La comparación entre la rueda de prensa de Ana Mato en 2014 y la crisis actual del hantavirus no es un simple recurso político: sirve para medir qué ocurre cuando el discurso público se separa de la evidencia científica. En octubre de 2014, con Teresa Romero ya contagiada de ébola en Madrid, la entonces ministra de Sanidad defendía que España había seguido las recomendaciones de la OMS, que el riesgo era “muy bajo” y que el sistema estaba “perfectamente preparado” para una situación así. Días después, la propia comparecencia parlamentaria de Mato acabó dejando una frase demoledora: “probablemente no hemos hecho todo bien”. Esa admisión no fue menor; fue la confesión de que el mensaje inicial de control no se correspondía del todo con la realidad.
Ahí está la primera enseñanza de 2014: en una alerta sanitaria no basta con decir que todo está bajo control. Hay que demostrarlo con protocolos claros, coordinación institucional y mensajes consistentes. En el ébola, el Gobierno de Rajoy terminó pagando el precio de la improvisación, de la comunicación contradictoria y de una confianza oficial que sonó hueca cuando los hechos empezaron a desmentirla. El problema no fue solo el virus. Fue también el relato.
En mayo de 2026, con el brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, la situación es distinta en un punto esencial: esta vez sí ha existido desde el principio un armazón técnico e internacional muy definido. La Comisión de Salud Pública aprobó el 8 de mayo un protocolo específico para las personas desembarcadas del buque, acordado además en el sistema estatal con participación de todas las comunidades autónomas. Ese protocolo establece cuarentena y vigilancia activa, y deja claro que las medidas se basan en el principio de precaución. No era una ocurrencia improvisada ni una maniobra política sobre la marcha. Era una respuesta formal del sistema de salud pública.
A eso se suma algo aún más contundente: la OMS y el ECDC han sostenido de forma reiterada que el riesgo para la salud pública general es bajo. El propio director general de la OMS se dirigió expresamente a la población de Tenerife para decir, con una claridad inhabitual en este tipo de crisis, que “esto no es otro COVID” y que el riesgo en la vida cotidiana de la isla sigue siendo bajo. Además, explicó que España había preparado un plan “cuidadoso y detallado” para desembarcar a los pasajeros en Granadilla, lejos de áreas residenciales, con vehículos sellados, corredor acordonado y repatriación directa. Es difícil imaginar un desmentido más rotundo al discurso del miedo.
Por eso las declaraciones del Gobierno de Canarias quedan hoy tan expuestas. Fernando Clavijo ha insistido este 11 de mayo en que le preocupaba que siguieran bajando pasajeros sin test previos, incluso siendo asintomáticos, y ha defendido que esa exigencia no era “descabellada” por seguridad para Canarias. También ha mantenido su temor a que roedores del barco pudieran llegar a tierra. Pero ni una cosa ni la otra encajan bien con el marco técnico internacional que se ha utilizado para gestionar esta operación.
La primera falsedad política, o al menos la primera distorsión grave, es presentar el desembarco controlado como si hubiera supuesto una amenaza abierta para la población canaria. La OMS ha dicho lo contrario. El ECDC también. Su evaluación del 9 de mayo insiste en que el virus Andes puede transmitirse entre personas, sí, pero de forma limitada y normalmente en contextos de contacto estrecho y prolongado. La propia guía de la OMS del 10 de mayo ordena un enfoque basado en riesgo, seguimiento y manejo de contactos, no una narrativa de contagio difuso y expansión comunitaria automática. El Gobierno canario ha querido convertir una operación extraordinaria, pero controlada, en una escena de exposición masiva. La evidencia científica no acompaña esa dramatización.
La segunda mentira que ha quedado al descubierto es la del barco como foco plausible de una colonización por roedores infectados. El propio relato de Clavijo ha girado en torno a la idea de que un ratón o una rata pudiera bajar del buque, alcanzar tierra y abrir un riesgo sanitario para la isla. El problema es que el Ministerio respondió con un informe técnico según el cual el reservorio natural del virus implicado en el barco no son las ratas, sino el ratón colilargo patagónico, y que ese escenario no sustentaba el alarmismo planteado. El País reconstruyó además cómo el presidente canario llegó a remitir a la ministra un pantallazo de una búsqueda rápida con inteligencia artificial sobre la capacidad de las ratas para nadar. Eso no es prudencia sanitaria: eso es una pobreza argumental impropia de una crisis de salud pública.
Y aquí aparece el contraste más duro con Ana Mato. En 2014, el Gobierno central pecó de autocomplacencia. En 2026, el Gobierno canario ha pecado de lo contrario: de sobreactuación política. Mato quiso aparentar control cuando el problema estaba revelando grietas en la preparación real del sistema. Clavijo ha intentado aparentar una amenaza desbordada cuando el operativo estaba precisamente diseñado para contenerla con apoyo de la OMS, del ECDC y del Ministerio de Sanidad. Son errores distintos, pero ambos nacen del mismo vicio: poner el cálculo político por delante del lenguaje sanitario riguroso.
La tercera gran inconsistencia está en el debate sobre las pruebas diagnósticas. Clavijo sostiene hoy que debía haberse hecho test a todos los pasajeros antes de bajar, aunque fueran asintomáticos. A primera vista suena razonable, pero la gestión real del virus Andes no funciona como un eslogan político. La OMS y el ECDC han centrado sus recomendaciones en identificación de contactos, cuarentenas, vigilancia activa, medidas de protección, evaluación clínica y seguimiento durante el periodo de incubación. No presentan el test previo universal a asintomáticos como una barrera mágica que resuelva el problema. De hecho, el hecho de que posteriormente hayan aparecido positivos en personas repatriadas no invalida el protocolo: confirma precisamente por qué existían cuarentenas y vigilancia estrecha. Reuters informó este 11 de mayo de dos positivos adicionales entre repatriados, mientras las autoridades mantenían que esto no equivale a un riesgo comunitario descontrolado.
La cuarta falsedad, más política que sanitaria, consiste en vender como desidia del Estado lo que ha sido en realidad una intervención coordinada a petición de la OMS y con participación de múltiples países. El dispositivo montado en Tenerife no fue una ocurrencia caprichosa del Gobierno de España, sino una operación internacional para evacuar, aislar y repatriar a pasajeros de 23 nacionalidades en condiciones excepcionales. El ECDC fue notificado el 2 de mayo; la Comisión de Salud Pública aprobó el protocolo el 8; la OMS difundió guía técnica el 10; y ese mismo fin de semana Tedros trasladó a la población tinerfeña un mensaje explícito de calma basada en evidencia. Frente a esa cadena de decisiones técnicas, el Ejecutivo canario ha contrapuesto una cadena de gestos políticos, recursos retóricos y sospechas poco sustentadas.
No se trata de negar que un gobierno autonómico pueda exigir información o reclamar coordinación. Eso es legítimo. Lo que no es legítimo, ni responsable, es insinuar que Tenerife estaba siendo expuesta a un peligro incontrolable cuando los principales organismos sanitarios del mundo estaban diciendo lo contrario. Tampoco lo es agarrarse a la anécdota de los roedores y convertirla en criterio rector de una crisis real. La salud pública no puede gestionarse con intuiciones, memes invertidos o búsquedas improvisadas. Mucho menos cuando hay muertos, contactos en cuarentena y un operativo internacional en marcha.
Si la crisis del ébola dejó la imagen de una ministra que ofrecía tranquilidad mientras el país descubría que los protocolos fallaban, la del hantavirus puede dejar otra imagen igual de elocuente: la de un presidente autonómico que agita temores que la propia ciencia desarma. Ana Mato terminó admitiendo que probablemente no se había hecho todo bien. Viendo lo ocurrido estos días, quizá el Gobierno de Canarias debería empezar por una confesión parecida: probablemente tampoco se ha dicho todo bien. Y en una emergencia sanitaria, mentir, exagerar o sembrar miedo no protege a nadie; solo deteriora la confianza pública cuando más falta hace.