El nuevo plan de residencias anunciado por la presidenta de la Isabel Díaz Ayuso ha reabierto un debate que trasciende la gestión de la dependencia y entra de lleno en la filosofía del uso del patrimonio público. La propuesta —que prevé la creación de 40 residencias y 40 centros de día mediante la cesión gratuita de suelo público durante hasta 75 años— se presenta como una solución innovadora ante el envejecimiento demográfico. Sin embargo, su diseño económico y jurídico plantea interrogantes que cuestionan el relato oficial de eficiencia y colaboración.
La primera operación ya está definida: una parcela municipal de 8.000 metros cuadrados en Madrid será cedida sin coste directo a una empresa privada que construirá y explotará una residencia con plazas públicas y privadas. El modelo recuerda al sistema educativo concertado, donde el suelo público sirve como base para actividades gestionadas por operadores privados durante décadas.
El corazón del modelo: inversión privada, riesgo público
Según la documentación conocida, la empresa adjudicataria deberá invertir en torno a 16,7 millones de euros para levantar el centro. A cambio, podrá explotar la mayoría de las plazas a precio de mercado y obtener ingresos adicionales por servicios complementarios como cafetería, aparcamiento o peluquería. La Administración justifica la gratuidad del suelo alegando que el concesionario ya “renuncia” a beneficios al reservar parte de las plazas para la red pública.
Pero aquí aparece la primera contradicción: sin la cesión del terreno —un activo colectivo valorado en millones de euros— el negocio no existiría. El debate, por tanto, no gira solo en torno al coste de construcción, sino al valor de oportunidad del suelo público. ¿Debe la Administración obtener una contraprestación económica directa o basta con garantizar plazas públicas?
Economistas especializados en gestión pública advierten de que los contratos a tan largo plazo generan una rigidez institucional difícil de revertir. Setenta años equivalen a tres generaciones políticas, lo que limita la capacidad futura de modificar el modelo sin indemnizaciones o conflictos jurídicos.
El argumento demográfico: necesario, pero incompleto
La Comunidad defiende el plan señalando el envejecimiento progresivo de la población y la necesidad de ampliar la oferta asistencial. Es un argumento real: Madrid presenta una esperanza de vida muy alta y un creciente número de personas mayores que requerirán cuidados prolongados en las próximas décadas.
Sin embargo, el envejecimiento no explica por sí solo la elección del modelo. Otras administraciones han optado por incrementar la red pública directa o por fórmulas mixtas con mayor control público sobre la gestión. La pregunta clave no es si hacen falta más residencias —algo ampliamente aceptado— sino quién debe controlar los recursos estratégicos del sistema de cuidados.
El espejo de la educación concertada
El paralelismo con la educación no es casual. Durante los años dos mil, gobiernos autonómicos promovieron cesiones prolongadas de suelo público para colegios privados concertados. Con el paso del tiempo, esos centros terminaron integrados en un circuito mixto donde el dinero público sostiene actividades privadas con escasa capacidad de reversión.
El plan actual se inspira explícitamente en experiencias previas como el llamado “Plan Velocidad”, que impulsó residencias construidas sobre suelo público y gestionadas por grandes grupos empresariales del sector.
Los críticos señalan que este modelo tiende a consolidar oligopolios de gestión, ya que las grandes empresas son las únicas capaces de asumir inversiones iniciales de esta magnitud. Eso reduce la competencia real y puede traducirse, a largo plazo, en menor control sobre la calidad del servicio.
¿Plazas públicas o mercado subvencionado?
El esquema prevé que aproximadamente el 40% de las plazas se reserven para uso público mientras el resto funcionará a precios de mercado, muchas veces accesibles mediante el llamado cheque servicio. Este detalle es crucial.
El cheque servicio transfiere financiación pública al usuario, pero también alimenta la demanda de plazas privadas. En la práctica, el dinero público puede acabar financiando un mercado que fija precios según criterios empresariales. El riesgo, según expertos en políticas sociales, es que las residencias orienten su estrategia hacia los perfiles económicamente más rentables.
Lo que el discurso oficial no menciona
La narrativa del Gobierno regional insiste en la innovación tecnológica, la telemedicina y las unidades convivenciales reducidas como sello del nuevo modelo. Sin embargo, apenas se habla del elemento más sensible del sector: las condiciones laborales y la ratio de personal.
Diversos informes nacionales sobre dependencia muestran que la calidad asistencial está estrechamente ligada a la estabilidad del empleo y a la presencia suficiente de profesionales sociosanitarios. La experiencia europea indica que la arquitectura moderna y la digitalización mejoran la experiencia del usuario, pero no sustituyen la atención humana.
Tampoco se aborda de manera clara cómo afectará el modelo a la sostenibilidad financiera futura. Las concesiones largas pueden resultar atractivas inicialmente, pero comprometen ingresos públicos durante décadas.
Un debate político de fondo
La oposición ha acusado al Ejecutivo madrileño de avanzar hacia una privatización progresiva del sistema. El PSOE ha defendido públicamente un modelo más orientado a la gestión directa, argumentando que la dependencia debería considerarse un servicio esencial comparable a la sanidad o la educación pública.
Desde el Gobierno regional se responde que la colaboración público-privada permite acelerar la creación de plazas sin incrementar el gasto inicial ni la deuda pública. La cuestión, sin embargo, es si ese ahorro inmediato se convierte en un coste estructural a largo plazo.
Lo que realmente está en juego
Más allá de la confrontación política, el plan abre una discusión más profunda sobre el papel del Estado en el cuidado de la vejez. El envejecimiento de la población no es un fenómeno coyuntural, sino una transformación estructural que redefinirá las políticas sociales españolas en las próximas décadas.
Las listas de espera del sistema de dependencia se han reducido a nivel estatal en los últimos años, pero siguen existiendo miles de personas pendientes de atención. Esto implica que cualquier ampliación de plazas es bienvenida. La controversia surge cuando esa expansión se apoya en cesiones patrimoniales irreversibles.
Un modelo que condiciona el futuro
El plan 40-40 no es solo un proyecto de infraestructuras; es una decisión estratégica sobre quién gestionará el bienestar de una generación entera. Si funciona, la Comunidad podrá presentar un aumento rápido de plazas sin asumir costes directos inmediatos. Si fracasa, la región quedará ligada durante décadas a contratos difíciles de corregir.
La gran pregunta que queda sobre la mesa es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda: cuando el suelo es público y la necesidad social también, ¿hasta qué punto debe el beneficio privado ocupar el centro del modelo?
El debate acaba de comenzar, pero algo parece claro: las residencias del futuro no se están diseñando solo para cuidar a los mayores, sino para definir qué entendemos por servicio público en el siglo XXI.