La revelación de que la dirección del Hospital de Torrejón habría dado instrucciones para aumentar las listas de espera con el fin de obtener más beneficios económicos ha provocado un terremoto político en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno central. El caso, destapado a raíz de una filtración interna, sitúa en el centro del debate el modelo de gestión sanitaria impulsado por el Partido Popular en la región.
Según los audios difundidos, altos cargos de la empresa que gestiona este hospital habrían indicado a responsables del centro que no se atendiera a todos los pacientes posibles y que se seleccionaran únicamente aquellos procedimientos que generaran rentabilidad. Traducido a un lenguaje menos técnico, esto significa que la atención médica habría dejado de priorizarse según las necesidades clínicas y pasado a basarse en criterios económicos, favoreciendo las operaciones “que salen rentables” y retrasando las que no lo son.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado con dureza, señalando que el caso no es un episodio aislado, sino “una consecuencia directa de un modelo sanitario que privatiza beneficios y socializa el sufrimiento”. García ha anunciado que su partido, Más Madrid, prepara acciones legales contra la Comunidad, y ha acusado a Ayuso de haber construido un sistema en el que “el dinero está por encima de las vidas”.
Desde el PSOE madrileño también se estudian medidas jurídicas, además de la solicitud de una comparecencia urgente de la consejera de Sanidad para que explique por qué se ha permitido una práctica que, según denuncian, perjudica de forma intencionada a los pacientes para maximizar ganancias.
Un modelo basado en facturar más
El concepto de EBITDA, mencionado en las reuniones filtradas, se ha viralizado estos días, aunque pueda sonar complejo. Se trata de un indicador usado por las empresas para medir cuánto ganan antes de restar impuestos y otros gastos. Para simplificarlo: cuanto más se reduce la actividad que cuesta dinero y más se incrementa la que lo genera, mejor sale la cuenta.
Esa lógica empresarial, perfectamente válida en sectores como la hostelería o la energía, se vuelve problemática cuando se aplica a hospitales públicos, donde el objetivo debería ser curar, no rentabilizar.
El Gobierno regional se ha defendido afirmando que la gestión de las listas de espera es “transparente” y que los datos se publican de forma periódica. Ayuso, hasta el momento, guarda silencio.
Un debate de fondo que trasciende Torrejón
Más allá del escándalo concreto, el caso ha abierto una discusión sobre cómo se gestiona la sanidad pública y quién se beneficia de externalizar servicios esenciales.
Los partidos progresistas sostienen que el modelo madrileño incentiva que empresas privadas controlen hospitales públicos cuyo funcionamiento se paga con dinero público, pero cuyos beneficios acaban en manos privadas.
El escándalo no solo expone una posible mala praxis; también revela la existencia de un sistema que podría estar premiando el sufrimiento de los pacientes. Un sistema donde cada retraso, cada cita aplazada y cada operación no realizada puede traducirse en más dinero para los gestores.
En un momento en el que las listas de espera son una preocupación central para miles de familias, el caso de Torrejón podría convertirse en el símbolo de una batalla política y social mucho más amplia: ¿quién decide cómo se cuida la salud de los madrileños, y con qué criterios?
De momento, la polémica ha encendido todas las alarmas y amenaza con arrastrar a la presidenta madrileña a una de las crisis más delicadas de su mandato.