Cinco años después del estallido de la pandemia, la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias de mayores de Madrid sigue persiguiendo a su gobierno, esta vez ya no solo en el terreno moral o político, sino en el judicial. La nueva citación como imputados de tres ex altos cargos clave del Ejecutivo madrileño vuelve a colocar en el centro del debate una de las decisiones más controvertidas de la crisis sanitaria: la denegación sistemática de asistencia hospitalaria a miles de personas mayores.
El próximo 10 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid tomará declaración a Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, piezas esenciales del engranaje administrativo que diseñó y ejecutó el conocido como “Protocolo de la Vergüenza”, el documento que en marzo de 2020 bloqueó el traslado de residentes enfermos a hospitales públicos en función de criterios de dependencia y discapacidad.
No se trata de un procedimiento aislado. Es el quinto proceso judicial en el que estos ex responsables del Gobierno de Ayuso están imputados, una persistencia que desmiente la narrativa oficial de que todo fue una invención política o una polémica artificial. La justicia sigue llamando a la puerta porque las preguntas fundamentales continúan sin respuesta.
Durante sus comparecencias judiciales, Peromingo ha admitido que el protocolo era “discriminatorio”, pero ha tratado de desplazar la responsabilidad hacia Mur, a quien ha señalado como su único autor. Mur, en cambio, ha asegurado que se limitó a firmar un texto ya redactado, añadiendo que su contenido era conocido por los máximos responsables de la Consejería de Sanidad: Enrique Ruiz Escudero y Ana Dávila.
Aquí emerge uno de los rasgos más inquietantes del caso: la cadena de mando se diluye justo cuando se acerca al poder político. Mientras los cargos intermedios se señalan entre sí, Ayuso ha blindado a sus antiguos responsables sanitarios otorgándoles aforamiento o promoción política. Escudero fue enviado al Senado; Dávila es hoy consejera. La rendición de cuentas se convierte así en un laberinto institucional cuidadosamente diseñado.
Más allá de los protocolos escritos, hay una decisión política que sigue siendo el núcleo del escándalo: Ayuso decidió no medicalizar las residencias. En marzo y abril de 2020, el Gobierno madrileño disponía de 1.826 médicos y enfermeros, pero solo 54 fueron enviados a residencias, mientras 1.421 se destinaron al hospital de campaña de Ifema y 351 a hoteles medicalizados.
Esta distribución no fue técnica ni inevitable: fue política. Supuso priorizar una infraestructura simbólica, presentada como el “hospital milagro”, frente a los centros donde vivía la población más vulnerable al virus. Las residencias quedaron convertidas, en la práctica, en espacios de contención sin atención hospitalaria, donde miles de personas murieron sin ser derivadas ni tratadas adecuadamente.
Lejos de ofrecer explicaciones detalladas, Ayuso ha optado por el enfrentamiento, descalificando a las víctimas y a sus familiares, presentándose como objeto de una persecución ideológica. Pero el ruido no borra los hechos. Seis años después, la presidenta madrileña sigue sin explicar por qué se negó atención sanitaria a miles de mayores, ni quién dio la orden política última que convirtió un protocolo administrativo en una barrera letal.
Las imputaciones judiciales no son un ajuste de cuentas retrospectivo, sino el reflejo de una demanda social de verdad, justicia y responsabilidad. La pandemia fue una tragedia global, pero la forma en que se gestionó en Madrid responde a decisiones concretas, adoptadas por personas concretas, con consecuencias irreversibles.