cuando una persona física necesitara la vivienda como residencia permanente propia o de familiares hasta segundo grado, cuando el inquilino no habitara efectivamente el inmueble o cuando dispusiera de otra vivienda adecuada en el mismo municipio.
Tampoco era una extravagancia inexistente fuera de España. La propia exposición de motivos recuerda que Alemania utiliza por regla general contratos de duración indefinida, Francia establece renovaciones tácitas con causas tasadas para resolverlos y Países Bajos recuperó en 2024 el contrato indefinido como régimen ordinario. Eso no significa que los sistemas sean idénticos ni que sus resultados puedan trasladarse automáticamente a España.
Una votación que dejó al descubierto algo más que dos derrotas parlamentarias
Los decretos han caído y, con ellos, las medidas que contenían. Pero el debate deja una fotografía más inquietante: ante una crisis suficientemente grave como para no necesitar exageraciones, el Congreso consiguió llenarla de ellas.
PP y Vox tenían datos reales para denunciar el déficit de oferta, los precios y las dificultades de emancipación. La izquierda tenía datos igualmente sólidos para hablar de vulnerabilidad, concentración del alquiler y pérdida de estabilidad residencial. Junts podía cuestionar técnicamente los efectos de determinadas regulaciones sin presentar estimaciones de tres días como causalidades demostradas. El Gobierno podía defender sus medidas sin convertir todo voto contrario en complicidad directa con los fondos buitre.
Nada de eso exigía inventar cinco millones de nuevos residentes, alterar la historia de la renta antigua, afirmar que España tiene la mayor inflación de la OCDE, convertir 4.290 viviendas estimadas en prueba inmediata del fracaso regulatorio o responsabilizar a un diputado de suicidios futuros.
Mientras dentro del Congreso se cruzaban esas acusaciones, fuera los manifestantes gritaban «vergüenza».
Quizá la mayor distancia entre ambas escenas sea precisamente esa: la ciudadanía tiene un problema verificable y enorme —precios de vivienda creciendo un 12,2 %, emancipación juvenil en mínimos y alquileres capaces de absorber prácticamente todo un salario joven— mientras una parte considerable de la discusión parlamentaria decidió competir por quién construía el relato más devastador sobre el adversario.
Los decretos han sido derrotados. La crisis de la vivienda, obviamente, no.
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