A cierre de septiembre, el Ministerio del Interior contabiliza 104.981 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén. Más de 54.000 involucran a menores. Los indicadores de riesgo permanecen estables, pero la lectura política y pública sigue atrapada en los umbrales, sin articular una respuesta a la altura de las alertas que el propio sistema emite.
Riesgo extendido, protección contenida
Los datos consolidados de VioGén evidencian un patrón persistente: el volumen de casos activos fluctúa poco y, lejos de atenuarse, los niveles de riesgo grave o extremo mantienen una presencia constante. Dieciocho mujeres figuran en situación de riesgo extremo, casi mil en riesgo alto y más de catorce mil con un riesgo medio que, por definición, exige seguimiento intensivo.
El problema no está solo en el número, sino en lo que los números no resuelven. No se trata únicamente de identificar el riesgo, sino de evitar que el sistema sea, otra vez, un notario del fracaso cuando los hechos ya son irreversibles.
Más de 54.000 de esos casos corresponden a mujeres que tienen menores a su cargo. En más de 1.400, los propios hijos e hijas se consideran directamente amenazados por los agresores. El dato no es accesorio: son menores sin estatus de víctima reconocido, sin protección directa, a menudo invisibles dentro del expediente administrativo de su madre.
Niños en riesgo sin una red real
VioGén clasifica 12.085 situaciones como “casos con menores de especial relevancia”, una categoría que alerta sobre la alta probabilidad de violencia muy grave o letal. En dieciocho de ellos se detecta riesgo extremo. Estas cifras deberían actuar como un disparador inmediato de medidas excepcionales. Pero no hay un protocolo específico que se active automáticamente en función del riesgo, sino una cadena de decisiones, administrativas, judiciales, policiales, que se dilata, se delega o se atasca.
La acumulación de indicadores no equivale a una estrategia. Saber más no implica intervenir mejor. La herramienta estadística gana en precisión, pero no necesariamente mejora la vida de quienes figuran en ella. Hay una brecha entre el mapa del riesgo y la protección efectiva. El propio sistema confirma la magnitud del problema, pero los recursos no alcanzan para absorber la urgencia que diagnostica.
Distribución desigual, respuesta desigual
En términos territoriales, Andalucía concentra el mayor número de casos activos, seguida por Comunidad Valenciana y Madrid. El sistema proyecta así también una imagen del grado de desarrollo de los mecanismos de denuncia y seguimiento. Pero en esas cifras también pesa la desigual implementación de las políticas de protección, el acceso real a los recursos y la estructura de los servicios sociales.
Las comunidades con mayores registros no siempre son las que cuentan con mayores medios, ni las que ofrecen mejores ratios de seguimiento. El volumen de casos no asegura mayor capacidad de respuesta, y en muchos contextos locales el VioGén opera más como un sistema de alerta que como una red de intervención.
El sistema sigue documentando con rigor técnico una realidad que desborda sus márgenes. La estadística es sólida. Pero las víctimas no necesitan tanto un sistema robusto como un Estado que actúe sin demora cuando las cifras se vuelven rostros, y el riesgo pasa del papel a la urgencia.